"Esta iniciativa no busca perseguir a nadie. Lo que busca es conocer la verdad. El que nada debe, nada teme", aseguró Hernández al sustentar la propuesta. La diputada sostuvo que en las últimas semanas han seguido surgiendo investigaciones sobre presuntos actos de corrupción que involucran a exfuncionarios, lo que a su juicio justifica reforzar la transparencia y la rendición de cuentas. "Si alguien se apropió de los recursos públicos, que responda ante la justicia y devuelva lo que pertenece al pueblo", añadió.
Panamá permaneció bajo estado de emergencia nacional y alerta sanitaria por la covid-19 desde marzo de 2020 hasta julio de 2024, un periodo de más de cuatro años en el que el país fue gobernado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Ese lapso comprendió tanto la fase más aguda de la pandemia como la etapa de recuperación posterior, con decretos de excepción que habilitaron compras y contrataciones bajo procedimientos simplificados.
Qué obliga a hacer a la Contraloría
El articulado plantea que, una vez concluido un estado de emergencia declarado, la Contraloría deberá practicar auditorías técnicas, financieras, administrativas y operativas sobre el uso de los recursos ejecutados durante ese lapso. El texto fija un plazo no mayor de dos meses para que esas auditorías se inicien tras levantarse la declaratoria. En paralelo, las entidades y los funcionarios responsables tendrán la obligación de presentar un informe sobre la administración de esos recursos, con un plazo máximo de 60 días para su entrega.
La iniciativa dispone además que, cuando las auditorías arrojen hallazgos que puedan derivar en responsabilidades penales, administrativas, patrimoniales o civiles, el ente fiscalizador deberá remitir las actuaciones a las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio Público, para determinar las responsabilidades correspondientes y recuperar el patrimonio público.
Un aspecto central del proyecto es su alcance temporal: contempla expresamente que la ley regirá para los recursos utilizados durante los estados de emergencia declarados a partir de marzo de 2020, es decir, desde el inicio de la pandemia en el país. Esa disposición busca que la eventual norma no quede limitada a futuras declaratorias y pueda alcanzar el periodo ya transcurrido, un extremo que suele generar debate sobre su viabilidad jurídica y operativa.
Los contratos que están detrás
El trasfondo de la propuesta remite a un conjunto de denuncias ciudadanas que derivaron en investigaciones del Ministerio Público por presuntas irregularidades en la compra de gel antibacterial, mascarillas y ventiladores, cuyos costos habrían sido inflados en distintas entidades del Estado durante los primeros meses de la crisis sanitaria. También fueron objeto de cuestionamientos la adjudicación del contrato y los costos de construcción del Hospital Modular de Albrook, instalación habilitada de manera acelerada para atender a pacientes con covid-19.
La fiscalización del gasto extraordinario no es asunto nuevo en la vida institucional panameña. El refrendo del contralor —el aval que la Contraloría debe otorgar a los contratos estatales para su validez— constituye desde hace décadas el principal filtro de control previo del erario, mientras que las auditorías posteriores han sido el instrumento habitual para depurar responsabilidades una vez ejecutado el gasto. Los contratos de emergencia, al tramitarse por procedimientos abreviados, han figurado de forma recurrente entre los expedientes revisados por el Ministerio Público en administraciones anteriores.
Para convertirse en ley, la iniciativa deberá superar los tres debates reglamentarios en la Asamblea Nacional y, de ser aprobada en tercer debate, pasar a la sanción del Órgano Ejecutivo. El hecho de que el proyecto haya quedado engavetado en el periodo legislativo anterior anticipa que su trámite podría no ser expedito. En ese trayecto es previsible que se sumen observaciones de otras bancadas y, eventualmente, de la propia Contraloría sobre la factibilidad de auditar retroactivamente un periodo de más de cuatro años.
Al cierre de esta edición, ni el Órgano Ejecutivo ni la Contraloría General se habían pronunciado públicamente sobre el contenido específico del proyecto tras su presentación ante el pleno. Su discusión en comisión marcará el siguiente hito del proceso legislativo, instancia en la que se espera que las distintas bancadas fijen posición sobre el alcance de las auditorías propuestas y los plazos previstos para su ejecución.