El relevo en el Meduca llega en un momento de tensión institucional. La salida de Molinar estuvo marcada por cuestionamientos en torno a la adquisición de computadoras portátiles para estudiantes, un proceso que generó dudas sobre la ejecución de recursos públicos destinados a equipamiento tecnológico en las escuelas oficiales. El refrendo de la Contraloría General es el aval que la ley panameña exige para los contratos estatales, de modo que cualquier revisión del proceso pasaría por ese Órgano de fiscalización; hasta el momento no consta un pronunciamiento público concluyente sobre la compra, que continúa bajo escrutinio.
Jóvenes Unidos por la Educación planteó, en un comunicado, que el nuevo ministro debe partir de un diagnóstico nacional que sirva como línea base para medir el estado real del sistema educativo, aprovechando las pruebas diagnósticas aplicadas recientemente en materias básicas. La organización sostuvo que sin esa fotografía inicial resulta imposible evaluar si las políticas que se implementen en lo que resta del periodo de gobierno logran resultados verificables.
La cifra que la organización utiliza para dimensionar la urgencia proviene de la Defensoría del Pueblo: uno de cada tres niños panameños vive en condición de pobreza multidimensional, y el 15% de los niños indígenas se encuentra fuera del sistema escolar. Esa brecha es particularmente pronunciada en las comarcas, donde la dispersión geográfica y la falta de infraestructura básica —agua potable, electricidad, conectividad— dificultan tanto el acceso como la permanencia escolar.
Las cinco prioridades para la nueva gestión
La primera de las cinco prioridades planteadas por el movimiento es, precisamente, ese diagnóstico nacional que funcione como línea de base. La segunda apunta a diseñar un plan con metas y plazos verificables para atender primero a los estudiantes fuera del sistema, comenzando por garantizar servicios básicos en los centros educativos de las comarcas y las áreas de difícil acceso.
La tercera prioridad plantea la necesidad de un Meduca técnico, conducido por profesionales y con criterios objetivos y transparentes en la asignación de becas y auxilios educativos. La cuarta exige rendición de cuentas pública, con indicadores claros y reportes periódicos que permitan a la ciudadanía verificar el avance de las políticas educativas.
La quinta prioridad, la de las escuelas seguras, responde a una preocupación por hechos de violencia registrados en centros educativos del país. "Ante la grave situación de seguridad en las escuelas, es impostergable garantizar la seguridad de los estudiantes", sostuvo la organización en su comunicado, enmarcando la exigencia como una condición mínima para el funcionamiento del sistema.
El movimiento recordó que buena parte de las propuestas que ahora reitera no son nuevas: han sido discutidas y consensuadas durante años por distintos sectores educativos. Citó el documento "24 para el 24", que reúne 24 acciones para transformar la educación nacional y advierte sobre problemas persistentes como escuelas sin agua, electricidad o conectividad, la baja cobertura de educación inicial, y leyes y programas que no han logrado una implementación efectiva fuera de la capital.
En la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Bloise, integrante de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, planteó al nuevo ministro la necesidad de fijar una hoja de ruta clara para los dos años y medio que restan del actual periodo de gobierno. Según Bloise, esa hoja de ruta debe enfocarse en mejorar la calidad educativa, atender a los estudiantes más vulnerables y resolver las deficiencias de infraestructura que arrastran numerosas escuelas del país, muchas de ellas fuera de la ciudad de Panamá.
El diputado coincidió con la organización juvenil en que el punto de partida debe ser un diagnóstico real del sistema. "El ministro tiene una agenda clara de prioridades en la gestión: un diagnóstico real del sistema educativo, la atención a los estudiantes más vulnerables, bienestar y seguridad, empezando por la grave crisis de salud mental, calidad educativa con pruebas diagnósticas que nos indiquen cómo" avanzar, señaló Bloise.
El Meduca administra uno de los presupuestos más cuantiosos del Órgano Ejecutivo dentro del Presupuesto General del Estado, y su ejecución es objeto habitual de escrutinio en las vistas presupuestarias que se celebran en la Asamblea Nacional. La discusión sobre brechas de cobertura, infraestructura escolar y calidad educativa no es nueva en el debate legislativo: en años anteriores, distintas bancadas han señalado la lentitud en la ejecución de partidas destinadas a mantenimiento e infraestructura de centros escolares en las comarcas Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Emberá-Wounaan.
Se espera que el nuevo ministro comparezca ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional para presentar los lineamientos iniciales de su gestión.
La designación de un nuevo titular en el Meduca en medio de un periodo de gobierno, sin que medie un cambio de administración, no es un hecho inédito en la historia reciente panameña: el ministerio ha experimentado relevos similares en gestiones anteriores, asociados a cuestionamientos sobre el manejo de recursos o a resultados educativos insatisfactorios, lo que ha dificultado la continuidad de las políticas de mediano plazo en el sector.
En lo inmediato, el país seguirá de cerca si el nuevo ministro adopta el diagnóstico nacional exigido por las organizaciones, si se conocen los resultados de las pruebas diagnósticas ya aplicadas, y si el proceso relacionado con la compra de computadoras portátiles deriva en algún pronunciamiento de la Contraloría General. La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional tiene en su agenda continuar el seguimiento a la gestión del Meduca en lo que resta del año legislativo.