El director de Presupuesto del MEF, Justo Botacio, precisó ante la comisión que el proyecto de presupuesto para 2027 contempla $48 millones para el pago de estas primas, monto que corresponde únicamente a las entidades del Gobierno Central. Al sumar las instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros, el total recomendado asciende a $82.3 millones: $25 millones para descentralizadas, $5.6 millones para empresas públicas y $3.7 millones para intermediarios financieros, según documentos consultados.
La brecha entre lo solicitado y lo recomendado alcanza los $99.9 millones, y ni siquiera esos $182.2 millones equivalen al total de la deuda. El caso del Ministerio de Seguridad ilustra la magnitud del recorte: la institución pidió $76 millones para cubrir estas obligaciones y recibió una asignación de apenas $10 millones. La diferencia seguirá pendiente.
Botacio reconoció que el Órgano Ejecutivo todavía no cuenta con un inventario completo de lo que el Estado adeuda a sus antiguos servidores, por lo que el MEF pidió a cada entidad un reporte actualizado con los montos pendientes y el número de exfuncionarios afectados. El funcionario planteó como alternativa trasladar al pago de primas los ahorros que las instituciones generan en su planilla estatal, y puso como ejemplo al propio MEF, que prevé un traslado de unos $3 millones por ese concepto.
El director de Presupuesto cuestionó que varias instituciones utilicen esos ahorros de planilla para crear nuevas posiciones y realizar nombramientos, en lugar de destinarlos a saldar la deuda con quienes ya dejaron el servicio público.
"La mayoría de las instituciones lo que hacen es que ese ahorro de planilla crean nuevas posiciones", Justo Botacio, director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas.
El diputado Luis Duke, de la bancada Vamos e integrante de la Comisión de Presupuesto, sostuvo que el problema trasciende la falta de una partida presupuestaria y cuestionó que durante años no haya existido un inventario consolidado de estas obligaciones. Según Duke, fueron los cuestionamientos de los diputados durante las vistas presupuestarias los que llevaron al MEF a solicitar a cada institución el detalle del monto adeudado y la cantidad de exfuncionarios afectados. Añadió que algunas entidades han comenzado a pagar deudas que se arrastran desde 2011, aunque se desconoce la magnitud total.
"No han tenido una radiografía completa del problema a nivel de detalle. Solo lo ven a nivel de cada institución por separado", Luis Duke, diputado de Vamos.
El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino y también integrante de la comisión, cuestionó que el Estado mantenga deudas por servicios ya prestados mientras destina recursos a rubros como viáticos, alquileres y dietas. A su juicio, debe fijarse una prioridad clara para saldar las obligaciones con los exfuncionarios, y puso como ejemplo al Ministerio Público, que según dijo sí mantiene identificado el número de personas a las que debe pagar. "Muchos de ellos no llegan a ver en vida estos compromisos que adquieren las instituciones con ellos", afirmó Pérez Barboni, quien calificó la ausencia de un censo nacional como una falla en la administración de la deuda.
La prima de antigüedad no nació con un fallo reciente. El beneficio, equivalente a una semana de salario por cada año trabajado, fue reconocido mediante las leyes 39 y 127 de 2013. En 2014, a pocos días de dejar el poder, el gobierno de Ricardo Martinelli reglamentó su pago mediante el Decreto Ejecutivo 52, norma que la administración de Juan Carlos Varela derogó poco después. La Ley 23 de 2017 volvió a modificar el régimen sin eliminar el derecho, y la Ley 241 de 2021 mantuvo la prestación pero excluyó a ministros, viceministros y directores de entidades autónomas y semiautónomas.
El debate presupuestario continúa esta semana en la Comisión de Presupuesto, donde este lunes el Ministerio de Obras Públicas sustentará un presupuesto de más de $900 millones.