El expediente administrativo se abrió después de que denuncias ciudadanas alertaran sobre posibles afectaciones en el área. La verificación ambiental que corresponde a MiAmbiente se sustenta en la Ley 41 de 1998, Ley General de Ambiente de la República de Panamá, que faculta a la institución para inspeccionar, sancionar y ordenar medidas correctivas a las fuentes de contaminación identificadas en el territorio nacional.
Según el ministerio, el proceso investigativo combinó inspecciones de campo, muestreos de agua y pruebas técnicas que permitieron ubicar una estructura del sistema pluvial con acumulación de lodos. Una prueba de tinción, realizada posteriormente, confirmó que las aguas residuales generadas por la planta de tratamiento de la empresa llegaban a ese sistema pluvial, el cual desemboca en un emisario submarino con destino final en la bahía de Panamá.
Como medida preventiva, la institución ordenó la suspensión temporal de las operaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa. La autorización para reanudar actividades, según indicó la entidad, se otorgó únicamente después de que se verificara la ejecución de las medidas de mitigación y adecuación exigidas.
Además de la multa, MiAmbiente ordenó a Industrias Panamá Boston implementar un plan de limpieza y mantenimiento del sistema pluvial afectado, ejecutar monitoreos de la calidad del agua, someter su infraestructura a inspecciones periódicas, capacitar a su personal en el manejo de aguas residuales y regularizar su permiso de concesión de descarga conforme a la normativa técnica DGNTI COPANIT 35-2019, que regula los parámetros de vertidos líquidos al ambiente en el país.
De acuerdo con la propia entidad, la cifra impuesta se encuentra entre las sanciones más altas registradas en un expediente de contaminación en Panamá.
Un historial de denuncias que arranca en mayo
Este no es el primer señalamiento que enfrenta la empresa. En mayo de este año, la representante del corregimiento de San Francisco elevó un llamado al titular de MiAmbiente, Juan Carlos Navarro, para denunciar presuntos problemas de contaminación del aire atribuidos a la planta. La funcionaria sostuvo que los residentes del sector llevaban años reportando afectaciones, principalmente por emisiones y otras molestias asociadas a las operaciones industriales.
La representante de corregimiento aseguró, además, haber recibido intimidaciones por parte del equipo legal de la empresa, episodio que —según indicó— quedó documentado en un video que ella misma difundió en sus redes sociales.
El caso de Boca la Caja se remonta a más atrás. Una publicación de septiembre de 2003 ya recogía denuncias de moradores del sector que atribuían a empresas de la zona, entre ellas Panamá Boston, la descarga de sustancias químicas que, según los residentes, generaban fuertes olores y afectaban actividades tradicionales como la captura de ostiones y otras conchas marinas en la bahía. En aquel momento, la empresa rechazó los señalamientos y sostuvo que cumplía con las medidas ambientales.
La distancia de más de dos décadas entre aquellas primeras denuncias y la sanción impuesta ahora ilustra el tiempo que han enfrentado las comunidades costeras del área para obtener una respuesta institucional frente a la contaminación atribuida a fuentes industriales puntuales.
Sin reacción de la empresa y la vía del recurso
Al cierre de esta nota no se conocía ninguna reacción pública de Industrias Panamá Boston respecto a la multa ni al plan de mitigación exigido por MiAmbiente. El marco legal panameño contempla la posibilidad de que las empresas sancionadas presenten recursos de reconsideración ante el propio ministerio o recurran a instancias jurisdiccionales superiores.
La bahía de Panamá ha sido objeto de distintos proyectos de saneamiento en las últimas dos décadas, orientados a reducir las descargas de aguas residuales domésticas e industriales que terminan en ese cuerpo de agua. La contaminación proveniente de fuentes industriales puntuales, como la señalada en este caso, representa un desafío adicional a ese esfuerzo de recuperación ambiental.
De cara a los próximos meses, MiAmbiente deberá verificar el cumplimiento del plan de limpieza, los monitoreos de calidad de agua y la regularización del permiso de concesión de descarga exigidos a la empresa. La eficacia de estas medidas correctivas, y la eventual respuesta de Industrias Panamá Boston ante la sanción, marcarán si el expediente se traduce en una recuperación efectiva del sistema pluvial de Boca la Caja o si la disputa se prolonga sin solución definitiva para los residentes del corregimiento de San Francisco.