La intervención se concentró en el abastecimiento hídrico comunitario, uno de los déficits estructurales del área rural salvadoreña durante los meses de menor precipitación. PRO-VIDA acumula una trayectoria de varias décadas en agua, saneamiento y gestión comunitaria de riesgos, particularmente en municipios del oriente y del norte del país, zonas históricamente golpeadas por los periodos prolongados de sequía asociados a la canícula, el receso de lluvias que suele registrarse entre julio y agosto en el calendario agrícola centroamericano.
La escasez de agua es un fenómeno recurrente en el corredor seco centroamericano, franja que atraviesa Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua y que concentra buena parte de la inseguridad alimentaria de la región, según sucesivos diagnósticos de organismos multilaterales. En El Salvador, la vulnerabilidad hídrica se agrava por la degradación de cuencas, la contaminación de fuentes superficiales y la limitada cobertura de infraestructura de agua potable en zonas rurales dispersas, donde la red de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) no siempre llega con cobertura plena.
El financiamiento procede del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de Naciones Unidas, conocido por sus siglas en inglés como CERF, un mecanismo humanitario administrado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) que permite desembolsos rápidos ante crisis súbitas o de deterioro progresivo, como sequías prolongadas, en países que no siempre figuran en la agenda mediática internacional. El acompañamiento técnico de UNICEF El Salvador es consistente con su mandato en el país, centrado en la protección de la niñez y el acceso a servicios básicos, servicios cuya carencia afecta de forma desproporcionada a hogares con niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza rural.
Enfoque de gestión comunitaria del recurso
Según la información disponible, las acciones de PRO-VIDA incluyeron componentes de fortalecimiento comunitario orientados a que las propias poblaciones beneficiarias desarrollen capacidades de gestión y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento, un enfoque que la cooperación internacional ha promovido en El Salvador desde hace más de dos décadas como alternativa a la dependencia de intervenciones externas puntuales. El modelo apunta a que las juntas de agua locales asuman la operación y el mantenimiento una vez concluida la asistencia técnica.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha advertido en años recientes sobre la creciente presión hídrica en el país, atribuida tanto a la variabilidad climática como al crecimiento de la demanda urbana y agrícola, un diagnóstico que coincide con el foco de las organizaciones humanitarias en la gestión comunitaria del recurso en las zonas peor abastecidas.
El régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, prorrogado de manera sucesiva por la Asamblea Legislativa, no incide de manera directa en la ejecución de programas humanitarios de este tipo. Organizaciones de cooperación han señalado en el pasado, no obstante, la necesidad de coordinar con autoridades locales y con la Policía Nacional Civil el acceso a determinadas comunidades rurales para labores de asistencia técnica.
Hasta el momento no se han reportado pronunciamientos de Casa Presidencial ni del MARN sobre esta intervención específica de PRO-VIDA y UNICEF, y tampoco consta una valoración pública de la Asamblea Legislativa sobre el uso de fondos de cooperación internacional en materia de agua durante el periodo reciente. Las agencias implicadas no han detallado la cuantía del desembolso ni el número de comunidades atendidas.
La cooperación internacional en gestión hídrica tiene en el país un precedente relevante en las respuestas activadas tras las sequías severas registradas en 2014 y 2018, cuando organismos de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales movilizaron fondos de emergencia similares para atender a comunidades del corredor seco salvadoreño, así como en los programas desplegados tras las tormentas tropicales de la década de 2010.
El impacto económico de las sequías es recurrente en la producción de granos básicos, un factor que agrava la inseguridad alimentaria en los mismos municipios donde organizaciones como PRO-VIDA concentran su trabajo de resiliencia. La afectación de las cosechas de maíz y frijol golpea de forma directa a las familias campesinas del corredor seco, que dependen de la agricultura de subsistencia.
De cara a los próximos meses, la atención se centrará en si el Órgano Ejecutivo, a través del MARN y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, articula una respuesta institucional de mayor escala frente a la sequía estacional, y en si UNICEF y el sistema de Naciones Unidas mantienen o amplían el financiamiento de este tipo de proyectos en El Salvador durante la temporada seca de 2027.
