Los representantes de las organizaciones, integradas por cooperativas de pequeños productores y asociaciones campesinas, mostraron su preocupación ante la pérdida de las cosechas y advirtieron que la temporada de siembra de granos básicos se habría visto interrumpida por semanas sin precipitaciones suficientes en zonas dependientes de la agricultura de secano. En El Salvador, el ciclo de maíz y frijol se concentra tradicionalmente entre mayo y agosto, con las etapas conocidas como "primera" y "postrera".
La agricultura de granos básicos ocupa en el país a un amplio número de familias productoras, en su mayoría con parcelas pequeñas y sin acceso a sistemas de riego tecnificado. Esa dependencia del régimen de lluvias convierte a estas comunidades en particularmente vulnerables ante fenómenos como el veranillo o "canícula", un periodo de estiaje que ocurre entre julio y agosto en Centroamérica y que, según los voceros campesinos, se habría prolongado más de lo habitual este año.
Las organizaciones no citaron cifras oficiales de precipitación ni porcentajes de pérdida certificados por las autoridades. Sus voceros pidieron activar mecanismos de evaluación de daños en el terreno para dimensionar el impacto real en la producción de maíz, frijol y sorgo, cultivos que sostienen la seguridad alimentaria de buena parte de la población rural.
El reclamo de fondo apunta a lo que los gremios calificaron como abandono estatal del sector, en referencia a la reducción de programas de apoyo directo al agro que en administraciones anteriores incluían la entrega de paquetes agrícolas con semilla mejorada y fertilizante. Las organizaciones también señalaron que la sequía se suma a dificultades estructurales como el encarecimiento de insumos importados —fertilizantes y agroquímicos— y la falta de acceso a crédito formal para pequeños productores, quienes en su mayoría no califican para líneas bancarias tradicionales por carecer de garantías reales.
Un antecedente: la crisis de la roya del café
El precedente más citado entre los productores salvadoreños es la crisis de la roya del café que golpeó al país entre 2012 y 2014, cuando la producción cafetalera cayó de forma abrupta y organizaciones del sector reclamaron al Órgano Ejecutivo de entonces una respuesta más ágil en créditos y asistencia técnica. Aquel episodio derivó en la declaratoria de emergencia fitosanitaria y en líneas de financiamiento especiales canalizadas a través del Banco de Fomento Agropecuario.
El peso del agro en la economía salvadoreña es hoy minoritario frente a las remesas familiares y el sector servicios, que dominan la actividad económica del país. Sin embargo, su relevancia social es mayor que su aporte macroeconómico, pues concentra empleo en departamentos del oriente con altos índices de pobreza. Esa desproporción entre importancia productiva y peso económico explica, según los gremios, la vulnerabilidad de las comunidades ante cualquier choque climático.
El fenómeno que afecta al oriente salvadoreño se enmarca en un contexto regional más amplio: el Corredor Seco Centroamericano, una franja que atraviesa partes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, identificada históricamente como una de las zonas más expuestas a sequías recurrentes y variabilidad climática en la región. Los episodios de estrés hídrico en este corredor han motivado, en años previos, respuestas de organismos internacionales de asistencia alimentaria.
Hasta la fecha no se han reportado declaratorias oficiales de emergencia agropecuaria para los municipios mencionados en la conferencia. El procedimiento para una declaratoria de este tipo requiere, conforme a la normativa vigente, la verificación técnica de daños en campo y la posterior gestión de recursos, ya sea con cargo al Presupuesto General de la Nación o mediante cooperación internacional. Esa verificación es, precisamente, lo que las organizaciones reclamaron activar.
Organizaciones campesinas del oriente han acudido en ocasiones anteriores a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) cuando consideran que la falta de respuesta estatal ante crisis productivas vulnera derechos económicos y sociales de comunidades rurales, aunque en esta conferencia no se confirmó si se interpondría una solicitud formal ante esa institución.
Como demanda inmediata, los gremios plantearon que se realice un censo de daños en las zonas afectadas y que se evalúen mecanismos de apoyo crediticio o de insumos para la próxima temporada de siembra. No se especificó un plazo concreto para dicha respuesta ni se confirmó una reunión ya agendada con autoridades del ramo. El Órgano Ejecutivo no se pronunció de inmediato sobre las denuncias.
Las próximas semanas serán determinantes para constatar el alcance real de la sequía, en la medida en que se difundan cifras oficiales de producción y pérdidas, y en que el Órgano Ejecutivo defina si adopta medidas específicas de contingencia para el oriente del país antes del cierre del ciclo agrícola en curso. De su respuesta dependerá, según los productores, la viabilidad de la próxima siembra.
