El precio de referencia de la contratación fue establecido por el Municipio de Panamá en $4.5 millones, incluido el ITBMS. Según la comuna, la cifra se calculó con base en el Manual de Costos Directos de la Contraloría General de la República, complementado con estudios de mercado y cotizaciones de proveedores del sector. El monto contempla las obras de rehabilitación, el suministro e instalación de equipos y un componente de mantenimiento preventivo y correctivo posterior a la ejecución.
No es el primer intento del Municipio por resolver el deterioro de estas instalaciones. Un proceso de licitación anterior para las mismas piscinas fue cancelado, tras lo cual una nueva revisión técnica concluyó que el deterioro excedía lo previsto y requería trabajos que van más allá del mantenimiento rutinario. Esa evaluación determinó la necesidad de reconstrucciones parciales y adecuaciones en sistemas esenciales, entre ellos los componentes hidráulicos y de filtrado.
El alcance del proyecto, según el pliego de condiciones, no se limita a la reparación de los vasos de las piscinas. Contempla también la renovación de áreas húmedas, vestidores, duchas y graderías, la adecuación de los cuartos técnicos, nuevas redes de plomería y electricidad, trabajos de impermeabilización y la colocación de revestimientos especializados, con el propósito de extender la vida útil de las instalaciones. La planificación incorpora, además, elementos de urbanismo y paisajismo, mobiliario urbano y mejoras en las condiciones de accesibilidad, con el objetivo de que los complejos deportivos ofrezcan entornos más seguros y funcionales para los usuarios y para el desarrollo de programas deportivos y comunitarios.
Consultas técnicas durante la homologación
Durante la reunión, representantes de empresas como Consorcio Gecob Manare y Geopools Panamá, S.A. plantearon consultas sobre las condiciones del pliego, un ejercicio habitual dentro de los procesos de contratación pública que antecede a la presentación de ofertas. Entre los temas discutidos figuró el requisito de experiencia previa en la construcción de piscinas con una capacidad de al menos 500 metros cúbicos.
También se debatieron los materiales previstos para los revestimientos, con la propuesta de evitar el uso de baldosas por consideraciones relacionadas con su durabilidad y desempeño en este tipo de instalaciones. La accesibilidad ocupó un lugar destacado en las observaciones: se planteó la necesidad de incorporar elevadores que permitan el acceso a las piscinas a personas con discapacidad y adultos mayores, particularmente en la instalación de Betania.
En el caso de la piscina de San Francisco, se consultó además sobre la posibilidad de trasladar los cuartos destinados al manejo de productos químicos, con el fin de aprovechar mejor el espacio disponible debajo de las graderías. Este tipo de ajustes, propios de la etapa de homologación, suelen incorporarse al pliego antes de la apertura formal de propuestas.
Un proceso que entra en etapa decisiva
Con la recepción de propuestas fijada para el 13 de agosto, el proceso de contratación entrará en una fase determinante. Corresponderá a la comuna evaluar las ofertas técnicas y económicas presentadas por las empresas participantes, en un procedimiento que, como toda contratación estatal, requerirá el refrendo del contralor general de la República para la firma del contrato definitivo. Ese aval de la Contraloría constituye un requisito indispensable para que un contrato con el Estado pueda ejecutarse y desembolsarse.
La cancelación del proceso anterior ilustra un patrón recurrente en el mantenimiento de instalaciones deportivas municipales: intervenciones postergadas que, con el paso del tiempo, terminan requiriendo obras de mayor alcance y costo. Lo que en principio pudo abordarse con mantenimiento rutinario derivó, en el caso de estas cuatro piscinas, en la necesidad de reconstrucciones parciales y adecuaciones en sistemas esenciales.
Las piscinas Alma Osorio, San Miguel, Villa Cáceres y San Francisco se ubican en los corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia, tres áreas de uso intensivo dentro del distrito de Panamá. Su rehabilitación busca recuperar espacios destinados tanto a actividades recreativas como a programas deportivos comunitarios.
El pliego disponible hasta ahora no fija públicamente un plazo definitivo de ejecución una vez adjudicado el contrato. La adjudicación final dependerá de la evaluación que realice la comuna sobre las propuestas presentadas el 13 de agosto, tomando en cuenta tanto el componente técnico como el económico. Superada esa etapa y obtenido el refrendo correspondiente, las obras podrían iniciar en los meses siguientes, sujetas a los tiempos administrativos posteriores a la firma del contrato.