La reconstrucción del caso combina el azar y la impunidad. Pliscett había salido de una audiencia por pandillerismo en Plaza Ágora, se percató de que había dejado el carro mal estacionado y con dos llantas con poco aire, y condujo hasta una gasolinera a unos 800 metros —tres minutos de recorrido— sobre la misma avenida Simón Bolívar. Allí pidió herramientas a un empleado para levantar el vehículo. En ese momento se escucharon las detonaciones y comprobó que el blanco era su automóvil. De haber permanecido al volante, la audiencia del miércoles no habría sido la suya, sino otra estadística en la lista de homicidios del año.
El detalle que la propia investigación subraya es que el ataque erró su blanco humano y solo acertó en la carrocería: 60 impactos de bala para destruir un vehículo equivocado. La Fiscalía atribuye la confusión a que Pliscett habría sido tomado por familiar de un integrante de una banda rival presente en la audiencia de acusación celebrada en el SPA. El resto de la trama —quién ordenó el ataque y contra quién iba dirigido realmente— permanece en fase de investigación.
La proximidad del hecho con la sede judicial no es un dato menor. Un ataque armado de esta magnitud se ejecutó a un paso de las instalaciones donde el Estado procesa causas contra pandillas. Que la violencia entre bandas pueda desplegarse en las inmediaciones del propio aparato de justicia plantea qué garantías de seguridad rodean a testigos, familiares y público que asisten a esas audiencias sin ser parte del conflicto que allí se ventila.
La respuesta policial fue inmediata por una coincidencia: dos agentes de la Policía Nacional vestidos de civil abastecían de combustible su propio vehículo en la misma estación. Iniciaron una persecución que atravesó la vía Transístmica hasta el retorno cercano a la Gran Estación de San Miguelito, siguió por la vía Frangipani y terminó con la intercepción del carro de los sospechosos en la avenida de los Mártires, cerca de los Bingos Nacionales, cuando aparentemente se dirigían hacia El Chorrillo.
Durante la huida, los atacantes lanzaron varias armas de fuego por las ventanas. Las autoridades recuperaron dos pistolas. Por el caso se ordenó la detención de Johan Martínez, de 18 años, a quien se le imputaron cargos de tentativa de homicidio, asociación ilícita para delinquir y posesión ilegal de armas de fuego. También fue detenido un menor de edad, cuya situación procesal seguirá el curso reservado que la ley establece para los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Un ecosistema criminal que el Estado dice tener mapeado
La escala del fenómeno lleva meses documentada. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó en mayo pasado a La Prensa que las autoridades mantenían identificados 121 grupos pandilleriles vinculados o subordinados a ocho grandes estructuras criminales, utilizados —según explicó— para controlar territorios, movilizar y custodiar drogas y ejecutar homicidios. El episodio de Pueblo Nuevo no es entonces un hecho aislado, sino una manifestación reciente de esa red que el propio Estado admite tener identificada, aunque identificar no equivalga a desarticular.
Fernández también había llamado la atención, en mayo, sobre la cantidad de disparos empleados en algunos ataques. Al referirse a un crimen en el que un vehículo recibió más de 70 impactos, sostuvo que semejante número de detonaciones no era normal y que algunos episodios de violencia extrema podían estar asociados a mensajes, retaliaciones y disputas entre estructuras criminales. Los 60 impactos que recibió el Accent de Pliscett se inscriben en ese mismo patrón: una munición que deja de medir eficacia letal para funcionar como lenguaje de intimidación.
La pregunta fiscalizadora es directa: si la Policía Nacional identifica desde hace meses 121 grupos pandilleriles y ocho estructuras matrices, el asunto no es si el Estado sabe dónde está el problema, sino qué hace con ese conocimiento. Un diagnóstico sin tratamiento efectivo es, en el mejor de los casos, un ejercicio de transparencia institucional; en el peor, un registro de lo que se deja crecer.
El fenómeno de las bandas territoriales que se disputan el control de corregimientos y rutas de droga en las áreas metropolitanas no es nuevo en la historia reciente del país. Barrios como El Chorrillo, hacia donde presuntamente huían los atacantes, han figurado durante décadas entre los territorios donde la presencia del Estado convive con estructuras criminales enraizadas, un problema que ha atravesado administraciones sucesivas sin solución sostenida.
El desenlace judicial previsible es que la Fiscalía de Homicidio y Femicidio continúe la instrucción contra Johan Martínez y el menor detenido, que ambos enfrenten el trámite correspondiente ante el Sistema Penal Acusatorio y que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre la estructura criminal implicada y sobre el blanco real del ataque. Mientras tanto, Pliscett deberá lidiar con las consecuencias de haber sobrevivido: un vehículo perforado 60 veces por un error ajeno.
Queda una certeza que ninguna cifra oficial disimula: en el Panamá de 2026, un ciudadano puede sobrevivir a una balacera de 60 disparos gracias a una llanta ponchada. Es el tipo de fortuna que nadie debería necesitar para llegar vivo a su casa.