Conviene detenerse en la frase antes que en el dato, porque en esta administración la frase suele funcionar como el dato. "Poco a poco y luego de repente" es una variación de una fórmula célebre sobre la manera en que ocurren las bancarrotas: primero de forma imperceptible y después de golpe. Que el jefe de Estado la emplee para anunciar un visto bueno técnico del FMI dice más sobre el estilo de comunicación de Casa Presidencial que sobre la mecánica real de un programa de financiamiento, que no se aprueba de golpe ni por sorpresa, sino mediante revisiones periódicas pactadas de antemano, con matrices de condicionalidad que cualquier funcionario del Banco Central de Reserva conoce en detalle.
El propio comunicado del organismo desmiente el dramatismo del mensaje: nada de esto ocurrió "de repente". El programa se sostiene sobre un calendario de revisiones sucesivas, con desembolsos condicionados al cumplimiento de metas verificadas por el Fondo. Que la segunda y tercera revisión se agruparan en un mismo acuerdo técnico es, precisamente, la prueba de un proceso escalonado y previsible, no de un vuelco repentino.
Lo que merece atención sobria es el contenido técnico detrás del entusiasmo. El FMI destacó un crecimiento proyectado del 4.5% para la economía salvadoreña en 2026, cifra que, de confirmarse, se ubicaría por encima del ritmo de expansión que el propio organismo suele atribuir a Centroamérica en sus informes regionales, donde las economías de la zona han crecido en años recientes por debajo de ese umbral. También reconoció avances en la reducción de los desequilibrios fiscales y externos —es decir, menor déficit y menor presión sobre la cuenta corriente— y progreso en la implementación de reformas estructurales, el término técnico que cubre desde ajustes tributarios hasta cambios normativos exigidos como condición para mantener el financiamiento.
Nada de esto es trivial. Un aval técnico del Fondo, sujeto todavía a la aprobación de su Directorio Ejecutivo, es una pieza relevante en la arquitectura de confianza que sostiene el acceso salvadoreño a mercados de deuda externa. El país necesita ese sello no solo por los $140 millones en juego, sino por lo que ese desembolso representa como señal para calificadoras de riesgo y tenedores de bonos soberanos. Que el FMI hable de "desempeño" y "avances" es, en el lenguaje contenido de estos organismos, un reconocimiento considerable.
Pero el reconocimiento institucional y la celebración presidencial no son lo mismo. El comunicado del Fondo es un documento técnico dirigido a mercados y autoridades; la publicación presidencial es un producto dirigido al electorado. Uno mide desequilibrios fiscales con matrices de sostenibilidad de deuda; el otro mide el impacto de una frase bien elegida en la conversación pública. Ambos pueden ser ciertos a la vez, pero solo uno de los dos rinde cuentas ante la Asamblea Legislativa y ante la Corte de Cuentas de la República cuando llega la hora de fiscalizar en qué se gastaron esos $140 millones.
Del anuncio al desembolso, y del desembolso a la ejecución
El programa con el FMI viene acompañado de compromisos de transparencia fiscal que, en teoría, deberían traducirse en información pública detallada sobre el uso de cada desembolso. La experiencia salvadoreña reciente ha mostrado una tensión constante entre el ritmo de anuncios del Órgano Ejecutivo y el ritmo, más lento, con que la Asamblea Legislativa y los órganos fiscalizadores logran examinar el destino de fondos externos. No hay nada en la información disponible que indique cómo se rendirán cuentas de estos $140 millones específicos, y esa ausencia es, en sí misma, un dato.
Hay que decirlo con la misma frialdad con que se leería un balance del Banco Central de Reserva: un acuerdo técnico no es un desembolso, y un desembolso no es una ejecución transparente. Entre el anuncio de este viernes y la llegada efectiva de los fondos media todavía la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, un paso que en programas de esta naturaleza no es meramente protocolario, sino que puede incluir observaciones y condicionantes antes de liberar los recursos.
El precedente salvadoreño invita a la cautela más que al brindis. En 2020, en plena pandemia, el país recibió financiamiento de emergencia del FMI bajo el instrumento de financiamiento rápido, un desembolso destinado a atender la crisis sanitaria y económica. La ejecución de fondos públicos durante aquel periodo fue objeto posterior de señalamientos de la Corte de Cuentas de la República sobre documentación de respaldo en compras estatales. No se trata de equiparar automáticamente ambos episodios, separados por años y por un marco de condicionalidad distinto, sino de recordar que la historia reciente del país tiene ya un capítulo sobre la distancia entre el dinero aprobado y el dinero fiscalizado.
Tampoco falta la advertencia recurrente desde el propio ecosistema económico: la mejora de indicadores macroeconómicos no siempre se traduce, con la misma velocidad, en mejora de las condiciones de vida cotidianas, medidas por ejemplo en desempleo o en poder adquisitivo del salario. El comunicado del FMI, en su literalidad, habla de crecimiento, de reducción de desequilibrios y de reformas estructurales; no habla, porque no es su función, de si ese crecimiento llega al bolsillo del salvadoreño promedio que revisa el precio del boleto de autobús camino al trabajo.
Queda, entonces, el ejercicio honesto de separar dos planos que el propio anuncio mezcla con destreza. En el plano técnico, hay una noticia genuinamente positiva: el organismo que supervisa la sostenibilidad fiscal salvadoreña ha dado, a nivel técnico, su visto bueno a la marcha del programa. En el plano retórico, hay una frase que un presidente convierte en celebración de solvencia, un giro que solo funciona si el público no se detiene a preguntar de dónde viene la cita ni qué significa realmente.
La Asamblea Legislativa, con sus 60 curules y su actual configuración de fuerzas, tendrá en algún momento la oportunidad de exigir el detalle de cómo se ejecutarán esos $140 millones, si el Directorio Ejecutivo del FMI efectivamente los aprueba. Será entonces, y no en la métrica de una publicación en redes, donde se sabrá si lo que ocurrió "poco a poco" también se rindió cuentas "poco a poco", o si la transparencia también decide llegar de repente.
