La medida deroga el Decreto Ejecutivo No. 68 del 26 de julio de 2024, con el cual el Órgano Ejecutivo había designado a Villanueva Martinelli para un periodo de cinco años en la Junta Directiva de Tocumen, S.A., coincidente con el actual quinquenio presidencial. El nuevo decreto se limita a señalar en sus considerandos que "se hace necesario dejar sin efecto" dicha designación, sin ofrecer una motivación más amplia sobre las razones de fondo que llevaron al Ejecutivo a revertir su propia decisión de hace poco más de dos años.
Villanueva Martinelli es abogada, empresaria y conferencista, e hija de Analida Martinelli Berrocal, con lo cual es sobrina del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014. Su nombramiento en 2024 se había producido bajo la propia administración de Mulino, cuya candidatura contó en su momento con el respaldo político de Martinelli y de su partido, Realizando Metas, en una alianza que resultó determinante para la victoria electoral de mayo de ese año.
El decreto y el marco legal que lo sustenta
El Ejecutivo fundamentó la decisión en el Texto Único de la Ley 23 del 29 de enero de 2003, que establece el régimen jurídico para la administración de los aeródromos y aeropuertos de uso público en Panamá, con las reformas incorporadas por la Ley 71 de 2009, la Ley 86 de 2012, la Ley 125 de 2013 y la Ley 24 de 2014. Este cuerpo normativo rige desde hace más de dos décadas la operación de Tocumen, S.A., la sociedad anónima de capital estatal que administra la principal terminal aérea del país.
El artículo 5 de ese Texto Único define la composición de la Junta Directiva de Tocumen, S.A., que incluye cuatro directores designados por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ese mecanismo de nombramiento explica por qué el propio Ejecutivo puede, mediante decreto y sin necesidad de trámite ante la Asamblea Nacional, tanto designar como remover a los directores que representan al Estado en esa junta, a diferencia de otros cargos que requieren ratificación legislativa.
La figura del decreto ejecutivo como instrumento para nombrar y cesar directores en empresas estatales es común en la estructura administrativa panameña, donde diversas entidades autónomas y sociedades anónimas de capital estatal dependen de la voluntad del Ejecutivo para la conformación de sus órganos de gobierno corporativo. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en cambio, mantiene un régimen distinto por mandato constitucional que la aísla de este tipo de nombramientos discrecionales.
El decreto entra a regir a partir de su promulgación, pero no precisa la designación de un reemplazo para el asiento que queda vacante. De este modo, la salida de Villanueva Martinelli queda formalizada de inmediato, mientras el proceso para llenar la vacante permanece abierto sin plazo fijado en el documento publicado.
Un asiento en la junta del principal aeropuerto del país
Tocumen, S.A. administra el Aeropuerto Internacional de Tocumen, catalogado durante años como uno de los principales centros de conexiones aéreas de América Latina por volumen de rutas y pasajeros en tránsito. La Junta Directiva de la empresa adopta decisiones sobre inversión en infraestructura, contratos de concesión comercial y expansión de la terminal, de manera que la salida de uno de sus miembros incide en la gobernanza de un activo económico central para el país.
La remoción se produce en un contexto de tensiones intermitentes entre el gobierno de Mulino y el entorno político y familiar de Ricardo Martinelli desde 2025. El expresidente afrontó procesos judiciales que derivaron en su salida hacia Colombia como asilado, tras permanecer meses refugiado en la embajada de ese país en la ciudad de Panamá. En el caso conocido como New Business, Martinelli fue condenado en primera instancia por blanqueo de capitales.
Hasta el momento, ninguna de las partes directamente involucradas —ni la Presidencia, ni el MEF, ni la propia Villanueva Martinelli— ha ofrecido una explicación pública detallada sobre los motivos específicos del cese, más allá de la fórmula genérica empleada en los considerandos del decreto. La ausencia de una designación inmediata de reemplazo deja transitoriamente un asiento vacante en la junta de una de las empresas estatales con mayor peso económico del país.
La remoción de directores en empresas estatales panameñas mediante decreto ejecutivo, sin explicación extensa, tiene precedentes en administraciones anteriores. Durante los gobiernos de Ricardo Martinelli (2009-2014), Juan Carlos Varela (2014-2019) y Laurentino Cortizo (2019-2024) se registraron recomposiciones en juntas directivas de entidades como la Caja de Seguro Social, el Banco Nacional de Panamá o la propia Tocumen, S.A., generalmente asociadas a ajustes de cuotas políticas dentro de las coaliciones de gobierno.
El caso actual se distingue por el parentesco directo entre la funcionaria removida y un expresidente que fue pieza clave en la coalición electoral que llevó a Mulino al poder en 2024. Esa circunstancia ha llevado a sectores políticos a leer la medida como un indicador de la evolución de dicha alianza, sin que existan hasta ahora declaraciones oficiales que confirmen o descarten esa interpretación.
La Contraloría General de la República, encargada de fiscalizar el uso de los fondos públicos y de refrendar los contratos que suscriben las entidades estatales, no interviene en el proceso de designación o remoción de directores de juntas como la de Tocumen, S.A., competencia que el Texto Único de la Ley 23 atribuye en exclusiva al Órgano Ejecutivo.
De cara a los próximos días, se espera que el MEF, en su calidad de entidad designante bajo el marco de la Ley 23, anuncie el nombre de la persona que ocupará la posición vacante, aunque el decreto publicado en la Gaceta Oficial no fija un plazo perentorio. La composición final de la junta y el rumbo de los proyectos de expansión del aeropuerto serán los elementos a seguir en las próximas semanas.