Hay algo entrañable en la puntualidad con que el Estado redescubre el cambio climático cada vez que se acerca la temporada de lluvias. El anuncio del MAG llega con la solemnidad de una primicia y la familiaridad de un déjà vu: otro programa, otro calendario, otra promesa de blindar la cosecha frente a lo que dejó de ser una anomalía para convertirse en la nueva normalidad. La necesidad del programa no está en discusión; sí lo está la distancia habitual entre el anuncio y el resultado.
El país importa parte del maíz y del frijol que consume, y cualquier alteración en los patrones de lluvia —sequías prolongadas por El Niño, precipitaciones torrenciales por La Niña— repercute en el precio que paga la familia salvadoreña en el mercado. La pregunta pertinente no es si el problema existe, sino si la respuesta institucional está a la altura de un fenómeno que, según los propios ciclos climáticos que el Ministerio invoca, se repite con regularidad previsible.
Un catálogo de programas con nombres distintos y objetivos idénticos
El Programa de Aumento a la Producción se presenta como pieza de planificación. Suena razonable, como sonaron razonables los programas agrícolas que lo precedieron, con denominaciones distintas y objetivos casi idénticos, a lo largo de décadas de política agropecuaria. La vulnerabilidad climática del agro salvadoreño no es novedad de esta administración ni de la anterior: el corredor seco, franja que atraviesa buena parte del territorio, ha sido escenario recurrente de crisis alimentarias. Las sequías severas de 2001 y de 2015 dejaron pérdidas documentadas en la producción de granos básicos y forzaron declaraciones de emergencia agropecuaria. El patrón se repite —alarma, programa, calendario, temporada irregular, pérdidas, nueva alarma— con la puntualidad de un libreto conocido.
La ironía, fina pero persistente, es que el propio anuncio reconoce de forma implícita el fracaso de lo anterior: si el abastecimiento estuviera garantizado, no haría falta un programa para garantizarlo. Cada nueva estrategia es, en cierto modo, una confesión de que la anterior no bastó. Ello no descalifica a la cartera actual —cualquier ministerio hereda estructuras insuficientes—, pero obliga a preguntar qué hace distinto este calendario de siembra frente a los que ya se ensayaron.
El marco institucional existe. El MAG tiene competencia para diseñar la política agropecuaria y coordinar con otras entidades del Órgano Ejecutivo la respuesta ante emergencias climáticas que afecten la seguridad alimentaria. Lo que no siempre se comunica con la misma solemnidad que el anuncio inicial es la evaluación posterior: cuánto se sembró conforme al calendario ajustado, cuánto se perdió por lluvias fuera de fecha y cuánto costó al Presupuesto General de la Nación sostener la diferencia.
Aquí debería tener algo que decir el fiscalizador. La Corte de Cuentas de la República existe precisamente para auditar si los fondos destinados a estos programas se ejecutan conforme a lo planificado y con los resultados prometidos. Sería sana costumbre exigir, un año después del anuncio, el informe de ejecución: cuántas manzanas se sembraron según el nuevo calendario, cuánto rindieron y si el abastecimiento mejoró de verdad frente a la temporada anterior.
El fenómeno de El Niño, cuando se manifiesta con intensidad, no es un adorno retórico de comunicado: es un patrón climático documentado que altera la distribución de lluvias en Centroamérica y que puede traducirse en sequías prolongadas en el corredor seco. La región comparte esa vulnerabilidad, y los organismos de cooperación agrícola llevan años señalando la necesidad de sistemas de alerta temprana más robustos que un simple ajuste de fechas de siembra.
Conviene preguntarse qué papel juegan los pequeños productores en este calendario. La agricultura de subsistencia —familias que siembran maíz y frijol en parcelas reducidas, muchas veces sin acceso a riego— es la más expuesta a cualquier desajuste climático y la que menos capacidad tiene de amortiguar pérdidas con crédito o seguro agrícola. Un programa que no llegue con insumos, financiamiento accesible y asistencia técnica real a ese sector corre el riesgo de quedarse en el nivel del comunicado, por bien redactado que esté.
El material difundido no incluye cifras de inversión asociadas al programa ni metas de producción cuantificadas, lo que dificulta cualquier ejercicio serio de escrutinio. Sin metas verificables no hay manera de exigir cuentas dentro de un año; sin plazos de evaluación no hay forma de saber si el calendario ajustado funcionó o si simplemente coincidió, por azar meteorológico, con una temporada de lluvias benévola. El derecho de réplica queda abierto: será el propio MAG quien deba aportar, en su momento, esas metas y los resultados que las respalden.
El remate de esta historia, como el de tantas políticas agropecuarias, se escribirá en la próxima cosecha. Si las lluvias cooperan, el programa se citará como éxito de la planificación estatal; si no cooperan, se hablará de un fenómeno climático extraordinario e imprevisible. Pocas políticas públicas gozan de una coartada meteorológica tan generosa: gane o pierda, siempre queda clima de sobra para repartir la responsabilidad. El calendario agrícola ya está sobre la mesa; el examen, como siempre, lo pondrá el cielo.
