García sostuvo que la detención de su cliente careció de fundamento y que, como consecuencia directa de esa privación de libertad, el sindicalista fue separado de su puesto en la estructura administrativa de San Salvador Sur. El escrito, dirigido al alcalde y al pleno del Concejo Municipal, reclama el reinstalo como paso previo a cualquier otra vía de resolución, según la defensa.
Se trata de la segunda solicitud presentada ante las mismas autoridades municipales, lo que indica que un primer intento no habría obtenido respuesta favorable dentro de los plazos que la parte interesada considera razonables. La reiteración de estas gestiones es frecuente en los procesos administrativos municipales cuando la primera petición no genera un pronunciamiento formal.
El material disponible no precisa el monto total que representarían los cuatro años de salarios reclamados ni la fecha exacta de la detención de Ramos. La defensa vincula la separación del cargo a esa privación de libertad, aunque no consta que el caso esté ligado a un procedimiento penal en curso ni a una resolución judicial firme sobre su situación laboral.
El marco legal del reinstalo municipal
El conflicto se rige por la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que establece los procedimientos para la remoción, suspensión y reinstalo de empleados públicos en las alcaldías del país, así como las instancias a las que puede recurrir un trabajador que considere vulnerados sus derechos laborales. La norma prevé que un empleado que estime ilegal su separación del cargo puede acudir al Tribunal de Servicio Civil o a la vía judicial laboral para solicitar su reinstalo y el pago de los salarios dejados de percibir, siempre que se determine que la remoción no siguió el debido proceso.
Cuando un concejo municipal no atiende una solicitud de reinstalo, la vía usual de escalamiento pasa por el Órgano Judicial, a través de las cámaras de lo laboral o, en su caso, por la vía contencioso-administrativa si se cuestiona la legalidad de un acto de la administración municipal. La resolución de estos casos puede tomar meses o años, según la carga procesal de los tribunales y de los recursos de apelación que interponga alguna de las partes.
Sabino Ramos es descrito por su defensa como sindicalista y gestor cultural del municipio de Panchimalco, localidad del departamento de San Salvador reconocida por sus tradiciones indígenas y sus festividades, entre ellas la procesión de las flores y las palmas. Hasta el momento no consta una postura pública organizada de las organizaciones sociales o culturales del municipio sobre el caso.
Ni el alcalde de San Salvador Sur ni el Concejo Municipal han emitido, hasta la fecha de esta publicación, una respuesta pública al escrito presentado por la defensa de Ramos. La ausencia de una posición oficial impide conocer los argumentos con los que la comuna respondería a la calificación de detención arbitraria y a la solicitud de pago retroactivo de salarios.
Fusiones municipales y tensiones laborales
El municipio de San Salvador Sur surgió de la reforma territorial que redujo el número de alcaldías del país mediante la fusión de decenas de municipios, un proceso impulsado por el Órgano Legislativo con el argumento de reducir costos administrativos y fortalecer la capacidad de gestión de las comunas resultantes. Esas fusiones implicaron, en distintos casos reportados en el país, procesos de reorganización de personal que generaron tensiones laborales entre empleados de las antiguas alcaldías y las nuevas administraciones unificadas.
La figura de la detención arbitraria, invocada por la defensa, remite a un debate que ha atravesado la vida institucional salvadoreña desde la entrada en vigor del régimen de excepción, decretado en marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa a solicitud del Órgano Ejecutivo. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha documentado casos de personas detenidas que posteriormente fueron liberadas sin cargos formales, aunque no consta en el material que el caso de Ramos esté vinculado directamente a esa medida.
La sostenibilidad financiera de los municipios ha sido objeto de escrutinio recurrente por parte de la Corte de Cuentas de la República, encargada de fiscalizar el uso de los fondos públicos municipales, incluidos los destinados al pago de personal y a la atención de sentencias laborales firmes. Un eventual reconocimiento de salarios atrasados representaría una obligación económica para la administración de San Salvador Sur.
De no producirse una respuesta favorable del Concejo Municipal, la defensa de Ramos podría trasladar el caso a instancias judiciales, un paso que abriría un proceso de duración incierta y que dependería de la valoración que un tribunal haga sobre la legalidad de la detención y de la posterior separación del cargo. Hasta entonces, el asunto permanece en el terreno administrativo, a la espera de que la comuna se pronuncie formalmente sobre la solicitud presentada.
