El Espacio Schengen no es sinónimo de Unión Europea, aunque a menudo se confunden ambos conceptos. Nació en 1985 con la firma del Acuerdo de Schengen, en la localidad luxemburguesa del mismo nombre, entre Francia, Alemania Occidental y los países del Benelux, fuera del marco jurídico comunitario de entonces. No fue hasta el Tratado de Ámsterdam, en 1997, cuando se incorporó al derecho de la Unión Europea. Hoy integra a una treintena de países, entre ellos algunos que no son miembros de la UE, como Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, mientras que Irlanda mantiene una excepción histórica.
La lógica del acuerdo es sencilla sobre el papel: quien cruza una frontera exterior del espacio Schengen y es admitido puede después desplazarse sin controles sistemáticos entre los países miembros. La contrapartida fue el refuerzo de las fronteras exteriores comunes y la creación de mecanismos de cooperación policial y judicial, como el Sistema de Información Schengen (SIS), que permite a los cuerpos de seguridad compartir alertas sobre personas y objetos buscados.
El propio Código de Fronteras Schengen, sin embargo, contempla excepciones. Sus disposiciones permiten a un Estado miembro reintroducir controles temporales en sus fronteras interiores cuando exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior, incluida la gestión migratoria. Francia, por ejemplo, mantiene controles fronterizos de forma casi ininterrumpida desde los atentados de 2015, prorrogados sucesivamente ante la Comisión Europea. Alemania recurrió también a esta cláusula en su frontera con Polonia y República Checa citando presión migratoria.
Lo ocurrido este verano entre Italia y España se inscribe en esa misma lógica excepcional, pero con un matiz relevante: no se trata de un control fronterizo terrestre clásico, sino de inspecciones a pasajeros que llegan desde España, en un contexto marcado por la crisis migratoria vivida en Ceuta. La decisión de Roma fue unilateral y obtuvo una réplica simétrica por parte del Gobierno español, en un pulso diplomático que no ha alcanzado la notoriedad de otras crisis migratorias recientes en el Mediterráneo.
De la valla de 2021 al pulso de 2026
Ceuta no es un escenario nuevo en las tensiones migratorias hispano-europeas. En mayo de 2021, la ciudad autónoma vivió la llegada de más de 8.000 personas en apenas 48 horas tras una relajación de los controles fronterizos por parte de Marruecos, en lo que el Gobierno español interpretó como una represalia diplomática vinculada al acogimiento sanitario del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio tensó durante meses la relación entre Madrid y Rabat y reactivó el debate sobre los protocolos de devolución en la frontera.
La reacción italiana se sitúa en ese mismo eje geográfico, el del Estrecho de Gibraltar y las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, que constituyen la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano. La presión migratoria en esta ruta ha mantenido oscilaciones significativas en los últimos años, condicionada tanto por la cooperación con Marruecos como por la situación política en el Sahel.
La política migratoria de Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia desde octubre de 2022, ha convertido el control de fronteras en uno de sus ejes de acción exterior, incluido el acuerdo con Albania para la externalización de la gestión de solicitantes de asilo, sometido a escrutinio judicial tanto en Roma como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Gobierno italiano no ha detallado públicamente el alcance exacto ni la duración prevista de los controles impuestos a los viajeros procedentes de España.
Desde el Ejecutivo español tampoco ha habido, hasta el momento, una explicación pública pormenorizada sobre los términos de la respuesta adoptada, más allá de su carácter recíproco. La Comisión Europea, guardiana de los tratados y responsable de supervisar el correcto funcionamiento del espacio Schengen, no se ha pronunciado con un dictamen formal sobre este episodio, aunque el organismo con sede en Bruselas mantiene un registro público de todas las notificaciones de reintroducción de controles fronterizos internos que los Estados miembros están obligados a comunicar.
El trasfondo de la disputa conecta con un debate político más amplio en el seno de la Unión Europea: hasta qué punto los gobiernos de corte más restrictivo en materia migratoria pueden erosionar de facto uno de los logros más tangibles de la integración europea sin necesidad de modificar los tratados. El uso reiterado de las cláusulas de excepción, pensadas originalmente como herramientas puntuales, se ha convertido en la práctica en un recurso prolongado para varios socios comunitarios.
El Parlamento Europeo ha expresado en distintas resoluciones su preocupación por la prolongación de controles fronterizos que deberían ser excepcionales, mientras que la Comisión Europea impulsó una reforma del Código de Fronteras Schengen para acotar mejor los plazos y las justificaciones exigibles a los Estados que reintroducen controles internos.
En el plano bilateral, la relación entre Roma y Madrid ha atravesado episodios de tensión previos vinculados a política migratoria, especialmente durante la crisis del barco Open Arms en 2019, cuando el entonces ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, se negó a permitir el desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo, lo que obligó a España a habilitar el puerto de Algeciras para acogerlos.
A partir de ahora, el foco estará en si Italia notifica formalmente a la Comisión Europea la prórroga o el levantamiento de estos controles, tal y como exige el procedimiento comunitario, y en si el Gobierno español mantiene su respuesta simétrica mientras dure la medida italiana. La Comisión publica periódicamente un informe sobre el estado del espacio Schengen que podría recoger detalles adicionales sobre este episodio en su próxima actualización.
