Según lo expuesto por los dirigentes del SETRAMSCYDIS, la alcaldía de San Salvador Centro habría dejado de trasladar al sindicato las cuotas descontadas de forma automática a los salarios de los empleados afiliados, una práctica habitual en la relación entre gremiales y empleadores públicos y privados en el país. De confirmarse, la retención afectaría el financiamiento operativo de la organización, que depende de esos fondos para sostener su actividad y la representación de los trabajadores municipales. El sindicato no precisó, según lo informado en la conferencia de prensa, el monto reclamado ni el periodo que abarcaría la presunta falta de traslado.
Los representantes también denunciaron un patrón de persecución hacia vendedores informales que ejercen actividad económica en las inmediaciones del centro histórico capitalino, sector objeto recurrente de operativos de ordenamiento territorial impulsados por sucesivas administraciones municipales en San Salvador. La gremial atribuyó estas acciones a la gestión de Durán.
El derecho de sindicalización de los empleados públicos está reconocido en la Constitución de la República y desarrollado en la legislación que regula la afiliación, la retención de cuotas y las garantías laborales de los servidores del Estado y de las municipalidades. Cualquier alegación de retención indebida podría ser objeto de revisión ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, instancia competente para conocer conflictos de esta naturaleza entre sindicatos y empleadores del sector público.
La retención de cuotas por parte de un empleador incide en el llamado descuento en planilla, mecanismo por el cual la institución retiene la cuota del salario del afiliado y la transfiere periódicamente al sindicato. Cuando ese traslado se interrumpe, la organización pierde su principal fuente de sostenimiento, lo que puede afectar su capacidad de negociación colectiva y de representación de los trabajadores ante la administración.
Las alcaldías salvadoreñas han enfrentado históricamente tensiones con sus sindicatos internos, especialmente en periodos de cambio de gestión o de reorganización administrativa. Casos similares se han documentado en distintos municipios cuando las nuevas administraciones han buscado modificar plantillas laborales o reordenar el espacio público, generando fricciones con las organizaciones gremiales que representan a los empleados de carrera.
El ordenamiento del comercio informal en el centro de San Salvador ha sido, durante las últimas décadas, uno de los asuntos más sensibles de la política municipal capitalina. Administraciones de distintas fuerzas políticas han impulsado operativos de reubicación de vendedores ambulantes, en ocasiones con episodios de tensión y denuncias de uso desproporcionado de la fuerza, lo que ha derivado en litigios y pronunciamientos de organismos de derechos humanos. La recuperación de espacios públicos en el centro histórico ha figurado entre las iniciativas de la actual gestión, con respaldo de sectores del comercio formal y reparos de sectores vinculados al comercio informal por el impacto en sus ingresos.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha sido en el pasado la instancia a la que han acudido tanto vendedores informales como sindicatos municipales para plantear denuncias relacionadas con desalojos o presuntos abusos durante operativos de ordenamiento del espacio público. No consta, hasta el momento, que el SETRAMSCYDIS haya trasladado formalmente su denuncia a esa institución en el marco de este caso específico.
El sindicato tampoco detalló si existen gestiones previas ante la propia alcaldía para resolver el diferendo por la vía administrativa antes de hacerlo público. La normativa laboral contempla que este tipo de controversias pueda abordarse primero mediante el diálogo directo entre las partes y, en su defecto, a través de la mediación del Ministerio de Trabajo.
Los conflictos entre sindicatos municipales y alcaldías han sido, en distintos momentos de la historia reciente salvadoreña, motivo de mediación por parte del Ministerio de Trabajo y, en casos de mayor escala, de atención de la Asamblea Legislativa a través de su comisión de trabajo y previsión social, cuando los diferendos han derivado en paros de labores o afectación de servicios municipales a la ciudadanía.
De confirmarse las denuncias, el caso podría derivar en una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, instancia con facultad para requerir a la alcaldía la justificación del manejo de las cuotas sindicales. La resolución de este tipo de conflictos suele tomar semanas o meses, según la complejidad del caso y la disposición de las partes para alcanzar acuerdos administrativos.
