El esquema operaría mediante la manipulación de pliegos y de condiciones habilitantes en procesos de licitación pública, de forma que un grupo reducido de empresas —presuntamente relacionadas entre sí y con Garvin— resultara favorecido de manera sistemática. De confirmarse, los más de $2 billones en contratos comprometidos situarían el caso entre los expedientes de mayor monto por irregularidades en la contratación estatal.
Bajo el sistema penal acusatorio de la Ley 906 de 2004, cualquier avance exige superar etapas sucesivas: de indiciado a imputado, mediante audiencia de imputación de cargos, y solo después a acusado, con la radicación del escrito de acusación ante un juzgado penal del circuito. No consta que Garvin ni las empresas señaladas hayan sido formalmente imputados, por lo que la investigación seguiría en fase preliminar de recaudo probatorio.
La contratación pública ha sido, históricamente, uno de los frentes más vulnerables a la corrupción en Colombia. El carrusel de la contratación en Bogotá, destapado en 2010, llevó a la condena del exalcalde Samuel Moreno por delitos contra la administración pública. El caso Odebrecht, revelado en 2017, comprometió obras de infraestructura vial y derivó en procesos que aún se tramitan ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia contra exfuncionarios y contratistas.
No es la primera vez que un entramado empresarial concentrado en pocas manos logra hacerse con contratos públicos de gran magnitud mediante presuntas irregularidades en los requisitos de habilitación. La Fiscalía ha documentado en años anteriores esquemas en sectores como salud, infraestructura vial y suministro de bienes al Estado, en los que sociedades vinculadas entre sí se turnaban la presentación de ofertas para simular competencia y direccionar la adjudicación.
El expediente sobre las empresas de Garvin se conoce en un momento en que la contratación estatal enfrenta un escrutinio adicional por otros frentes. Semanas atrás, el contralor Noguera reportó un faltante de $5,5 billones en vigencias futuras de la ANI, un mecanismo presupuestal que compromete recursos del Presupuesto General de la Nación para obras de infraestructura a varios años y que habría dejado peajes sin recaudo y proyectos viales atrasados.
Vigilancia fiscal y disciplinaria paralela
La coincidencia de ambos casos en el radar de los organismos de control reabre el debate sobre los controles previos a la adjudicación de contratos estatales. La Contraloría General de la República ejerce la vigilancia fiscal posterior de estos procesos, mientras que la Procuraduría General de la Nación puede adelantar investigaciones disciplinarias paralelas contra los servidores públicos que hayan participado en la estructuración de los pliegos.
El interés por la integridad de la contratación estatal se ha extendido a otros ámbitos de la administración. Una denuncia reciente ante organismos de control señala prácticas de clientelismo en la Cancillería, lo que muestra que las irregularidades en el manejo de recursos y nombramientos no se limitarían a los grandes contratos de infraestructura, sino que alcanzarían también procesos de vinculación de personal.
El presunto entramado de Garvin, de confirmarse en las etapas procesales que siguen, obligaría a la Fiscalía a determinar no solo la responsabilidad penal individual de quienes hayan participado en la estructuración de los pliegos, sino también el eventual perjuicio patrimonial causado al Estado por sobrecostos o incumplimientos derivados de contratos adjudicados de manera irregular. Ese cálculo suele ser objeto de peritajes técnicos que pueden tomar meses.
La instancia competente para conocer de este tipo de procesos, en caso de que se formalice una acusación, sería un juzgado penal del circuito especializado en delitos contra la administración pública. Si resultan involucrados aforados, el expediente podría trasladarse a la Corte Suprema de Justicia, en su función de investigación y juzgamiento de altos funcionarios.
Por ahora, la Fiscalía no ha hecho pública una imputación formal contra Moisés Garvin ni contra las empresas señaladas, y el expediente permanecería en la fase de indagación previa contemplada por el sistema penal acusatorio antes de que pueda avanzar hacia una audiencia de imputación de cargos.
