Una inmobiliaria con proyectos en curso en la localidad calcula que, de aplicarse el mismo criterio de incremento a sus parcelas, podría sumar más de 70 viviendas adicionales a las ya previstas, todas bajo algún régimen de protección. El consistorio, en cambio, ha optado por limitar ese beneficio a su propio patrimonio de suelo.
La Comunidad de Madrid aprobó en los últimos años modificaciones normativas que permiten incrementar la edificabilidad de determinadas parcelas si ese excedente se destina a vivienda protegida o asequible. El objetivo de la reforma autonómica era aumentar la oferta de vivienda pública sin nuevo suelo urbanizable, aprovechando el margen que dejan los planes generales vigentes en cada municipio.
El Reglamento de Planeamiento Urbanístico y la legislación del suelo atribuyen a los ayuntamientos un amplio margen para fijar parámetros urbanísticos, siempre que respeten los límites de la ley autonómica y el principio de igualdad entre promotores en condiciones comparables. Que un municipio reserve el beneficio de un incremento normativo a su propio patrimonio entra dentro de esa discrecionalidad, aunque puede restar oferta total de vivienda protegida si el suelo público disponible es limitado.
Rivas Vaciamadrid es uno de los municipios de la Comunidad de Madrid con mayor porcentaje histórico de vivienda protegida y cooperativista, una seña de identidad urbanística desde su desarrollo como núcleo de nueva creación en los años ochenta. Esa trayectoria contextualiza la cautela del Ayuntamiento a la hora de ceder a la iniciativa privada parte del incremento de edificabilidad que la Comunidad ha habilitado para otros municipios.
El trasfondo es la tensión en el acceso a la vivienda que atraviesa el área metropolitana de Madrid, con el precio del alquiler y la compra en máximos en buena parte de las grandes ciudades. La escasez de vivienda protegida figura entre los factores que organismos como el Banco de España han señalado como determinantes en la escalada del mercado libre, al no existir un parque público capaz de contener la presión de la demanda.
El reparto de cargas urbanísticas entre administración y promotores reproduce una controversia extendida en la región y en el resto del país: los ayuntamientos defienden reservar el suelo público para fines sociales, mientras los promotores reclaman condiciones homogéneas que permitan movilizar más suelo urbanizado hacia la vivienda protegida en un contexto de escasez de parcelas.
La discusión se suma a otros frentes recientes sobre el derecho a la vivienda en Madrid, como la protesta de la Puerta del Sol, donde el Sindicato de Inquilinas ha reducido su presencia tras varias semanas de movilización por el acceso a una vivienda digna en la capital y su área metropolitana.
De confirmarse el cálculo avanzado por la inmobiliaria afectada, el efecto práctico de la decisión sería una oferta de vivienda protegida inferior a la que permitiría la normativa autonómica si se extendiera al suelo privado, en un municipio que ya concentra un porcentaje de vivienda pública superior a la media regional.
