El PASE-U es el programa mediante el cual el Órgano Ejecutivo, a través del Ifarhu, otorga un incentivo económico a estudiantes con el propósito de reducir la deserción escolar y facilitar la permanencia en el sistema educativo. La institución informó que mantiene el proceso de implementación de un nuevo sistema de pago basado en tarjetas de débito Mastercard emitidas por la Caja de Ahorros, en sustitución de modalidades previas, con el objetivo de agilizar la entrega del beneficio a los estudiantes incluidos en el programa.
Para la jornada del martes, el Ifarhu habilitó puntos de atención según el corregimiento de residencia de los convocados. En el distrito de Atalaya, la entrega se realizará en Atalaya, El Barrito y La Monteñuela; en Santiago, cabecera de la provincia, el centro habilitado corresponde a Santiago Sur; en Mariato, la atención se concentrará en Llano de Catival o Mariato; y en La Mesa, los beneficiarios podrán acudir a La Mesa, Visvalles, Boró y San Bartolo.
La institución precisó que, para retirar la tarjeta, el acudiente debe presentar la cédula de identidad personal física y vigente. Los acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar la tarjeta durante esta etapa, según indicó el Ifarhu, y deberán esperar una próxima jornada cuya programación será comunicada posteriormente a través de los canales oficiales. La entidad recomendó verificar con antelación la fecha, el horario y el centro asignado en su sitio web oficial para evitar inconvenientes durante el proceso.
Del efectivo a la tarjeta bancaria
La asistencia social educativa forma parte de una política que el Estado panameño ha sostenido por más de una década. Su antecedente más notorio es la Beca Universal, creada en 2010 durante la administración de Ricardo Martinelli para garantizar un aporte económico a estudiantes de escuelas oficiales, esquema que con los años derivó en el actual PASE-U. La migración hacia tarjetas de débito supone un cambio operativo respecto a modalidades anteriores de entrega, orientado —según la propia institución— a reducir los tiempos de desembolso y el manejo de efectivo en los centros de pago.
La fiscalización de este tipo de programas recae, en última instancia, en la Contraloría General de la República, que examina la ejecución presupuestaria del Ifarhu dentro del Presupuesto General del Estado aprobado por la Asamblea Nacional. Los contratos y convenios asociados a la operación de las tarjetas con la Caja de Ahorros están sujetos, como el resto de compromisos estatales, al refrendo del contralor, mecanismo mediante el cual se verifica la legalidad del gasto antes de su ejecución.
La logística de la entrega adquiere relevancia particular en Veraguas, una de las provincias de mayor extensión geográfica y dispersión poblacional del país. Esa realidad territorial explica el fraccionamiento de la atención por distritos y corregimientos en distintas fechas, una modalidad que busca evitar la concentración de beneficiarios en un único punto y ordenar el flujo de los convocados a lo largo del calendario.
El Ifarhu no ha detallado hasta el momento las fechas de las próximas jornadas en otros distritos de Veraguas ni en el resto de las provincias, aunque reiteró que la programación se dará a conocer de manera progresiva a través de sus plataformas digitales y canales oficiales, en la medida en que avance la coordinación con la Caja de Ahorros para la emisión de las tarjetas pendientes.
La continuidad del calendario dependerá, en las próximas semanas, del ritmo de emisión de las tarjetas y de la convocatoria diferenciada por corregimiento. Los beneficiarios que no puedan retirar su tarjeta en esta etapa —en particular quienes se identifican con pasaporte— quedan a la espera de una nueva fecha que la institución anunciará por sus vías habituales, según lo comunicado por el propio Ifarhu.