El enfoque preventivo que promueven estas organizaciones parte de una premisa asentada en el campo humanitario internacional: invertir en capacidades locales de respuesta antes de que se materialice un desastre resulta menos costoso, en términos humanos y económicos, que actuar exclusivamente después de ocurrido. En El Salvador, un país con alta exposición a amenazas naturales —terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y deslizamientos, además de la sequía—, esa lógica ha cobrado relevancia particular.
La geografía salvadoreña explica buena parte de esa vulnerabilidad. El país se ubica dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico y sobre el corredor sísmico centroamericano, lo que lo hace susceptible a terremotos de magnitud considerable, como los ocurridos en enero y febrero de 2001, que dejaron cientos de muertos y daños de gran escala en viviendas, escuelas y hospitales. A esa amenaza sísmica se suma la exposición a fenómenos hidrometeorológicos extremos, que han intensificado tanto los períodos de sequía como los eventos de lluvia concentrada capaces de provocar inundaciones repentinas.
La sequía, mencionada de manera específica en el planteamiento de estas organizaciones, constituye una de las amenazas más persistentes para la seguridad alimentaria de las familias que dependen de cultivos como el maíz y el frijol en el corredor seco, una franja que atraviesa varios departamentos del oriente y centro del país. Los episodios recurrentes de déficit hídrico suelen traducirse en pérdidas de cosechas que afectan de manera desproporcionada a la niñez y a las familias en situación de pobreza.
Tres componentes interdependientes
Frente a ese panorama, el planteamiento de la acción humanitaria pone el acento en tres componentes que se consideran interdependientes. El primero es la educación, entendida no solo como continuidad escolar durante una emergencia, sino como espacio de formación en gestión de riesgos desde edades tempranas, de modo que las comunidades cuenten con conocimientos básicos sobre cómo actuar ante un terremoto, una inundación o una alerta de sequía prolongada. El segundo es la protección, particularmente de la niñez y la adolescencia, grupos que suelen ser los más afectados en situaciones de desplazamiento, pérdida de vivienda o interrupción de servicios básicos. El tercero es la participación comunitaria, es decir, el involucramiento activo de las propias comunidades en el diseño de los planes de respuesta, en lugar de que estos sean impuestos de manera vertical desde instituciones externas.
El marco institucional salvadoreño para la gestión de riesgos se sostiene sobre la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, vigente desde 2005, que establece al Sistema Nacional de Protección Civil como instancia coordinadora de la respuesta ante emergencias, con la Dirección General de Protección Civil como su brazo operativo. Esa ley contempla la creación de comisiones departamentales, municipales y comunales de protección civil, con el objetivo de descentralizar la toma de decisiones y fortalecer la capacidad de respuesta a nivel local, un principio que coincide con el énfasis en la participación comunitaria que plantean las organizaciones humanitarias.
El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de Gobernación, del que depende Protección Civil, mantiene competencias directas sobre buena parte de las políticas que estas organizaciones señalan como prioritarias, particularmente en lo relativo a la continuidad educativa durante emergencias y a los protocolos de evacuación y resguardo en centros escolares. Las alcaldías y concejos municipales, por su parte, desempeñan un papel de primera línea en la respuesta inmediata, dado que son las instancias más cercanas a las comunidades afectadas y las encargadas de activar los albergues temporales cuando una emergencia lo requiere.
El antecedente más citado en la memoria reciente del país sobre la importancia de la preparación previa es la sucesión de tormentas que ha golpeado a El Salvador desde el huracán Mitch en 1998, pasando por la tormenta Ida en 2009 y la tormenta tropical Amanda en 2020, considerada una de las más destructivas de la historia reciente por la magnitud de las inundaciones registradas en zonas urbanas y rurales. En cada uno de esos episodios, las evaluaciones posteriores de daños coincidieron en señalar que la anticipación insuficiente —tanto en infraestructura como en capacitación comunitaria— agravó el impacto sobre la población más vulnerable.
La cooperación internacional ha desempeñado tradicionalmente un papel relevante en el financiamiento de estos programas de preparación, a través de organizaciones no gubernamentales especializadas en acción humanitaria y agencias de Naciones Unidas presentes en el país, que suelen trabajar en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil y con los gobiernos locales. Ese modelo combina fondos externos con estructuras comunitarias preexistentes, en un esquema que busca garantizar la sostenibilidad de las iniciativas una vez que finaliza el financiamiento puntual de un proyecto.
El planteamiento no está exento de matices sobre su alcance real. Especialistas en gestión de riesgos han advertido en distintos foros regionales que la preparación comunitaria, aunque necesaria, no sustituye la inversión pública sostenida en infraestructura resiliente —sistemas de alerta temprana, obras de mitigación en cuencas hidrográficas y refuerzo estructural de escuelas y hospitales—, que corresponde principalmente al Estado salvadoreño y que requiere asignaciones específicas dentro del Presupuesto General de la Nación. Las instituciones del Órgano Ejecutivo con competencia en la materia no han fijado una posición pública sobre estos señalamientos.
De cara a los próximos meses, el país se aproxima nuevamente a la temporada de mayor riesgo hidrometeorológico, que en Centroamérica se concentra entre mayo y noviembre, con picos de actividad ciclónica durante el segundo semestre del año. Será en ese periodo cuando la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil, las alcaldías y las organizaciones humanitarias que operan en el territorio vuelva a ponerse a prueba, en un contexto en el que la recurrencia de fenómenos extremos hace previsible que la discusión sobre preparación previa frente a respuesta reactiva continúe presente en la agenda pública salvadoreña.
