El derrumbe ocurrió mientras los tres trabajadores realizaban labores en el sitio y una estructura cedió, sepultándolos. Los cuerpos de socorro acudieron al llamado de emergencia y lograron extraer con vida a dos de los operarios, que fueron trasladados a un centro hospitalario para recibir atención médica. El tercero falleció en el lugar.
Castro se pronunció horas después de conocerse el hecho y confirmó que equipos de la institución se dirigían al sitio. «Los equipos del Ministerio de Trabajo se están trasladando en este momento al lugar. Seguimos lamentando la pérdida de vidas de trabajadores. Haremos una investigación exhaustiva», afirmó el funcionario. La cartera indicó que la inspección permitirá establecer posibles responsabilidades y verificar el cumplimiento de la legislación laboral relacionada con la prevención de riesgos en los centros de trabajo.
Qué establece la ley y cómo se sanciona
De confirmarse incumplimientos, el Ministerio de Trabajo podría iniciar el procedimiento administrativo sancionador previsto en la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, vigente en El Salvador desde 2010. Esa normativa obliga a los empleadores a contar con un programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales, a formar comités de seguridad y salud ocupacional en centros con más de quince empleados y a garantizar condiciones seguras en obras de construcción.
El procedimiento de inspección laboral permite a los delegados del ministerio ingresar sin previo aviso a los centros de trabajo para verificar el cumplimiento de la normativa, tomar declaraciones a testigos y trabajadores y emitir órdenes de suspensión de actividades cuando se detecten riesgos graves e inminentes para la vida o la integridad de los trabajadores. La Inspectoría General de Trabajo, dependencia de esa cartera, es la unidad que ejecuta materialmente las visitas de verificación, cuyas resoluciones pueden derivar en multas económicas y en la obligación de corregir las condiciones de riesgo identificadas.
En casos donde se determine negligencia grave, el hallazgo puede derivar además en una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos relacionados con la seguridad en el trabajo, lo que abriría un proceso judicial paralelo al administrativo ante los tribunales correspondientes.
Un sector de alta siniestralidad
El rubro de la construcción ha sido señalado de manera recurrente por organizaciones gremiales y por la institucionalidad laboral como uno de los de mayor incidencia de accidentes en El Salvador, en línea con patrones observados en el resto de Centroamérica, donde la informalidad en la contratación de mano de obra y la subcontratación de cuadrillas dificultan la fiscalización directa de las condiciones de seguridad en cada obra.
En años anteriores, distintos gremios de la construcción y organizaciones de trabajadores han demandado ante el Ministerio de Trabajo mayor rigor en las inspecciones a obras privadas, argumentando que la presión por cumplir plazos de entrega en proyectos habitacionales y comerciales incide en la reducción de medidas de seguridad como el apuntalamiento adecuado de excavaciones y zanjas. Esas mismas organizaciones han señalado la ausencia de un registro público consolidado que permita comparar la frecuencia de estos sucesos año con año como una carencia del sistema de fiscalización laboral salvadoreño.
No trascendió de manera inmediata el nombre de la empresa constructora responsable de la obra en Santa Elena ni el tipo de proyecto que se ejecutaba en el lugar. Tampoco se difundieron los nombres de las víctimas ni el estado de salud de los dos trabajadores rescatados con vida, información que corresponde habitualmente a los familiares o a las autoridades sanitarias divulgar una vez estabilizados los pacientes.
La atención se centrará ahora en los resultados de la inspección anunciada por Castro, que deberá establecer si existieron responsabilidades administrativas o penales en el derrumbe. El ministerio no precisó un plazo para la conclusión de la investigación, algo habitual en procesos de este tipo, que suelen extenderse mientras se recaban peritajes técnicos sobre las causas estructurales del derrumbe y se toman declaraciones a los responsables de la obra y a los trabajadores involucrados.
