La solicitud fue expuesta por Enzo Bitteto, ministro consejero de la Misión de Venezuela ante la ONU, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra, Suiza. El diplomático sostuvo que ha llegado el momento de avanzar hacia el cierre del mecanismo y rechazó lo que describió como su «perpetuación indefinida».
«Ese mecanismo, establecido y prorrogado sin el consentimiento ni la cooperación del Estado venezolano», declaró Enzo Bitteto, ministro consejero de la Misión de Venezuela ante la ONU, en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos.
Bitteto cuestionó además la «subjetividad, imparcialidad y no selectividad» con la que, a su juicio, trabaja la misión, y presentó como argumento de fondo la promulgación de una ley de amnistía y la excarcelación de varios presos políticos bajo el mandato de Rodríguez, quien asumió la presidencia interina el pasado 5 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.
Investigación sobre 64 casos de tortura
Frente a ese relato de mejora, la Misión de la ONU ha documentado en un informe reciente que las instituciones de seguridad venezolanas continúan ejerciendo prácticas represivas. El organismo investiga 64 casos de tortura y ha identificado a más de veinte agentes del Estado señalados por «varias violaciones» que, según sus técnicos, siguen ocupando sus cargos. Los investigadores subrayan que, pese al relevo en la jefatura del Estado, no se registraron movimientos significativos en los organismos de seguridad desde la toma de posesión de Rodríguez, lo que sostiene su conclusión de que las estructuras de represión permanecen operativas.
La misión de investigación sobre Venezuela fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019 y ha sido prorrogada en sucesivas resoluciones sin la cooperación del Estado, que no reconoce su mandato ni le permite operar sobre el terreno. Es el mismo formato de mecanismo independiente que Naciones Unidas ha aplicado a otros países bajo escrutinio por presuntas violaciones graves, y su renovación depende de la votación periódica del Consejo en Ginebra.
La detención del exalcalde de Carora
Un caso reciente ilustra el tipo de episodios que la misión investiga. El pasado jueves fue detenido en Barquisimeto Javier Oropeza, exalcalde de la localidad de Carora, apenas 48 horas después de regresar a Venezuela tras años de exilio en España. La detención se produjo cuando el dirigente salía de una entrevista concedida al diario local El Informador, y agentes del Estado lo trasladaron a una comisaría de la Dirección de Inteligencia del Estado. Hasta el momento no consta un reporte oficial que explique los motivos del operativo ni el estatus judicial de Oropeza.
El pulso entre Caracas y Ginebra se inscribe en el debate sobre la vigilancia multilateral de los derechos humanos, un terreno que Naciones Unidas también ha activado en otros conflictos, como cuando la ONU acusó a EEUU de crimen de guerra por el ataque a una escuela de Minab. El futuro de la misión sobre Venezuela dependerá de la votación del Consejo de Derechos Humanos, que decide sobre su continuidad al término de cada prórroga.
