El decreto es, en su letra, minucioso. Establece plazos, autoriza exhumaciones transitorias siempre que hayan transcurrido al menos 18 meses desde la última inhumación, obliga a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a coordinar la cobertura de los costos de traslado, ataúdes o urnas y la posterior inhumación, y ordena reponer las mejoras funerarias —nichos, lápidas y mausoleos— «en condiciones iguales o mejores a las existentes antes del traslado». Fija además que el proceso deberá respetar «los derechos humanos, las creencias religiosas, el arraigo cultural y los vínculos afectivos» de las comunidades afectadas. La cuestión, en Panamá, no suele estar en la redacción de sus decretos, sino en lo que ocurre después de que se publican.
El proyecto de Río Indio no es una novedad. La ACP lo ha presentado como respuesta a la crisis hídrica que en años recientes obligó a restringir el calado de los buques que transitan el Canal, en un contexto de sequías vinculadas al fenómeno de El Niño. El reservolio busca garantizar agua para la navegación y para el consumo humano de una región en crecimiento. La discusión no está en la necesidad de la obra, sino en cómo se trata a quienes viven —y entierran a sus muertos— justo donde el proyecto ha decidido que debe haber agua.
Un calendario a dos velocidades
Para el cementerio El Limón, en la comunidad El Limón No. 1, corregimiento de La Encantada, distrito de Chagres, provincia de Colón, el plazo para nuevas inhumaciones se agota el 30 de julio de 2026: nueve días de margen desde la publicación del decreto. Para los otros siete camposantos —Las Quebradas, Boca de Uracillo, Palma Real, Los Cajoncitos y San Cristóbal, en Coclé; y Tres Hermanas y Los Uveros, en Panamá Oeste— el límite llega hasta el 15 de enero de 2027, casi seis meses después.
La diferencia tiene una explicación: El Limón ya cuenta con sustituto designado, el cementerio de Los Cedros, en el mismo corregimiento de La Encantada, distrito de Chagres, que las familias podrán utilizar a partir del 30 de julio. Los otros siete, no. La ACP indicó en un comunicado que «los nuevos sitios de inhumación que atenderán a estas comunidades serán informados oportunamente, una vez concluyan las coordinaciones con las comunidades y autoridades competentes, así como la habilitación de los cementerios, asegurando que cumplan con la normativa sanitaria». Es decir: al cierre de esta edición no está definido dónde enterrarán a sus muertos las familias de Coclé y Panamá Oeste, aunque sí está fijado, con Gaceta Oficial de por medio, que no podrán seguir haciéndolo donde siempre lo hicieron.
Ese desfase entre la certeza del cierre y la incertidumbre del reemplazo es el centro de esta historia. El decreto no resuelve —porque su cometido no es hacerlo en el papel, sino en la ejecución— si las coordinaciones comunitarias que menciona la ACP llegarán a tiempo, o si enero de 2027 encontrará a siete corregimientos con el camposanto cerrado y ningún destino habilitado.
Un eco de la vieja Zona
Panamá conoce este dilema mejor que casi ningún país de la región. La construcción del Canal, a comienzos del siglo XX, desplazó poblados enteros de la antigua zona interoceánica y dejó comunidades reasentadas y cementerios trasladados bajo la administración estadounidense que rigió la franja hasta la reversión pactada en los Tratados Torrijos-Carter de 1977 y consumada el 31 de diciembre de 1999. Un siglo después, la ampliación de la reserva hídrica que abastece al Canal vuelve a plantear la misma pregunta: qué se le ofrece al interior del país a cambio de ceder su suelo, su historia y ahora también sus tumbas.
El decreto incorpora resguardos que aquel pasado no tuvo. No ordena remover restos sin autorización: exige que las exhumaciones sean aprobadas por la autoridad sanitaria regional correspondiente, salvo cuando las requieran el Ministerio Público o el Órgano Judicial, y condiciona los traslados a la coordinación previa con los familiares. El Canal afirmó que «cualquier proceso posterior de exhumación y traslado de restos será previamente coordinado con los familiares, con respeto a sus creencias religiosas, su arraigo cultural y sus vínculos afectivos». Un procedimiento cuidadoso en el papel exige, para no quedarse en promesa, una ejecución igualmente cuidadosa en el terreno.
La factura que deberá fiscalizarse
El decreto coloca la cuenta sobre la mesa de la ACP: exhumaciones, traslados, ataúdes o urnas, nuevas inhumaciones y reposición de nichos, lápidas y mausoleos «en condiciones iguales o mejores». Es una lista amplia y, en teoría, justa. También es una lista que alguien tendrá que fiscalizar: entre el compromiso escrito y la lápida efectivamente repuesta media un trecho de coordinaciones, contrataciones y desembolsos que, tratándose de fondos vinculados a una entidad estatal, quedan sujetos a los mecanismos de control público que en Panamá pasan por el refrendo del contralor sobre los contratos del Estado.
El cese definitivo de actividades que el decreto fija como consecuencia del vencimiento de los plazos no es simbólico: es el final legal de la posibilidad de enterrar en esa tierra, porque las áreas susceptibles de inundación no son aptas para inhumaciones según las normas sanitarias. Coincide con el cronograma técnico del proyecto, que —según el propio decreto— contempla a partir de 2027 el inicio de las fases de diseño y construcción que darán origen al lago de Río Indio. El calendario de la obra y el del duelo comunitario corren, desde ahora, sobre el mismo eje.
Nada de esto supone mala fe. La ACP ha acumulado, desde que asumió la administración autónoma del Canal tras la reversión, una reputación de eficiencia técnica que no todas las instituciones panameñas comparten. Pero la eficiencia en la ingeniería de un embalse no equivale a la sensibilidad social en el traslado de un cementerio, y son las comunidades afectadas quienes, en su momento, podrán medir si la primera vino acompañada de la segunda.
Queda, en definitiva, un decreto detallado a la espera de una ejecución que aún no puede evaluarse porque, en lo esencial —los siete camposantos sin destino, las mejoras funerarias por reponer, las coordinaciones comunitarias apenas anunciadas—, todavía no ha ocurrido. Los próximos hitos son concretos: el 30 de julio de 2026 cierra El Limón y se abre Los Cedros; el 15 de enero de 2027 vence el plazo de los siete cementerios restantes; y a partir de 2027 arrancan el diseño y la construcción del lago. La vara para juzgar el proceso no serán los considerandos del decreto, sino la fecha en que cada nicho prometido aparezca, con nombre y apellido, en un cementerio habilitado.