La Ley Especial para la Reestructuración Municipal fue aprobada por la Asamblea Legislativa a finales de 2023, en el marco de un paquete de reformas territoriales impulsado por la fracción legislativa oficialista, que entonces contaba con mayoría calificada en el Salón Azul. La norma consolidó los antiguos 262 municipios del país en 44, agrupados en distritos municipales que, según el texto legal, mantendrían representación y servicios equivalentes a los que antes prestaban las alcaldías independientes.
El argumento central del Órgano Ejecutivo para respaldar la reforma fue la reducción del gasto administrativo municipal, señalado durante años como una de las causas de la debilidad fiscal de buena parte de las comunas salvadoreñas, muchas de las cuales dependían casi por completo de las transferencias estatales para cubrir su funcionamiento. El Gobierno sostuvo que la reducción de estructuras permitiría redirigir recursos hacia obra pública y proyectos de desarrollo local, argumento que en su momento fue respaldado también por sectores empresariales que veían en la dispersión municipal un obstáculo para la planificación territorial.
Más de dos años después de la entrada en vigor de la ley, organizaciones sociales consultadas señalaron que la reducción del número de estructuras administrativas habría generado una menor cercanía entre las autoridades locales y las comunidades que antes contaban con una alcaldía propia. El señalamiento apunta específicamente a la capacidad de respuesta de las nuevas administraciones ante trámites, obras y demandas ciudadanas que antes se resolvían directamente en cada cabecera municipal.
Al concentrarse la gestión en 44 alcaldías en lugar de 262, los distritos municipales que antes eran municipios independientes habrían quedado, según estas voces, con menor autonomía operativa y mayor dependencia de decisiones tomadas en la sede central de cada nuevo municipio. La ley estableció que cada distrito contaría con una oficina de gestión encargada de canalizar las solicitudes de la ciudadanía hacia la administración central, pero las organizaciones sostienen que esa figura no habría logrado sustituir en la práctica la atención directa que antes ofrecían los concejos municipales de cada localidad, con alcaldes y personal administrativo propios.
Las mismas organizaciones plantean que el proceso de transición, que implicó la fusión de personal, activos y pasivos de cientos de alcaldías, habría generado cuellos de botella en la resolución de trámites de rutina, como el registro del estado familiar, la extensión de solvencias municipales o la gestión de permisos para pequeños negocios, gestiones que antes se resolvían en oficinas cercanas al domicilio de cada persona usuaria.
Un mapa municipal heredado del siglo XIX
La reestructuración de 2023 no fue la primera reforma de calado al mapa administrativo salvadoreño, pero sí la de mayor alcance en la historia republicana reciente. El país había mantenido durante décadas una división en 262 municipios, resultado de sucesivos procesos de fragmentación territorial que se remontan al siglo XIX, cuando la organización político-administrativa se estructuró en torno a departamentos y municipios con autoridades electas. Esa atomización fue considerada durante años poco funcional para la gestión de servicios básicos como agua, desechos sólidos y alumbrado público, y sirvió de fundamento al Ejecutivo para justificar la fusión.
La Corte de Cuentas de la República, como entidad fiscalizadora del uso de fondos públicos municipales, no ha difundido hasta la fecha un informe específico sobre el impacto de la reestructuración en la calidad de los servicios prestados por las nuevas alcaldías. El organismo conserva la facultad de auditar en cualquier momento el uso de los fondos municipales por parte de los 44 municipios vigentes, así como su desempeño financiero y operativo, una vía que hasta ahora no se ha traducido en un pronunciamiento público sobre los señalamientos difundidos esta semana.
El Órgano Ejecutivo no se ha pronunciado públicamente en fechas recientes sobre los planteamientos de estas organizaciones. La discusión se produce, además, en un contexto en el que la Asamblea Legislativa, bajo la configuración de bancadas resultante de las elecciones legislativas más recientes, no ha anunciado revisiones formales a la ley. Cualquier modificación al esquema de 44 municipios y 262 distritos requeriría una nueva reforma aprobada en el Salón Azul, dado que la actual división territorial tiene rango de ley.
De cara a los próximos meses, el punto que las organizaciones plantean vigilar es si las 44 alcaldías ajustarán su modelo de atención distrital para acercar de nuevo los servicios a la ciudadanía, o si el esquema centralizado se mantendrá sin cambios sustanciales. Mientras no exista una reforma legislativa ni un pronunciamiento del ente fiscalizador, el marco vigente continuará aplicándose en su integridad sobre los 262 distritos que hoy conforman el territorio salvadoreño.
