El viaje a Quito —Mulino llegó en la mañana del viernes y regresó a Panamá esa misma noche— se produjo en un momento en que la agenda internacional del mandatario ha sido objeto de escrutinio público. Desde el 18 de junio, el presidente no ha retomado sus conferencias semanales en el país, un espacio que había utilizado para rendir cuentas sobre la gestión de gobierno desde el inicio de su administración, en julio de 2024.
Durante la entrevista, que se extendió por unos 15 minutos, el presidente puso como ejemplo de su tesis la relación que ha cultivado con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. Según Mulino, el contacto directo y personal entre jefes de Estado ha permitido mejorar «notablemente» los vínculos bilaterales entre Panamá y Ecuador, país que figura como el noveno usuario del Canal de Panamá.
El mandatario defendió lo que denominó diplomacia presidencial como una herramienta para atraer inversión extranjera, fortalecer alianzas comerciales y posicionar internacionalmente al país. Sostuvo que Panamá mantiene, bajo su gestión, una política exterior «fuerte, agresiva y coordinada», no solo hacia los países de la región, sino también hacia socios de fuera del continente americano. Entre los intereses comerciales con Ecuador, resaltó el tránsito por la vía interoceánica.
La justificación de Mulino se produce en un contexto en el que la fiscalización de los viajes presidenciales al exterior ha sido una constante en la vida institucional panameña, dado que cada gira implica gastos con cargo a la partida asignada a la Presidencia de la República dentro del Presupuesto General del Estado, sujetos en última instancia al escrutinio de la Contraloría General de la República. No es la primera vez que un mandatario panameño enfrenta cuestionamientos por el volumen de sus desplazamientos internacionales: administraciones anteriores, incluidas las de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), también debieron responder públicamente sobre el costo y la pertinencia de sus giras.
Seguridad, Darién y su etapa como ministro
Más allá de la agenda de política exterior, Mulino abordó en la misma entrevista la situación de seguridad en la frontera con Colombia y la ruta migratoria de la selva del Darién. El mandatario reconoció que Panamá continúa siendo utilizado como corredor para el tráfico de drogas, particularmente a través de la costa Pacífica, y afirmó que el país mantiene una estrategia de seguridad que se actualiza de forma constante.
El presidente volvió a atribuirse personalmente la decisión de cerrar el tránsito migratorio irregular por el Darién, una de las banderas centrales de su gestión desde que asumió el Órgano Ejecutivo. «Yo cerré el Darién. Era la única forma. La única manera», sostuvo, y recordó que, dos semanas antes de tomar posesión, visitó los albergues habilitados para migrantes y constató de primera mano la magnitud del drama migratorio que atravesaba la provincia.
El mandatario evocó también su paso como ministro de Seguridad durante la administración de Ricardo Martinelli, entre 2009 y 2014, etapa en la que —según su relato— tuvo un papel activo en la frontera con Colombia. Aseguró que, en ese período, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a ocupar el 26% del territorio de la provincia de Darién, y que fueron desalojadas de la zona «a punta de bala y a punta de empujones».
Sobre su forma de ejercer la Presidencia, Mulino insistió en que llegó al Palacio de las Garzas a «trabajar incansablemente» y que su administración se ha concentrado en integrar a Panamá con el resto del mundo, tomar decisiones que calificó como difíciles y dejar obras concretas como legado. El presidente rechazó de forma expresa que su estilo de gobierno pueda calificarse de populista: argumentó que no puede «repartir plata desde el gobierno» ni hacer promesas que no esté en condiciones de cumplir, y admitió que varias de las decisiones adoptadas han sido «fuertes» y «drásticas», sin precisar a cuáles se refería.
Mulino también se refirió al desgaste personal que conlleva el cargo, y empleó el término en inglés multitasking para describir la simultaneidad de responsabilidades de un jefe de Estado. «La Presidencia de la República es un puesto relativamente solo», sostuvo, en referencia al carácter aislante que, según su experiencia, tiene la máxima magistratura del país.
La ausencia de conferencias semanales desde junio, sumada al ritmo sostenido de viajes internacionales, ha alimentado preguntas sobre los mecanismos de rendición de cuentas del Órgano Ejecutivo ante la ciudadanía. La Constitución Política de la República no establece una periodicidad obligatoria para las comparecencias presidenciales, por lo que la práctica de las conferencias semanales había sido, hasta ahora, una decisión discrecional del propio mandatario.
El debate sobre los viajes presidenciales al exterior no es ajeno a otros países de la región, donde jefes de Estado han enfrentado señalamientos similares sobre el costo y la frecuencia de sus giras internacionales frente a las prioridades de gobierno interno. En Panamá, la fiscalización de estos gastos recae en última instancia sobre la Contraloría General de la República, entidad encargada del refrendo de los contratos estatales y del examen de la ejecución presupuestaria del Ejecutivo.
De cara a lo que resta de su período, que se extiende hasta 2029, el mandatario no ha anunciado cambios en su agenda internacional ni ha precisado si retomará las conferencias semanales suspendidas desde junio. La discusión sobre el equilibrio entre la proyección exterior del país y la rendición de cuentas interna previsiblemente seguirá marcando el debate público en los próximos meses, particularmente en el marco de las vistas presupuestarias que la Asamblea Nacional deberá adelantar para el ejercicio fiscal 2027.