Los United World Colleges forman una red educativa fundada en 1962 en Gales, en plena Guerra Fría, con el objetivo declarado de fomentar la cooperación internacional reuniendo en un mismo campus residencial a estudiantes de distintos países y condiciones económicas. El modelo se sostiene en buena parte gracias a becas parciales o totales financiadas por comités nacionales, fundaciones y donantes privados, un esquema que permite el acceso de alumnos sin capacidad para costear la matrícula.
El campus costarricense, uno de los más recientes de la red, abrió en 2006 en la península de Nicoya y se ha consolidado como destino para becarios de España, América Latina y el este de Europa. El reportaje que sitúa a Racu en esa escuela describe una promoción con perfiles hoy activos en banca de inversión, organismos diplomáticos, organizaciones de derechos humanos y la industria musical, en línea con la vocación multidisciplinar que la institución atribuye a su proyecto educativo.
Racu se ha convertido en los últimos años en una de las voces más visibles de las reivindicaciones sobre el acceso a la vivienda en Madrid, en paralelo al debate sobre los precios del alquiler en la capital y otras grandes ciudades. Su trayectoria combina el activismo social con una formación internacional de carácter selectivo.
El sindicato que representa Racu reclama mayor intervención pública en el mercado del alquiler, una posición enfrentada a la que defiende el sector inmobiliario y formaciones como el PP. El diputado Nadal (PP) ha sostenido que «es básico dar confianza a los propietarios para que pongan su vivienda en alquiler», en una intervención sobre el acceso a la vivienda.
La combinación de una formación en instituciones selectivas con una posterior dedicación a causas sociales o sindicales no es inédita en la política española. Desde la Transición, figuras de distintos signos ideológicos han seguido ese recorrido, sin que la procedencia educativa determine por sí sola el alcance de sus posiciones públicas.
El debate sobre la vivienda enmarca la aparición del dato biográfico de Racu. La Ley de Vivienda, aprobada en 2023, introdujo mecanismos como la declaración de zonas de mercado tensionado y límites a la actualización de rentas, cuya aplicación efectiva depende de las comunidades autónomas. Las organizaciones de inquilinos sostienen que esos instrumentos resultan insuficientes mientras persisten las subidas de precios en los principales núcleos urbanos.
