El documento, que deberá surtir el trámite de primer, segundo y tercer debate en el pleno antes de su eventual aprobación, revela una alta concentración del gasto de funcionamiento en dos entidades. El Servicio de Protección Institucional (SPI), encargado de la seguridad del mandatario y de instalaciones oficiales, recibiría $73,658,370, equivalentes al 41.7% del total destinado a funcionamiento. La Dirección Ejecutiva del Estado, núcleo administrativo del despacho presidencial, seguiría en la lista con $54,315,863, un 30.8% adicional.
Juntas, ambas dependencias absorberían $127,974,233, el 72.5% de los recursos de funcionamiento de la cartera. Las restantes 27 dependencias, secretarías, direcciones y oficinas que conforman el Ministerio de la Presidencia se repartirían el 27.5% restante, unos $48,525,163, según el desglose incluido en el proyecto. Entre esas dependencias, el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) tendría asignados $11,199,954 y la oficina de Relaciones Públicas contaría con $10,436,188, de los cuales $8,088,681 se destinarían exclusivamente a promoción y publicidad. El Consejo de Defensa y Seguridad Nacional ocuparía el tercer lugar, con $8,307,996.
Cómo se reparten los $70 millones de inversión
En el capítulo de inversiones, cinco rubros concentrarían la totalidad de los $70,000,000 previstos. El de mayor peso sería Mejoras de Instalaciones y Equipamiento, con $29,150,000. De ese monto, $11,000,000 fortalecerían el Programa de Asistencia Social, $10,000,000 financiarían apoyo logístico del Palacio Presidencial y $7,650,000 se destinarían a restauraciones y remodelaciones de edificios oficiales.
Un renglón de $4,400,000 dentro de ese mismo rubro se destinaría a rehabilitar instalaciones en el sector de Quarry Heights, área que en el pasado albergó la residencia de los jefes del Comando Sur de Estados Unidos y donde la Presidencia mantiene en agenda la remodelación de la llamada villa diplomática, un caserón histórico de madera. Esa obra fue adjudicada a la empresa Construction Management Group Inc. (CMG) por un costo de $7.1 millones. El proyecto también contemplaría $1,500,000 para restaurar edificios propios del ministerio, de los cuales $1,000,000 se aplicarían al edificio de Corozal Este, sede del SPI, y $750,000 a inmuebles del Consejo de Seguridad Nacional.
El rubro de Electrificación Rural recibiría $14,011,000. La mayor porción, $6,200,000, provendría de crédito externo y financiaría líneas del sistema de medición eléctrica en varias provincias y comarcas. Otros $6,763,500 se destinarían a mini redes eléctricas inteligentes y al programa Mi Primera Luminaria, orientado a comunidades de las comarcas Guna Yala y Wargandí. Por su parte, Conades ejecutaría $12,350,000 en obra física, financiados en su totalidad con fondos provenientes del Canal de Panamá (ACP), un mecanismo de transferencia habitual en presupuestos anteriores para proyectos de desarrollo sostenible vinculados a comunidades ribereñas de la vía interoceánica.
El Despacho de la Primera Dama, a cargo de Maricel Cohen, esposa del mandatario, contaría con $4,489,000 para el área de Asuntos Comunitarios. De esa suma, $1,704,600 se aplicarían a la rehabilitación de áreas recreativas del Parque Omar, mientras que $2,145,000 financiarían programas de asistencia a grupos vulnerables, entre ellos la Clínica Amor sobre Ruedas y apoyo a la biocomunidad. Otros $480,000 se destinarían a habilitar la antigua Nunciatura Apostólica como casa para adultos mayores, y $159,400 sostendrían el subsidio Sonrisa de la Mujer.
El rubro de Fortalecimiento y Modernización Institucional recibiría $10,000,000, íntegramente destinados al proyecto del ferrocarril Panamá-David-frontera, que gestiona la Secretaría Nacional del Ferrocarril, dirigida por Henry Faarup Mauad. La obra, presentada por el Órgano Ejecutivo como una de las de mayor peso del actual quinquenio, busca conectar la capital con la provincia de Chiriquí y la frontera con Costa Rica; a la fecha no se ha reportado el inicio de obras físicas de la línea férrea.
Un trámite con antecedentes de fricción en la Asamblea
El proceso de discusión se enmarca en el trámite ordinario que cada año sigue el proyecto de Presupuesto General del Estado ante la Asamblea Nacional, donde la Comisión de Presupuesto celebra vistas con cada institución antes de que el pleno vote su aprobación. La partida presidencial no es ajena a la controversia parlamentaria: en años recientes, las vistas presupuestarias del Ministerio de la Presidencia han sido escenario de cruces entre bancadas por la proporción del gasto destinado a seguridad y logística frente a partidas sociales, un debate recurrente en distintas administraciones.
La tensión por los recursos de la Presidencia tiene raíces largas en la vida institucional panameña. Tras la invasión de Estados Unidos de 1989 y el desmantelamiento de las Fuerzas de Defensa, el país abolió el ejército y trasladó las funciones de protección del mandatario a cuerpos civiles como el que hoy encarna el SPI, cuyo crecimiento presupuestario ha sido objeto de escrutinio legislativo en sucesivos gobiernos.
La Contraloría General de la República, encargada de fiscalizar la ejecución del gasto público y de otorgar el refrendo a los contratos estatales, deberá verificar en su momento la ejecución real de estas partidas, incluida la del contrato adjudicado a CMG para la villa diplomática. El proyecto continuará su discusión en comisión en las próximas semanas, con miras a su votación en tercer debate antes de que finalice el año, conforme al procedimiento habitual para que el texto pase a la sanción del Ejecutivo.