El contrato bajo revisión fue adjudicado en 2017 por poco más de $2.8 millones, con un plazo de ejecución original de 12 meses. Desde entonces, el proyecto fue objeto de sucesivas modificaciones que elevaron el monto contractual hasta cerca de $3.9 millones, según el detalle divulgado por el organismo fiscalizador. El consorcio beneficiario está integrado por Grupo Innova, S.A., En Gris Constructora, S.A., y Jardines Urbanos, S.A.
La auditoría forense examinará las adendas suscritas a lo largo de la ejecución del contrato, las ampliaciones de plazo concedidas, los estados de pago, las transacciones bancarias y las liquidaciones del consorcio, además de la documentación administrativa y técnica vinculada a la obra, según precisó la Contraloría.
Entre las modificaciones que concentran la atención de los auditores figura la cuarta adenda, suscrita el 16 de septiembre de 2024, cuando Ordóñez ya ocupaba la dirección de Pandeportes. El documento fue firmado por el propio director de la entidad y por Ximena Arias, representante legal del consorcio y cuñada de Ordóñez, según consta en el expediente contractual.
Esa cuarta adenda incorporó más de $198,000 al monto total del contrato y extendió el plazo de ejecución por 14 meses y 29 días, con lo que el periodo acumulado de la obra llegó a 87 meses y 14 días desde su adjudicación original. La nueva fecha fijada para la culminación del proyecto fue el 30 de abril de 2025. El acuerdo fue posteriormente refrendado por la Contraloría General.
El refrendo y el control previo de la Contraloría
El refrendo constituye el aval que el contralor otorga a los actos y contratos de las entidades públicas antes de su ejecución, un mecanismo de control previo previsto para la fiscalización del uso de fondos del Estado. Que la cuarta adenda haya sido refrendada implica que pasó por ese filtro pese a la relación de parentesco entre el director de Pandeportes y la representante legal del consorcio, elemento que la auditoría deberá esclarecer dentro de las atribuciones constitucionales de la institución.
En su comunicado, difundido a través de sus redes institucionales, Pandeportes afirmó que respeta las funciones constitucionales y legales de la Contraloría y que facilitará toda la información requerida por los auditores. La entidad aseguró que pondrá a disposición del organismo de control los expedientes administrativos y la documentación técnica y financiera de los proyectos objeto de revisión.
La institución sostuvo, además, que desde el inicio de la actual administración ha mantenido una política de colaboración con los organismos de control del Estado y que ha atendido los requerimientos de información que le han sido formulados. Pandeportes remarcó que los proyectos deportivos que desarrolla en la actualidad avanzan conforme a las etapas previstas en la normativa de contratación pública.
El caso del Consorcio Nueve Canchas Coclé se suma a una lista más amplia de contratos de Pandeportes que la Contraloría examinará en las próximas semanas, en el marco de las denuncias ciudadanas recibidas sobre presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos deportivos financiados con el Presupuesto General del Estado.
Las auditorías forenses son un instrumento que la Contraloría ha empleado para reconstruir el flujo completo de fondos en contratos estatales que han sufrido modificaciones sustanciales respecto a su diseño original, particularmente cuando el monto o el plazo se disparan por encima de lo pactado inicialmente. El de Coclé encaja en ese patrón: un contrato pensado para 12 meses que se prolongó a más de siete años.
La revisión de obras públicas con ampliaciones sucesivas de plazo y presupuesto no es nueva en Panamá. Distintos episodios de escrutinio sobre infraestructura han situado a las adendas como foco recurrente de riesgo en la contratación pública, un asunto que ha ocupado a las contralorías en la fiscalización de proyectos financiados con fondos del Estado.
El proceso de auditoría no tiene, por ahora, un plazo de conclusión anunciado por la Contraloría. De confirmarse irregularidades en el manejo de los fondos o en las condiciones de la cuarta adenda, el expediente podría trasladarse al Ministerio Público para determinar eventuales responsabilidades penales, un paso habitual cuando los hallazgos superan el ámbito estrictamente administrativo.
Hasta el momento, Pandeportes no se ha referido públicamente a la relación de parentesco entre Ordóñez y la representante legal del consorcio, ni ha anunciado medidas internas mientras se desarrolla la revisión. La entidad insistió en que su prioridad es colaborar con la fiscalización y garantizar la continuidad de las obras deportivas en ejecución en el resto del país.