Según lo expuesto por Carrasquilla, el plan busca atraer competiciones internacionales de pesca deportiva y captar inversión extranjera directa destinada al desarrollo de infraestructura hotelera especializada. El administrador situó el turismo de alto valor —aquel que involucra visitantes de mayor poder adquisitivo y estadías especializadas— como una vía para descentralizar la derrama económica del sector hacia zonas tradicionalmente apartadas del turismo de masas.
Las regiones señaladas como beneficiarias directas incluyen el Archipiélago de las Perlas, Bahía Piña, el Golfo de Chiriquí y el Parque Nacional Coiba, puntos con ecosistemas marinos reconocidos por la diversidad y abundancia de especies de interés deportivo. La ARAP sostiene que este perfil de visitante, a diferencia del turista convencional, tiende a distribuir el gasto de forma más directa en comunidades costeras e insulares con escasa diversificación económica, localidades que dependen del flujo estacional de viajeros especializados. La consolidación de una oferta permanente de marinas, muelles y hospedaje representaría, según la entidad, un salto respecto al modelo actual.
Blindaje aduanero frente a la pesca ilegal
Uno de los componentes del plan trienal contempla el fortalecimiento del control aduanero sobre la actividad pesquera, con el objetivo declarado de proteger la reputación del país en mercados exigentes en materia de sostenibilidad, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea. Para ello, la ARAP estructuró una comisión interinstitucional permanente con la participación de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y otras entidades de seguridad del Estado, orientada a garantizar que los productos marinos panameños no enfrenten barreras comerciales vinculadas a prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
La trazabilidad de las exportaciones pesqueras ha sido materia de escrutinio internacional recurrente. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada figura entre las amenazas persistentes para la sostenibilidad de las pesquerías del Pacífico y el Caribe, y Panamá, con uno de los registros marítimos abiertos más numerosos del mundo, ha estado bajo observación de mercados como el europeo, que aplica un sistema de tarjetas de advertencia a los terceros países que considera insuficientes en el combate de esa práctica. El anuncio actual apunta a formalizar bajo una estructura permanente la cooperación entre la ARAP y la ANA, entidades que ya han actuado de manera conjunta en la fiscalización de desembarques.
Empleo, territorio y las cifras aún pendientes
En el plano laboral, la ARAP proyecta que la construcción de marinas, astilleros de servicio técnico y complejos de hospedaje de alto estándar generará plazas de trabajo sostenible en las provincias de Chiriquí, Veraguas, Darién y Panamá. Entre los perfiles mencionados figuran capitanes de embarcación, guías turísticos, marineros y personal hotelero local, lo que sugiere una intención de incorporar a las comunidades preexistentes a la cadena de valor turística en lugar de desplazarlas.
No se ha hecho pública una cifra oficial de inversión estimada para el plan trienal ni un cronograma detallado de las obras que se buscaría atraer mediante capital privado. Tampoco se han precisado los mecanismos concretos de incentivo fiscal o facilitación de permisos bajo los cuales operaría la estrategia «Panamá Pa' ti» en este sector, información que deberá formalizarse en las próximas etapas de implementación.
Panamá acumula antecedentes de desarrollo turístico costero de alto perfil, como el crecimiento de Bocas del Toro desde la década de los años noventa, proceso que atrajo inversión hotelera pero también tensiones por el acceso a la tierra y la presión sobre ecosistemas frágiles. Ese precedente ilustra los desafíos habituales de este tipo de estrategias cuando la planificación institucional no se acompaña de mecanismos claros de ordenamiento territorial y protección ambiental.
El sector de la pesca deportiva ha crecido de forma sostenida en las últimas dos décadas, apoyado en la reputación internacional de destinos como el Golfo de Chiriquí y Bahía Piña, esta última reconocida por récords de captura certificados por asociaciones internacionales de pesca deportiva. La articulación con la normativa ambiental vigente será uno de los frentes por resolver, particularmente en zonas protegidas como el Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 2005, donde cualquier obra turística debe sujetarse a estudios de impacto ambiental y a las restricciones propias de su categoría de conservación.
El siguiente hito, conforme a lo anunciado por Carrasquilla, será la presentación conjunta de los lineamientos operativos del plan por parte de la ARAP y la ATP, que previsiblemente incluirían las alianzas con gremios de la industria turística y hotelera. De concretarse en los términos expuestos, la estrategia se ejecutaría a lo largo de tres años, plazo en el que deberán definirse las cifras de inversión, el cronograma de infraestructura y los mecanismos de fiscalización ambiental que el propio anuncio dejó pendientes.