«Hemos recibido la propuesta presentada por Costa Rica y será evaluada con la debida profundidad técnica, comercial y jurídica. Panamá seguirá conduciendo este proceso con firmeza, respeto y una visión de beneficio mutuo», señaló Moltó tras el encuentro con su contraparte costarricense. El ministro insistió en que Panamá apuesta por una relación basada en «el respeto mutuo, la reciprocidad y la consideración equilibrada de los intereses de ambas partes», y añadió que existen «retos compartidos» y también «planteamientos propios» de los sectores productivos panameños que forman parte de la agenda bilateral.
La propuesta de Costa Rica contempla dos acuerdos paralelos. El primero sería un memorando de entendimiento mediante el cual el gobierno costarricense se comprometería a tramitar las solicitudes de exportación de productos de interés para Panamá, con el acompañamiento de un organismo internacional que garantice el cumplimiento. El segundo plantea recurrir a un arbitraje bajo las reglas de la OMC para resolver la apelación que Panamá presentó contra el fallo que favoreció a Costa Rica en el diferendo.
Un arbitraje para sortear el bloqueo de la OMC
Este mecanismo de arbitraje buscaría superar el estancamiento provocado por la inoperatividad del Órgano de Apelación de la OMC, instancia ante la cual Panamá recurrió en febrero de 2025 al no estar de acuerdo con el fallo inicial. El Órgano de Apelación, máxima instancia del sistema de solución de diferencias de la organización, permanece paralizado desde diciembre de 2019 al no completarse el nombramiento de sus miembros, lo que ha dejado sin resolución definitiva numerosas apelaciones a escala mundial. Bajo la fórmula que propone Costa Rica, ambos países se comprometerían de antemano a aceptar y cumplir la decisión que emitan los árbitros internacionales, evitando así un nuevo bloqueo procesal.
El origen de la controversia se remonta a 2019, cuando Panamá impuso restricciones al ingreso de productos agrícolas y pecuarios procedentes de Costa Rica, entre ellos piña, fresas, carnes y lácteos. El gobierno costarricense llevó el caso ante la OMC en 2021 y obtuvo posteriormente un fallo favorable, que Panamá decidió apelar al considerar que no se ajustaba a sus intereses sanitarios y comerciales.
El diferendo volvió a escalar en 2026 luego de que la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, cuestionara públicamente las restricciones impuestas por Panamá. El mandatario panameño, José Raúl Mulino, respondió anunciando la suspensión de la venta de energía eléctrica a Costa Rica y defendiendo el principio de reciprocidad como eje de las relaciones entre ambos países.
La tensión no es un episodio aislado en la relación bilateral. Ambos países comparten una frontera terrestre y corredores comerciales estratégicos para Centroamérica, y han enfrentado en décadas anteriores fricciones puntuales por el paso de mercancías y por medidas sanitarias. El diferendo agrícola iniciado en 2019 es, sin embargo, el de mayor duración y complejidad jurídica que ambas naciones han ventilado ante un organismo internacional.
La reunión, además del contencioso agrícola, abordó la situación del transporte terrestre de carga entre ambos países. Panamá y Costa Rica acordaron intercambiar información con los gremios del sector de ambas naciones para recopilar sus planteamientos y explorar mecanismos que faciliten el movimiento de mercancías a través de la frontera común, en momentos en que las restricciones comerciales han generado también fricciones logísticas en el paso fronterizo.
Pese al acercamiento, la reunión entre Moltó y Trejos no produjo un acuerdo definitivo sobre la disputa. Lo alcanzado hasta ahora es un compromiso de continuar el diálogo y de que Panamá evalúe con detalle la propuesta costarricense antes de decidir si la acepta, la modifica o mantiene su posición. «Nuestro compromiso es avanzar con responsabilidad, procurando soluciones que faciliten el comercio», agregó el ministro panameño.
El siguiente paso corresponde a las autoridades panameñas, que deberán someter la propuesta a un análisis técnico, comercial y jurídico antes de dar una respuesta formal al gobierno costarricense. No se ha establecido públicamente un plazo definido para esa evaluación, aunque ambas partes coincidieron en mantener abierta la vía de la negociación bilateral como mecanismo preferente frente al litigio prolongado en instancias multilaterales. El desenlace, ya sea por acuerdo negociado o mediante arbitraje bajo las reglas de la OMC, definirá el acceso al mercado panameño de exportaciones costarricenses de piña y lácteos, así como el grado de protección sanitaria que reclaman los productores agropecuarios panameños.