La reforma de Baja California, que ya opera como fiscalía especializada en esa entidad, se concibió con enfoque de género y respeto a las identidades culturales de los pueblos originarios. Sánchez Sánchez, de raíces oaxaqueñas, señaló que la medida buscó garantizar el acceso efectivo a la justicia para comunidades indígenas que históricamente enfrentan barreras lingüísticas y culturales ante el sistema penal.
En el evento, realizado en Baja California, participaron líderes comunitarios y autoridades locales y federales. La senadora con licencia Julieta Ramírez, coordinadora estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en esa entidad, respaldó la propuesta, que según el planteamiento de los impulsores será llevada a la Cámara alta para su eventual discusión como reforma de alcance federal.
"El pueblo demanda altura de miras. Demanda que hagamos política con dignidad, que dejemos de lado la politiquería y las confrontaciones innecesarias", declaró Evelyn Sánchez Sánchez, diputada local impulsora de la reforma en Baja California.
Sánchez Sánchez destacó que, además de la fiscalía indígena, presentó 18 iniciativas y 20 puntos de acuerdo centrados en justicia social, servicios públicos y atención a poblaciones vulnerables durante el periodo que cubre su informe. Entre esas propuestas sobresale la creación de un Centro Estatal para la Atención Integral de Personas con la Condición del Espectro Autista.
Respecto a los puntos de acuerdo, la legisladora mencionó gestiones dirigidas a exentar el cobro de agua potable en Tijuana y Playas de Rosarito durante los días sin suministro, así como el reforzamiento del mantenimiento preventivo de alcantarillas y drenajes pluviales en esos municipios.
Extender la fiscalía especializada a nivel nacional implicaría que cada entidad cuente con una unidad similar dentro de sus fiscalías estatales, con competencia específica para atender denuncias y procesos que involucren a integrantes de pueblos y comunidades indígenas. El reconocimiento de México como nación pluricultural quedó plasmado en el artículo 2 constitucional desde la reforma de agosto de 2001, que obliga al Estado a garantizar a los indígenas el acceso pleno a la jurisdicción con intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura.
De prosperar en San Lázaro o en el Senado, la propuesta tendría que sortear el proceso legislativo ordinario: dictamen en comisiones y votación en ambas cámaras antes de su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación. El respaldo de Julieta Ramírez, con peso dentro de la estructura morenista en Baja California, apunta a que la iniciativa buscará sumar apoyos en la bancada mayoritaria durante el periodo ordinario en curso.
Por ahora, la propuesta se mantiene en fase de impulso político y difusión, sin que conste un dictamen ni una fecha de votación en la Cámara alta.