El contrato fue licitado, adjudicado y refrendado por la Contraloría General en 2018, con el propósito de intervenir distintas instalaciones del CRU de Colón. Entre los trabajos contemplados figuran la remodelación de la biblioteca, adecuaciones a las facultades de Educación y Administración Pública, intervenciones en edificios administrativos y la demolición de una piscina. La obra comenzó a ejecutarse y se realizaron pagos correspondientes a facturas emitidas por la empresa contratista.
En 2022, bajo la administración de Laurentino Cortizo, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Obras Públicas y la Universidad de Panamá suscribieron un convenio interinstitucional para trasladar la ejecución del proyecto a la institución universitaria. El documento fue firmado el 27 de mayo de 2022 y recibió el refrendo de la Contraloría General el 31 de mayo de ese año. El refrendo es el trámite mediante el cual el contralor avala la legalidad de los contratos estatales antes de su ejecución o modificación.
El convenio establecía, no obstante, que tras el refrendo debía formalizarse una adenda de subrogación mediante la cual la Universidad de Panamá asumiría de manera formal la posición contractual frente a la empresa. Ese trámite nunca llegó a concretarse, lo que dejó sin definir la titularidad de las obligaciones y derechos derivados del contrato N.° 89-18.
La diputada de Colón Yamireliz Chong situó en ese vacío el origen del estancamiento. Según la legisladora, la falta de subrogación formal se convirtió en el centro de una disputa institucional entre el Ministerio de la Presidencia y la Universidad de Panamá, con la obra sin culminar mientras cada parte reclamaba una definición sobre la titularidad contractual.
El desenlace administrativo se activó en la actual administración. En una reunión celebrada el 26 de enero de 2026, el Ministerio de la Presidencia, a cargo de Juan Carlos Orillac, comunicó a la Contraloría General su decisión de proceder con el cierre administrativo y financiero del contrato mediante su liquidación.
Días más tarde, el 6 de febrero, Orillac remitió una nota al rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, en la que atribuyó la decisión a "la dilación y eventos adversos que no han permitido continuar con la adenda que se pretendía perfeccionar". La misiva añade que, en atención a los mejores intereses de la casa de estudios, se procederá a "fenecer el contrato", es decir, a darlo por terminado por la vía administrativa.
El rector Flores aclaró que el proyecto de reconstrucción del centro regional no estuvo bajo responsabilidad directa de la universidad. Señaló que la empresa ha ejecutado menos del 70% de la obra pese a los años transcurridos y que inspecciones realizadas en años anteriores habrían advertido sobre posibles pagos a la firma que no estarían plenamente respaldados por el avance real de la construcción.
El director regional de la Universidad de Panamá en Colón, Víctor Alexis, dijo que más de 8,000 estudiantes universitarios, entre los matriculados en el CRU y sus anexos, resultan afectados por la falta de una sede adecuada. Según explicó, alrededor del 15% del estudiantado recibe clases presenciales, principalmente en carreras específicas, mientras el resto continúa bajo modalidad virtual.
Alexis también reportó que la Facultad de Economía fue vandalizada recientemente y que varias de las obras ya ejecutadas por la empresa se han deteriorado con el paso del tiempo. La situación afecta a uno de los principales centros de educación superior fuera de la capital.
La Contraloría General de la República, al frente de la fiscalización de los fondos públicos comprometidos en el contrato, inició la auditoría del proyecto. El ente contralor deberá determinar el grado real de avance de la obra, la correspondencia entre los pagos realizados y los trabajos efectivamente ejecutados, y las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse del atraso.
El caso reedita una constante en la contratación pública panameña: obras estatales que se extienden años más allá de los plazos pactados, con refrendos y convenios superpuestos sin una autoridad única responsable del seguimiento. Un antecedente notorio es el hospital modular de Colón, cuya construcción durante la pandemia de 2020 derivó en cuestionamientos de la Contraloría sobre pagos y avance de obra, un patrón que la propia entidad ha señalado en distintas fiscalizaciones a proyectos de infraestructura en la provincia.
De cara a los próximos meses, el cierre administrativo y financiero del contrato deberá completarse con la liquidación formal ante el Ministerio de la Presidencia y la Contraloría General, mientras la auditoría en curso definirá si corresponden ajustes en los pagos realizados a la empresa o eventuales remisiones al Ministerio Público en caso de detectarse irregularidades. La Universidad de Panamá deberá acordar con el Órgano Ejecutivo la ruta para retomar y culminar las obras pendientes, en momentos en que miles de estudiantes colonenses siguen sin una sede plenamente funcional.