El proyecto busca crear un marco jurídico específico para la búsqueda de personas desaparecidas en el país, un fenómeno que organizaciones de derechos humanos han documentado durante décadas: primero en el contexto del conflicto armado interno (1980-1992), luego durante los años marcados por la violencia de pandillas y, más recientemente, en el marco de las denuncias asociadas al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
El procedimiento legislativo salvadoreño exige que toda iniciativa de ley, tras su lectura en el pleno, sea remitida a la comisión correspondiente para su estudio, discusión con los sectores interesados y eventual dictamen, que después regresa al pleno para su aprobación, modificación o archivo. Al no reunirse los votos para ese traslado, el proyecto quedó sin ruta dentro del engranaje parlamentario, aunque el Bloque de Búsqueda podría insistir en sesiones posteriores.
Nuevas Ideas controla una mayoría amplia en la Asamblea Legislativa desde las elecciones legislativas de 2021, ratificada y ampliada en los comicios de 2024, lo que le permite decidir por sí sola el destino de prácticamente cualquier pieza legislativa sin necesidad de negociar con otras fracciones. Esa capacidad de bloqueo o impulso unilateral condiciona el trámite de cualquier iniciativa que no cuente con el aval oficialista, como ocurrió este jueves con la propuesta del Bloque.
Diputados de fracciones minoritarias presentes en el Salón Azul cuestionaron la decisión y pidieron que, al menos, se permitiera el estudio técnico de la iniciativa antes de descartarla.
El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas agrupa a colectivos de familiares que durante años han exigido al Órgano Ejecutivo y al Órgano Legislativo la creación de un sistema unificado de búsqueda, con protocolos estandarizados y mecanismos de coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto de Medicina Legal. La propuesta se enmarca en ese reclamo histórico de las organizaciones de víctimas.
Sin una ley de búsqueda propia, El Salvador ha dependido de mecanismos dispersos. La Comisión Nacional de Búsqueda de personas adultas desaparecidas en el contexto del conflicto armado y la comisión equivalente para la niñez surgieron de decisiones institucionales adoptadas ante la ausencia de un marco legal integral. Organizaciones de víctimas han insistido en que esas comisiones carecen de presupuesto suficiente y de facultades para acceder a archivos militares o policiales.
Un vacío legal que arrastra décadas
Los antecedentes de comisiones de búsqueda en el país han estado marcados por tensiones entre el Órgano Judicial, del que emanaron las órdenes de creación, y el Órgano Ejecutivo, responsable de dotarlas de recursos dentro del Presupuesto General de la Nación. Esas instancias han operado históricamente con presupuestos limitados, según han señalado de forma reiterada organizaciones de derechos humanos, que reclaman una ley que les otorgue estructura, financiamiento estable y competencias efectivas.
El régimen de excepción, prorrogado mes a mes por la Asamblea Legislativa desde su decreto inicial en marzo de 2022, ha añadido una nueva dimensión a la discusión sobre personas desaparecidas. Organizaciones de acompañamiento a víctimas han denunciado casos de familias que aseguran no haber recibido información oficial sobre el paradero de sus parientes detenidos, un reclamo que el proyecto pretende abordar mediante un sistema unificado de registro y búsqueda.
En la región centroamericana existen precedentes de leyes y comisiones de búsqueda con respaldo estatal que las organizaciones salvadoreñas han citado como referencia ante la Asamblea Legislativa en distintas legislaturas, al plantear que un mecanismo con financiamiento público y acceso a archivos oficiales resulta indispensable para esclarecer casos pendientes. El proyecto conocido este jueves recoge parte de esas demandas.
El destino de la iniciativa dependerá de si el Bloque de Búsqueda logra reunir apoyo suficiente en sesiones plenarias posteriores o si la propuesta queda sin trámite. El procedimiento legislativo permite reintroducir formalmente iniciativas no aprobadas, por lo que la próxima oportunidad para retomar el debate podría producirse en semanas siguientes, si alguna fracción o comisión decide colocar de nuevo el punto en la agenda. Hasta el momento no se ha fijado una fecha para una nueva discusión en el pleno.
