Según los registros divulgados por la PNC, los días 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de septiembre transcurrieron sin que se contabilizara ningún homicidio en el territorio nacional, una racha que se mantuvo hasta el lunes 7. La institución policial es la encargada de recopilar y difundir diariamente las cifras de homicidios, que sirven de referencia tanto para el Órgano Ejecutivo como para organismos que monitorean la violencia en la región centroamericana.
El acumulado de 214 días sin homicidios en lo que va de 2026 se suma a un registro más amplio: según las estadísticas oficiales citadas por la PNC, desde el 1 de junio de 2019 —fecha que coincide con el inicio de la actual administración— hasta el 7 de septiembre de 2026 se habrían contabilizado 1,315 días sin homicidios. Ese cómputo de más de siete años abarca tanto el período previo a la declaratoria del régimen de excepción como los más de cuatro años de su vigencia continua.
La Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, tras un fin de semana con más de 60 homicidios, y desde entonces el Salón Azul lo ha prorrogado mes a mes mediante decretos legislativos sucesivos. La medida, contemplada en el artículo 29 de la Constitución de la República, permite la suspensión de garantías como la libertad de asociación, el derecho de defensa en las primeras horas de detención y la inviolabilidad de la correspondencia.
El respaldo del Ejecutivo y las dudas sobre el conteo
El Gobierno salvadoreño sostiene que la baja sostenida en la tasa de homicidios es resultado directo de los operativos militares y policiales desplegados bajo el régimen de excepción, así como de estrategias previas de control territorial. Voceros de Casa Presidencial y de la PNC han presentado de manera recurrente estos indicadores como respaldo de la política de seguridad pública.
Organizaciones de sociedad civil y algunos analistas de seguridad han planteado dudas sobre la forma en que se contabilizan los homicidios, y han señalado la necesidad de distinguir entre las cifras oficiales de la PNC y otros registros —como los de medicina legal o las denuncias ciudadanas— para obtener una imagen más completa de la violencia letal en el país.
La prórroga continuada del régimen ha sido objeto de señalamientos por parte de organismos de derechos humanos, entre ellos la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que ha documentado denuncias de detenciones arbitrarias y fallecimientos de personas privadas de libertad durante su vigencia. El propio Órgano Ejecutivo ha reconocido en distintas comparecencias públicas que más de 80,000 personas han sido detenidas desde marzo de 2022 bajo las facultades ampliadas de la medida.
La FGR mantiene abiertos procesos judiciales derivados de las capturas masivas realizadas bajo el régimen de excepción, muchos de los cuales continúan en fase de instrucción en los juzgados especializados designados para conocer de delitos de agrupaciones terroristas, figura penal bajo la cual se procesa a buena parte de los detenidos señalados de pertenecer a pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y las facciones del Barrio 18.
Del país más violento a las jornadas en cero
El Salvador arrastra un historial de violencia homicida que marcó buena parte de las últimas tres décadas. Tras los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin al conflicto armado interno, el país llegó a registrar tasas de homicidios entre las más altas del mundo, con picos superiores a 100 homicidios por cada 100,000 habitantes en años como 2015, según datos históricos de la PNC y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La comparación con esos períodos de mayor violencia ha sido utilizada de forma reiterada por el Órgano Ejecutivo para contrastar el estado actual de la seguridad pública con los registros del pasado reciente. La reducción sostenida de homicidios reportada durante el régimen de excepción ha coincidido, según cifras oficiales, con un incremento en la población privada de libertad, cifra que organizaciones de derechos humanos han señalado como una de las más altas de la región en proporción a la población total.
De cara a los próximos meses, la Asamblea Legislativa deberá continuar votando la prórroga mensual del régimen de excepción, un trámite que se ha repetido sin interrupciones desde 2022 y que previsiblemente se mantendrá mientras el Órgano Ejecutivo sostenga que la medida es determinante para preservar la tendencia a la baja en los homicidios. La evolución de las cifras diarias de la PNC seguirá siendo el termómetro público de esa política de seguridad.
