El planteamiento de estas organizaciones se suma a una serie de reclamos que, en los últimos años, han señalado reducciones de personal en instituciones públicas salvadoreñas, un fenómeno que suele intensificar el debate sobre el tamaño del aparato estatal y su financiamiento dentro del Presupuesto General de la Nación. La MPJL agrupa a distintos sindicatos del sector público; el BRP y el MUPC han enfocado su discurso en la defensa de derechos laborales y el acceso a la educación superior estatal, respectivamente.
De acuerdo con la denuncia, los despidos afectarían a trabajadores de distintas dependencias estatales, aunque el documento no detalla cifras de personal cesado ni las instituciones específicas involucradas. Esa imprecisión obliga a que cualquier cifra sobre el número de plazas eliminadas sea contrastada con los registros que puedan publicar el Ministerio de Hacienda o las propias carteras de gobierno, responsables de reportar la nómina pública dentro del marco del Presupuesto General de la Nación.
Un debate que arrastra la posguerra
El señalamiento sobre una privatización encubierta remite a un debate recurrente en la historia reciente del país. Durante la década de 1990, en el marco de los Acuerdos de Paz de 1992 y las reformas económicas de la posguerra, El Salvador impulsó la privatización de la banca, las telecomunicaciones, la distribución eléctrica y el sistema de pensiones, procesos que generaron entonces un intenso debate político y sindical semejante al que ahora plantean estas organizaciones respecto a los servicios públicos actuales.
La MPJL ha señalado en ocasiones anteriores que los procesos de modernización institucional impulsados por distintos gobiernos salvadoreños han derivado en la subcontratación de servicios que antes prestaba directamente el Estado, un mecanismo que estas organizaciones identifican como una forma de privatización que no pasa por la venta formal de activos públicos ni requiere aprobación legislativa expresa. El BRP y el MUPC respaldan esa lectura y la extienden al financiamiento de la educación superior estatal, particularmente de la Universidad de El Salvador.
El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado de manera sucesiva por la Asamblea Legislativa, ha coincidido con cambios administrativos en distintas instituciones del Órgano Ejecutivo, aunque el material disponible no permite establecer una relación directa entre esa medida de seguridad y los despidos que las organizaciones denuncian. Cualquier vínculo entre ambos procesos requeriría de una verificación institucional que hasta el momento no consta.
Ante este tipo de señalamientos, el Órgano Ejecutivo ha defendido en el pasado que la reducción de personal en algunas dependencias responde a criterios de eficiencia administrativa y contención del gasto público, en línea con recomendaciones que organismos como el Fondo Monetario Internacional han planteado en sus revisiones periódicas de la economía salvadoreña.
El Banco Central de Reserva (BCR) reporta en sus informes de coyuntura económica variaciones en los niveles de desempleo y en la composición del empleo público y privado, cifras que sirven de referencia para contrastar denuncias de este tipo. El material disponible no incluye una referencia específica y actualizada del BCR sobre el fenómeno señalado por estas organizaciones, por lo que las magnitudes concretas quedan pendientes de verificación oficial.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha sido, en procesos similares registrados en años anteriores, la instancia a la que recurren trabajadores despedidos de instituciones públicas para denunciar presuntas violaciones a derechos laborales, aunque no consta hasta el momento que la MPJL o los otros colectivos hayan formalizado una denuncia ante ese organismo por los hechos referidos en su comunicado conjunto.
El marco normativo salvadoreño establece que los despidos en el sector público deben ajustarse a la Ley del Servicio Civil y, en el caso de empleados con fuero sindical, requieren de procedimientos específicos que incluyen la intervención de instancias laborales competentes. Cualquier alegación de despido irregular podría, en principio, derivar en procesos ante los juzgados de lo laboral o en reclamos administrativos ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
De cara a los próximos días, se espera que estas organizaciones profundicen en los casos concretos que sustentan su denuncia, en la medida en que trasciendan más detalles sobre las instituciones afectadas y el número de personas despedidas. La respuesta que eventualmente ofrezcan el Órgano Ejecutivo o el Ministerio de Trabajo y Previsión Social será determinante para esclarecer el alcance real de lo señalado por la MPJL, el BRP y el MUPC, en un debate que, por su naturaleza, seguirá presente en la agenda sindical y social del país en las próximas semanas.
