El esquema, según lo conocido, habría involucrado a servidores públicos de la DGI junto con abogados y gestores privados en una trama que —de confirmarse en sede judicial— comprometería fondos que en última instancia salen de las arcas del Estado y, por extensión, de los contribuyentes. Uno de los interrogantes abiertos es si serán los contribuyentes quienes terminen asumiendo los créditos fiscales otorgados de forma presuntamente fraudulenta.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló públicamente que los bancos y las aseguradoras fueron "engañados" y actuaron de "buena fe", una valoración emitida antes de que el Ministerio Público cerrara sus diligencias. Líderes del sector empresarial fueron más allá al calificar a las entidades financieras como "víctimas" del fraude, una caracterización que, de no sustentarse en la instrucción judicial, adelantaría un desenlace que corresponde establecer a los tribunales.
La Superintendencia de Bancos, por su parte, emitió un comunicado en el que advirtió que la difusión de "noticias falsas" sobre el caso pone en riesgo la economía. La entidad reguladora tiene como mandato legal supervisar la solvencia y el cumplimiento normativo de los bancos, no fijar responsabilidades penales: una distinción relevante para calibrar el alcance de su pronunciamiento en este caso.
El derecho panameño establece que la determinación de responsabilidad penal recae de forma exclusiva en el Órgano Judicial, previo proceso instruido por el Ministerio Público, conforme al Código Procesal Penal. Ninguna declaración de un ministro, gremio o superintendencia sustituye ese trámite, que en delitos de cuello blanco como el fraude fiscal puede prolongarse por años antes de una sentencia firme.
El expediente evoca, por su magnitud y por la intervención de actores públicos y privados, al caso Odebrecht, que desde hace años mantiene procesos abiertos en los tribunales panameños por sobornos vinculados a contratos de obra pública y que aún no ha concluido en su totalidad, pese a los acuerdos de colaboración alcanzados con la Fiscalía.
Contratos reservados en Seguridad
En paralelo, el Ministerio de Seguridad Pública, a cargo del ministro Frank Ábrego, ha declarado de carácter confidencial compras estatales de uniformes y cámaras corporales (body cams), invocando razones de seguridad nacional. La Contraloría General de la República es la entidad llamada a otorgar el refrendo de los contratos estatales, un mecanismo de fiscalización previa que verifica legalidad y disponibilidad presupuestaria antes de la ejecución del gasto.
Cuestionado sobre la opacidad de esas adquisiciones, el ministro Ábrego habría planteado que los medios que revelan detalles de las compras estarían favoreciendo al narcotráfico al exponer información sensible. El señalamiento reabre la tensión entre la reserva por seguridad nacional y el escrutinio público del gasto, en un país donde el artículo 37 de la Constitución consagra la libertad de expresión y prohíbe la censura previa.
La Asamblea Nacional dispone de las vistas presupuestarias y de sus comisiones de fiscalización para requerir explicaciones a los ministros sobre el uso de fondos públicos, incluidos los declarados confidenciales por motivos de seguridad. Corresponde a esa vía institucional exigir los montos y los criterios empleados para clasificar como reservadas esas compras del Ministerio de Seguridad.
El tercer frente de controversia se centra en el proyecto minero de Donoso, en la provincia de Colón, donde el Ejecutivo ha promovido la reapertura de operaciones extractivas. En una conferencia conjunta, tres ministros habrían presentado la reactivación como generadora de empleo, ingresos fiscales y hasta menores tasas de interés en préstamos e hipotecas, sin que tales proyecciones consten sustentadas con estudios técnicos publicados hasta la fecha.
La anterior concesionaria de ese yacimiento operó bajo un contrato-ley que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional en noviembre de 2023, tras semanas de protestas masivas en todo el país. Entre los señalamientos que motivaron el rechazo social figuraron regalías consideradas insuficientes, el incumplimiento de obligaciones tributarias, la instalación de una contaminante planta de generación a carbón y la ocupación de tierras fuera del área de concesión.
El actual debate sobre Donoso ha puesto el foco gubernamental en la minería ilegal de oro que se practica en el lecho de varios ríos, un fenómeno documentado por las autoridades, pero que sectores de la sociedad civil advierten no debería emplearse para desplazar el escrutinio sobre los términos de un eventual nuevo contrato con la operadora del yacimiento de cobre.
Lo que sigue, en los tres frentes, dependerá de plazos institucionales concretos: el Ministerio Público deberá determinar si formula imputaciones en el caso de la DGI; la Asamblea Nacional puede citar al ministro Ábrego en comisión para detallar el gasto en seguridad; y cualquier nuevo contrato para Donoso requeriría pasar por la Asamblea y, eventualmente, el escrutinio de la Corte Suprema, como ocurrió con el contrato-ley anulado en 2023.