El congresista afirmó que una revisión de 48 entidades con actividades duplicadas permitiría llegar a $20 billones de recaudo, y propuso liquidar la Unidad Nacional de Protección (UNP), que según sus cálculos maneja cerca de $3 billones. A su juicio, una revisión rigurosa de los esquemas de seguridad activos reduciría ese gasto sin afectar a quienes realmente requieren protección estatal, lo que exigiría —dijo— una decisión política para definir quiénes necesitan de verdad un esquema.
El plan incluye reducir el número de ministerios de 19 a 8, propuesta que Briceño atribuyó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y que calculó en un ahorro de $6 billones a $7 billones. Entre las fusiones planteadas figura un "Ministerio de Capital Humano" que agruparía Salud, Educación, Trabajo, Cultura, Deporte, Ambiente y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), junto con un "Ministerio de Desarrollo Económico" que integraría Minas, Agricultura, Comercio, Transporte, Tecnología y Vivienda. Cancillería y Defensa quedarían sin modificaciones, mientras Justicia e Interior se fusionarían en una sola cartera.
El congresista también mencionó la eliminación de la Agencia Nacional de Tierras, con un ahorro calculado en $5,2 billones, cuyas funciones pasarían al Ministerio de Agricultura. En la misma lógica, propuso trasladar la Unidad para las Víctimas al Ministerio de Justicia ($1,9 billones de ahorro) y la Agencia de Desarrollo Rural al Ministerio de Agricultura ($1 billón). El Fondo Único de Tecnologías de la Información, añadió, podría desaparecer con un ahorro de $3,4 billones, y la Superintendencia de Notariado trasladarse a una oficina de registro en el Departamento Nacional de Planeación.
Briceño planteó además reducir a la mitad las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) de los congresistas, hoy equivalentes a 50 salarios mínimos por legislador, para dejarlas en 25, con un ahorro estimado en $240.000 millones al año. Según el representante, esa medida tendría unidad de materia con la ley de rescate fiscal si el articulado incluye un capítulo de reducción estatal, por lo que podría tramitarse incluso vía facultades extraordinarias al presidente.
Las 16 curules de paz, el tope constitucional
Sobre una eventual disminución del número de escaños, el congresista señaló que las 16 curules de paz vencen en el próximo periodo legislativo y que, a partir de entonces, podría revisarse el número de curules en departamentos como Bogotá, Antioquia, Santander y Valle del Cauca. Advirtió, sin embargo, que una reforma de ese alcance abriría una discusión constitucional que excede el trámite de la ley de rescate fiscal. La reducción del Congreso vía legislativa tropieza con la Constitución de 1991, que fijó la composición de Cámara y Senado y reserva su modificación a un acto legislativo con ocho debates.
El representante condicionó el respaldo de su bancada a que el Gobierno concrete qué entidades fusionará o eliminará, y pidió que los órganos de control sean incluidos en el ajuste antes de considerar un aumento de tributos sobre la canasta familiar. Sostuvo que el mayor obstáculo no será el contenido del proyecto sino alcanzar un acuerdo político entre el Ejecutivo y las fuerzas de la coalición de gobierno, no con la oposición. El Centro Democrático, precisó, figura entre quienes han apoyado el proyecto político del presidente Abelardo.
Briceño respaldó también el manejo que el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, le ha dado a la relación con el Congreso, al señalar que representa un cambio frente a prácticas anteriores en las que los titulares de esa cartera negociaban apoyos a puerta cerrada. El congresista, que ha enfrentado tensiones internas en el Centro Democrático por su estilo político, defendió su forma de hacer política en línea con quienes dentro de su colectividad rechazan los cánones tradicionales, como dejó ver otro de sus copartidarios al afirmar que no tiene tiempo para contestar sandeces frente a las críticas internas.