El bosque El Espino constituye uno de los últimos parches significativos de vegetación en el área metropolitana de San Salvador, y su función como zona de recarga acuífera y regulación térmica ha sido señalada por especialistas ambientales durante años como un activo estratégico para una región densamente poblada. La discusión sobre su futuro no es nueva: organizaciones ecologistas han documentado desde la década pasada presiones urbanísticas sobre ese remanente forestal, en un entorno metropolitano que ha registrado una expansión inmobiliaria sostenida.
El informe ciudadano al que hacen referencia las organizaciones firmantes documenta actuaciones de distintas instituciones relacionadas con los permisos, estudios de impacto ambiental y decisiones administrativas que habrían permitido avanzar la construcción del nuevo recinto ferial. Las agrupaciones sostienen que ese proceso se habría desarrollado sin la participación adecuada de las comunidades aledañas ni de la sociedad civil organizada, un señalamiento que, de confirmarse, tocaría directamente el marco legal salvadoreño en materia de evaluación ambiental.
El marco legal en discusión
La Ley de Medio Ambiente, vigente desde 1998, establece la obligatoriedad de estudios de impacto ambiental para proyectos que puedan afectar ecosistemas relevantes, así como mecanismos de consulta pública antes de la aprobación de permisos ambientales. Las organizaciones que impulsan el informe consideran que ese procedimiento no habría sido cumplido con el rigor exigido en el caso de El Espino, mientras que representantes gubernamentales han defendido en ocasiones anteriores que los proyectos de esta naturaleza cuentan con los permisos correspondientes emitidos por la autoridad ambiental competente.
El traslado del recinto ferial hacia terrenos vinculados a El Espino forma parte de un proyecto de modernización de infraestructura para eventos que el Órgano Ejecutivo ha promovido como parte de una estrategia de atracción de inversión y turismo de negocios, en línea con otras apuestas recientes del país como Surf City. El actual Centro Internacional de Ferias y Convenciones ha sido durante décadas sede de exposiciones comerciales, ferias gastronómicas y eventos institucionales de alcance nacional.
El Salvador registra precedentes de tensiones entre proyectos de infraestructura y protección de ecosistemas urbanos. El caso de El Espino recuerda, en la memoria reciente de organizaciones ambientalistas, a discusiones previas sobre la urbanización de otras zonas verdes del área metropolitana, donde el crecimiento poblacional y la presión inmobiliaria han reducido de forma sostenida la cobertura vegetal disponible. La estrategia de documentar casos ambientales o de derechos humanos para presentarlos ante relatorías, organismos multilaterales o mecanismos de cooperación internacional ha sido empleada anteriormente por colectivos salvadoreños en disputas relacionadas con megaproyectos y con la gestión de recursos naturales, como el agua o la minería metálica, esta última prohibida en el país desde 2017 mediante una ley pionera en la región.
Réplica de las autoridades y objetivos de los colectivos
Hasta el momento no se ha registrado una respuesta pública detallada de las autoridades municipales ni de la autoridad ambiental sobre los señalamientos específicos contenidos en el informe ciudadano, y tampoco Casa Presidencial se ha referido de manera directa al documento presentado ante la comunidad internacional. Las organizaciones firmantes optaron por esa vía ante la percepción de que los mecanismos institucionales internos no habrían ofrecido respuestas satisfactorias a sus señalamientos.
Las organizaciones ambientales sostienen que su objetivo no es detener el desarrollo de infraestructura pública, sino garantizar que cualquier proyecto de esa envergadura cuente con estudios técnicos independientes, participación ciudadana efectiva y medidas de compensación ambiental proporcionales al ecosistema afectado. Plantean que la transformación de parte del bosque El Espino debería revisarse bajo estándares de sostenibilidad urbana que, según argumentan, ya se aplican en otros países de la región centroamericana para proyectos de similar magnitud.
La Asamblea Legislativa no ha abierto, hasta donde se conoce públicamente, una discusión formal sobre el caso de El Espino en el pleno del Salón Azul, aunque algunas fracciones legislativas han manifestado en el pasado interés por fortalecer la normativa de protección de zonas verdes urbanas ante el avance de la urbanización en el área metropolitana de San Salvador. Cualquier reforma en esa dirección requeriría el respaldo de una mayoría de los 60 diputados que integran el Órgano Legislativo.
De cara a los próximos meses, el caso podría evolucionar en varios frentes: por un lado, el avance físico de la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones, que continuaría su cronograma salvo que una eventual resolución judicial o administrativa lo frene; por otro, la respuesta que puedan ofrecer los organismos internacionales ante quienes se presentó el informe ciudadano, cuyo alcance y capacidad de incidencia sobre decisiones internas del Estado salvadoreño es, en la práctica, de naturaleza fundamentalmente política y de visibilización pública.
Las organizaciones firmantes han señalado su intención de dar seguimiento al caso y de mantener informada a la opinión pública sobre cualquier novedad relacionada con los permisos ambientales, el estado de la obra y las posibles vías legales disponibles, incluyendo eventuales acciones ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia si consideran que se han vulnerado derechos constitucionales vinculados al medio ambiente y a la participación ciudadana.
