La decisión, de confirmarse en los términos en que ha trascendido, representaría una ruptura adicional con el calendario institucional que Nicaragua ha mantenido formalmente desde el retorno de Ortega al poder en 2007. El país celebró su último proceso electoral general en noviembre de 2021, en comicios que la Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó de ilegítimos por la exclusión previa de candidatos opositores y el encarcelamiento de al menos siete aspirantes presidenciales.
Desde entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado de forma reiterada patrones de detenciones arbitrarias, confiscación de bienes a opositores y disolución de organizaciones no gubernamentales. Según informes de ese organismo, dependiente de la OEA, más de 3,000 organizaciones civiles han sido canceladas en Nicaragua desde 2018, año en que estallaron las protestas contra el gobierno de Ortega y que dejaron, según cifras de la propia CIDH, más de 300 personas fallecidas.
Los casos de las mujeres detenidas y el patrón documentado
El material periodístico que motiva esta alerta regional recoge los testimonios de cuatro mujeres que habrían permanecido bajo custodia del Estado nicaragüense en los últimos años, en condiciones que organizaciones de derechos humanos han calificado como violatorias de garantías procesales básicas. Los casos coinciden con el patrón general documentado por la CIDH: procesos judiciales sumarios, restricciones al acceso a defensa legal y comunicación limitada con familiares.
Organizaciones que llevan registro de personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua han contabilizado casos similares desde 2018. Según sus reportes, la cifra de presos políticos ha oscilado entre varios cientos a lo largo de los años, con liberaciones puntuales —algunas mediante deportación a EUA— que no han detenido el patrón de nuevas detenciones. Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, que ejercen un control conjunto del aparato estatal según ha documentado la CIDH, no han ofrecido declaraciones públicas que confirmen o desmientan el anuncio de suspensión de futuros comicios.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022 y con mandato renovado en años posteriores, ha señalado en sus informes la existencia de un patrón sistemático de represión que, según sus conclusiones, podría constituir violaciones graves al derecho internacional. El gobierno nicaragüense ha rechazado de forma reiterada estos informes, a los que ha calificado de injerencistas.
Para Centroamérica, la situación nicaragüense no es un asunto aislado. El Salvador, Guatemala y Honduras comparten con Nicaragua flujos migratorios significativos, y miles de nicaragüenses han solicitado refugio o residencia temporal en Costa Rica y en otros países de la región desde 2018, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El precedente salvadoreño y la posición oficial
El caso nicaragüense guarda paralelismos con episodios que la región vivió en décadas anteriores, incluida la propia experiencia salvadoreña durante el conflicto armado de 1980 a 1992, cuando organismos internacionales documentaron violaciones de derechos humanos por distintos actores. La Comisión de la Verdad para El Salvador, constituida tras los Acuerdos de Paz de Chapultepec de 1992, dejó como precedente la importancia de la verificación internacional independiente en situaciones de crisis institucional prolongada.
La Asamblea Legislativa salvadoreña no ha emitido pronunciamientos recientes específicos sobre la situación nicaragüense, aunque el país ha respaldado en el pasado resoluciones de la OEA relacionadas con esa crisis. La política exterior salvadoreña hacia Nicaragua ha variado en los últimos años según las administraciones, sin que exista actualmente una postura oficial detallada del Órgano Ejecutivo sobre el más reciente anuncio atribuido a Ortega.
La OEA, de la que Nicaragua se retiró formalmente en noviembre de 2023 tras un proceso de dos años, ya no cuenta con mecanismos de verificación electoral en el país. Ese vacío institucional dificulta la fiscalización externa de cualquier proceso —o ausencia de proceso— electoral futuro, y coloca a organismos como la CIDH y Naciones Unidas como principales canales de monitoreo desde el exterior.
Para el istmo, integrado además por Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y Belice, la consolidación de un modelo sin alternancia electoral en Nicaragua plantea interrogantes sobre la estabilidad democrática regional, un asunto que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ha abordado con cautela diplomática, sin medidas vinculantes hasta la fecha.
En los próximos meses, la atención regional e internacional se centrará en si el anuncio atribuido a Ortega se traduce en una reforma constitucional o legal formal, un paso que requeriría la aprobación de la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo sandinista. También será determinante la respuesta que ofrezcan la CIDH, la ONU y los gobiernos de la región, así como el eventual pronunciamiento de la comunidad internacional sobre la situación de las personas detenidas bajo custodia estatal en el país.
