El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de marzo de 2026, comprometía a España a aportar 11.553 millones de barriles a la acción colectiva coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organismo con sede en París que agrupa a los países consumidores de petróleo y que puede activar liberaciones conjuntas de reservas estratégicas cuando se producen disrupciones graves en el suministro mundial. La medida se diseñó en dos tramos: una reducción inmediata de cuatro días en la obligación de existencias mínimas que soporta la industria petrolera española, y una segunda fase de hasta 8,3 días adicionales, cuya activación quedaba en manos del titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en función de la evolución de la crisis.
Ese segundo tramo, de acuerdo con el informe, nunca llegó a activarse. Ni en el BOE, ni en los resúmenes normativos mensuales de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), ni en comunicación oficial alguna constaría una orden que liberase total o parcialmente esos 8,3 días. El documento concluye que España ejecutó solo el 32,5% de lo anunciado, mientras el 67,5% restante permanece inmovilizado en los tanques de almacenamiento de los operadores.
El contraste con otros socios europeos, según el mismo estudio, es significativo. Italia ejecutó su contribución íntegra mediante decreto del 26 de marzo, apenas seis días después del acuerdo del Consejo de Ministros español. La propia AIE informó el 21 de julio de que la acción colectiva seguía activa y de que ya se habían liberado alrededor de 290 de los 400 millones de barriles comprometidos por el conjunto de países participantes, sin desglosar en ese comunicado el grado de cumplimiento de cada Estado.
Un capital inmovilizado de hasta 1.100 millones
Los cálculos del estudio cifran el volumen no liberado en unos 1,24 millones de metros cúbicos de producto, equivalentes a aproximadamente 1.380 millones de litros físicos aplicando la regla oficial que solo permite computar como reserva el 90% de lo almacenado. Ese volumen representaría entre 750 y 1.100 millones de euros de capital inmovilizado en el sector, según el precio al que se valore el producto en cada momento del periodo analizado.
El coste recurrente de financiar y almacenar ese excedente se estima entre 79 y 215 millones de euros anuales, con un escenario central en torno a los 130 millones. Los autores del informe advirtieron de que ese coste «forma parte de la estructura del precio de los carburantes y que, en condiciones normales de mercado, acaba trasladándose en todo o en parte al precio final, es decir el consumidor». Según el documento, la factura de esa decisión la han soportado «por distintas vías, los operadores, los contribuyentes y los consumidores finales».
La obligación de mantener existencias mínimas de seguridad —equivalentes a 90 días de consumo, según la normativa española que traspone directivas europeas de 2009— recae sobre los operadores petrolíferos, que repercuten el coste de mantenimiento de esas reservas en el precio del surtidor. Reducir esa obligación, como pretendía la segunda fase del acuerdo de marzo, debía aliviar esa carga en un contexto de precios elevados. Cores, organismo público creado en 1995 para administrar las reservas estratégicas, publica mensualmente los niveles de existencias y los movimientos normativos que los afectan; en esos resúmenes no aparece, según el informe, ninguna orden de liberación de la segunda fase.
El estudio subraya que no ha localizado ninguna comparecencia parlamentaria, respuesta escrita del Gobierno, nota de prensa del ministerio ni comunicación de ningún tipo que justifique por qué no se activaron los 8,3 días adicionales autorizados. El único criterio disponible es el del propio acuerdo del Consejo de Ministros, que condicionaba la activación a la evolución de los acontecimientos, sin especificar indicadores concretos ni plazos de revisión.
Los autores sostienen que esa evolución, entre marzo y agosto de 2026, incluyó los precios del gasóleo más elevados de la serie histórica que recoge la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), además de sucesivos paquetes fiscales de urgencia aprobados por el propio Ejecutivo para abaratar el carburante. Es decir, según el informe, «exactamente el escenario para el que la liberación estaba diseñada». El documento reprocha que el Gobierno «anunció ante la AIE y ante los ciudadanos una contribución de 12,3 días» y «ejecutó un tercio» sin explicar «por qué no ejecutó el resto».
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha ofrecido, hasta la fecha, una explicación pública sobre los motivos que llevaron a no activar la segunda fase del acuerdo, ni se ha pronunciado sobre las conclusiones del informe. El mecanismo de la AIE requiere a sus miembros informar periódicamente sobre el grado de ejecución de sus compromisos de liberación de reservas.
España cuenta con un sistema de reservas estratégicas de petróleo desde su ingreso en la AIE en 1974, tras la primera crisis del petróleo de 1973, cuando los países consumidores decidieron dotarse de mecanismos de respuesta conjunta ante embargos o disrupciones del suministro. Desde entonces, el país ha participado en liberaciones coordinadas en episodios como la Guerra del Golfo de 1991, el huracán Katrina de 2005 o la intervención en Libia de 2011, aunque el volumen y la rapidez de ejecución han variado según la coyuntura del mercado interno.
El asunto llega en un momento de tensión en el sector del transporte y la industria catalana, entre cuyos representantes ha circulado el informe, preocupados por el impacto de los precios de los carburantes en su competitividad. La difusión del documento coincide con una nueva subida del combustible.
El Gobierno no ha respondido públicamente a las conclusiones del estudio. De confirmarse por vías oficiales la falta de activación de la segunda fase, la cuestión podría plantearse en próximas comparecencias parlamentarias o en preguntas escritas dirigidas al ministerio, así como suscitar un eventual pronunciamiento de la propia AIE sobre el grado de cumplimiento español de sus compromisos ante el organismo internacional.
