El dispositivo está reservado a quienes agotaron todas las vías de recurso en alguno de los cinco países y no pueden ser devueltos a su nación de origen. Las autoridades nacionales se encargarán de trasladarlos a Ruanda, según detallaron los gobiernos participantes tras una reunión de ministros en la capital austriaca. El proyecto fue ideado en colaboración con la Comisión Europea desde hace año y medio para incrementar las expulsiones del territorio europeo.
"Si el retorno a su país de origen no es posible, en el futuro las personas sin derecho de residencia serán enviadas a un tercer país, como Ruanda", declaró el canciller austriaco, Christian Stocker, tras la reunión de ministros en Viena.
Stocker añadió que considera el acuerdo "un cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria". En el mismo tono se pronunció la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quien calificó la iniciativa de "hito" y explicó, en conferencia de prensa, el mensaje que busca enviar a quienes consideran cruzar de forma irregular hacia territorio europeo.
"Ya no se puede entrar ilegalmente a la Unión Europea y pensar que uno puede simplemente instalarse", afirmó la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.
Ruanda habla de "segunda oportunidad"
El ministro del Interior de Ruanda, Vincent Biruta, participó también en la presentación en Viena y defendió el papel de su país, aunque los cinco gobiernos europeos se negaron a precisar qué recibiría Ruanda a cambio de aceptar el esquema. Biruta sostuvo que su país "ofrecerá una segunda oportunidad a las personas que ya no tienen derecho a permanecer" en los territorios europeos.
El proyecto se lanzaría a escala reducida: los primeros traslados involucrarían probablemente a varones adultos interceptados en la frontera, y los establecimientos no funcionarían como centros de detención cerrados, sino como lo que Ruanda prefiere llamar "centros de acogida", con formación profesional y la posible participación de la Organización Internacional para las Migraciones. El portavoz de la Comisión Europea, Markus Lammert, celebró los planes y señaló que la UE había estado "siguiendo de cerca los trabajos preparatorios" de los cinco Estados miembros.
El anuncio generó críticas inmediatas. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, cuestionó el plan ante la cadena Telecinco, mientras que el presidente francés, el centroderechista Emmanuel Macron, ya había advertido que este tipo de instalaciones no son "ni eficaces" ni coherentes con los valores de la Unión Europea.
"A eso ya no le veo ni futuro ni humanidad. No es la solución", declaró el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
La agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, pidió que cualquier acuerdo de este tipo cumpla con el derecho internacional en materia de derechos humanos y ofreció asesoría para garantizar ese respeto. La organización Human Rights Watch insistió en el historial documentado de represión y detenciones arbitrarias en Ruanda, mientras cerca de un centenar de manifestantes se congregaron el lunes en Viena con pancartas contra el acuerdo entre la Unión Europea y el país africano. El pulso llega mientras persiste la presión migratoria en la región, con caravanas que avanzan por Centroamérica rumbo a destinos como el sur de México.
Si el proyecto piloto arranca según lo previsto para 2027, los cinco países no descartan extender el modelo a otras naciones como Uganda y Uzbekistán, de acuerdo con lo expuesto durante la presentación en Viena.