El fuero constitucional protege a legisladores, integrantes del gabinete y otros servidores públicos de ser procesados penalmente sin que medie antes un procedimiento de desafuero ante el propio Congreso. El desafuero exige que la Cámara de Diputados apruebe retirar esa protección antes de que cualquier autoridad pueda abrir causa penal contra un legislador.
Ese procedimiento ha sido señalado como un obstáculo para perseguir a adversarios políticos, pero también como salvaguarda frente a acusaciones fabricadas por el poder en turno. Quienes cuestionan su eliminación total sostienen que el gobierno actual puede garantizar que no habrá persecuciones contra la oposición, pero advierten que ningún blindaje asegura que un gobierno futuro, de cualquier signo, no aproveche la ausencia de fuero para perseguir a sus rivales una vez desmontado el mecanismo.
La iniciativa de Ramírez Cuéllar contrasta con esquemas de otros países. En Estados Unidos el fuero prácticamente no existe por la propia estructura republicana del sistema, salvo mecanismos internos de cada cámara del Congreso. En buena parte de Europa, en cambio, el fuero garantiza inmunidad a los legisladores y su remoción exige la aprobación expresa de los respectivos parlamentos, un esquema más cercano al mexicano que al estadounidense.
El precedente de la reforma judicial de 2024
El debate se produce dos años después de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador impulsara, en septiembre de 2024, la reforma constitucional al Poder Judicial. Aquella reforma se aprobó tras una negociación en la que los entonces senadores panistas Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez, padre e hijo, otorgaron al gobierno los 86 votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada en el Senado, en una operación que tomó por sorpresa a una oposición confiada en su capacidad de bloqueo en la cámara alta.
Ese episodio ilustra la capacidad del oficialismo para articular mayorías legislativas en momentos decisivos, un antecedente inmediato para medir el margen con que Morena y sus aliados podrían empujar la eliminación del fuero durante el periodo ordinario en curso.
La iniciativa se inscribe en un momento de intensa actividad legislativa en San Lázaro, donde una comisión avaló el veto a la doble nacionalidad para candidaturas presidenciales, leído por distintas bancadas como parte de una misma agenda de reformas constitucionales impulsadas desde el oficialismo en este arranque de sexenio.
La propuesta de Ramírez Cuéllar se encuentra en fase de discusión en las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, sin que se haya fijado todavía fecha para su votación en el pleno durante el periodo ordinario que transcurre en San Lázaro.