San Isidro concentra desde hace más de una década la atención pública por su relación con la minería metálica, actividad que en El Salvador estuvo prohibida entre 2017 y 2024. La zona ha sido escenario de conflictos históricos entre comunidades, empresas mineras y activistas, algunos de los cuales —los llamados «cinco de Cabañas»— enfrentaron procesos judiciales que derivaron en denuncias ante instancias internacionales.
El arsénico es un metaloide presente de forma natural en ciertos suelos y rocas, pero su concentración puede aumentar por actividades extractivas que remueven capas profundas del terreno. La exposición prolongada a este elemento a través del agua de consumo se asocia, según la literatura epidemiológica internacional, a enfermedades renales, cutáneas y a determinados tipos de cáncer, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud fija límites máximos recomendados para el agua potable.
Natarén atribuyó el deterioro de las fuentes hídricas de San Isidro a la actividad minera en la región, un argumento que organizaciones ambientalistas salvadoreñas han sostenido de forma reiterada desde que se discutía la derogación de la prohibición vigente hasta 2024. Aquella Ley de Prohibición de la Minería Metálica fue aprobada en 2017, durante la administración de Salvador Sánchez Cerén, tras años de presión de sectores eclesiásticos, académicos y comunitarios que denunciaron la contaminación del río Lempa y otras cuencas por metales pesados.
De la prohibición de 2017 a la reapertura de 2024
La reversión de esa prohibición se produjo en diciembre de 2024, cuando la Asamblea Legislativa, con mayoría de la fracción legislativa oficialista Nuevas Ideas, aprobó una nueva ley que habilita la minería metálica bajo licencias estatales y creó una empresa pública encargada de administrar la explotación de los recursos. El Órgano Ejecutivo defendió la medida como una oportunidad de desarrollo económico, mientras organizaciones ambientalistas y algunas iglesias advirtieron sobre riesgos para las fuentes de agua superficial y subterránea del país.
El caso de San Isidro no es nuevo en el debate público salvadoreño. En la década de 2010, el departamento de Cabañas fue escenario del conflicto con la empresa Pacific Rim, cuyo proyecto extractivo quedó suspendido y derivó en un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que en 2016 falló a favor del Estado salvadoreño. Ese precedente marcó buena parte de la discusión posterior sobre minería y agua en el país.
El Salvador figura entre los países de Centroamérica con mayor estrés hídrico, una condición agravada por la deforestación, la contaminación de cuencas y la creciente demanda urbana. El río Lempa, principal fuente de abastecimiento de agua potable para buena parte del territorio nacional, atraviesa zonas con actividad minera histórica, lo que ha mantenido la vigilancia de la calidad del agua como un tema recurrente en la agenda ambiental.
Junto a la denuncia sobre el agua, Natarén cuestionó también el proceso electoral salvadoreño, sin que trascendiera con exactitud a qué elección se refería ni el contenido específico de sus objeciones. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la autoridad constitucionalmente encargada de organizar, dirigir y vigilar los procesos electorales en El Salvador —legislativos, municipales y presidenciales— conforme al Código Electoral vigente.
El país celebró elecciones legislativas y municipales en marzo de 2024, en las que Nuevas Ideas obtuvo una mayoría amplia en la Asamblea Legislativa tras la reducción del número de diputados de 84 a 60 curules, aprobada en 2023. Las próximas elecciones legislativas y municipales están previstas para 2027, según el calendario electoral establecido tras la reforma que unificó esos comicios con los presidenciales.
Las autoridades ambientales, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), son las encargadas de monitorear la calidad del agua y de autorizar o denegar permisos ambientales a proyectos extractivos, conforme a la Ley de Medio Ambiente y su reglamento. Hasta el momento no se ha conocido una respuesta oficial del MARN ni de la empresa estatal minera a las afirmaciones de Natarén sobre la situación específica de San Isidro.
La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, que agrupa a comunidades y colectivos ambientalistas desde hace más de una década, ha solicitado en el pasado auditorías independientes sobre la calidad del agua en zonas con actividad minera pasada o presente, así como mayor transparencia en los estudios de impacto ambiental que respaldan las nuevas licencias.
El debate sobre la minería metálica sigue abierto en la esfera pública salvadoreña, con posiciones que van desde quienes defienden su potencial para generar ingresos fiscales y empleo en zonas rurales, hasta quienes advierten sobre el riesgo de replicar episodios de contaminación hídrica documentados en décadas anteriores. La verificación técnica e independiente de los niveles de arsénico en las fuentes de agua de San Isidro, de confirmarse la advertencia de Natarén, quedaría en manos de las autoridades ambientales y de salud pública competentes.
