De confirmarse en los términos planteados, el anuncio supondría un paso adicional en la estrategia del Órgano Ejecutivo de posicionar al país como referente regional en la adopción de activos digitales, una línea económica que ha marcado buena parte de la agenda del gobierno del presidente Nayib Bukele desde el inicio de su primer mandato.
La ley Bitcoin, aprobada por la Asamblea Legislativa en junio de 2021, estableció la criptomoneda como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense, que desde 2001 es la divisa oficial del país tras la dolarización impulsada durante el gobierno de Francisco Flores. Esa convivencia monetaria ha sido, desde el inicio, objeto de análisis por parte de organismos internacionales y de la banca local.
Un banco sin figura regulatoria previa
Un eventual banco de bitcóin implicaría la creación de una entidad regulada específicamente para operaciones con la criptomoneda, una figura que hasta ahora no existe de forma explícita en el marco regulatorio salvadoreño. La Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva son las instituciones llamadas a pronunciarse sobre cualquier desarrollo normativo de este tipo, dado que ambas ejercen competencias de supervisión sobre el sistema financiero nacional.
La Oficina Nacional de Bitcoin, creada por el Órgano Ejecutivo para coordinar la estrategia cripto del país, ha sido la entidad encargada de promover iniciativas como la billetera digital Chivo Wallet, lanzada en 2021 con un bono de $30 para cada usuario que se registrara, y de gestionar las tenencias de bitcóin acumuladas por el Estado salvadoreño desde entonces.
El uso efectivo del bitcóin como medio de pago cotidiano ha sido, sin embargo, un punto recurrente de debate. Distintos sondeos y estudios difundidos tras la adopción legal han reflejado que una parte minoritaria de la población utiliza la criptomoneda de manera habitual para transacciones diarias, en contraste con el uso mayoritario y consolidado del dólar.
El Fondo Monetario Internacional, con el que El Salvador mantiene un acuerdo de financiamiento suscrito en 2024, ha planteado en sus revisiones técnicas recomendaciones relacionadas con la exposición fiscal del Estado a la volatilidad del bitcóin y con la necesidad de acotar los riesgos derivados de su condición de moneda de curso legal. El organismo ha reconocido avances del gobierno salvadoreño en la implementación de algunas de esas recomendaciones.
Casa Presidencial no ha ofrecido, hasta el momento, una confirmación oficial sobre los detalles concretos de la propuesta ni sobre el calendario legislativo que seguiría una eventual iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa, donde la fracción de Nuevas Ideas cuenta con mayoría desde las elecciones de 2024. Los sectores empresariales y gremios financieros locales tampoco se han pronunciado públicamente sobre la propuesta, aunque en el pasado algunas cámaras empresariales han expresado cautela ante los riesgos de volatilidad asociados a la criptomoneda para las pequeñas y medianas empresas, que operan mayoritariamente en dólares.
El antecedente de la dolarización
El precedente más cercano en la historia económica reciente del país es la propia dolarización de 2001, un cambio de régimen monetario que también generó entonces un intenso debate sobre su impacto en los sectores más vulnerables de la población y sobre la pérdida de política monetaria propia por parte del Banco Central de Reserva. Aquel proceso, adoptado por decreto legislativo, marcó el fin del colón como moneda de circulación y trasladó a la banca la adaptación operativa a la nueva divisa.
De concretarse, el proyecto tendría que sortear un proceso legislativo que incluiría su discusión en comisión, previsiblemente la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, antes de someterse a votación en el pleno del Salón Azul, donde una reforma de esta naturaleza requeriría el respaldo mayoritario de los diputados propietarios de las 60 curules.
El Salvador continúa siendo observado como caso de estudio único a nivel mundial sobre la adopción estatal del bitcóin, tanto por sus promotores como por organismos multilaterales que han advertido sobre los riesgos de la exposición pública a un activo volátil. Cualquier movimiento normativo en torno a una entidad bancaria dedicada a la criptomoneda se sigue con atención en ese debate internacional.
Está por verse si la propuesta se traduce en un anteproyecto de ley formal presentado ante la Asamblea Legislativa en los próximos meses, y si el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero emitirán pronunciamientos técnicos sobre la viabilidad regulatoria de una entidad bancaria dedicada exclusivamente a operaciones con criptomonedas.
