El comunicado de la minera se produce casi tres años después de que la operación en Donoso, provincia de Colón, quedara paralizada a finales de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley que amparaba la concesión. Aquella sentencia puso fin a semanas de protestas que llegaron a bloquear vías nacionales y reavivaron el debate sobre la explotación minera en un país que, a diferencia de Chile o Perú, nunca hizo de la minería a cielo abierto un pilar de su economía.
Cobre Panamá representaba, antes de su cierre, cerca del 5% del producto interno bruto nacional y figuraba entre las minas de cobre a cielo abierto más grandes de Centroamérica, según cifras citadas en su momento por el propio Órgano Ejecutivo. Su paralización dejó miles de empleos directos e indirectos suspendidos y abrió una disputa de la empresa contra el Estado panameño ante instancias internacionales.
La declaratoria de inconstitucionalidad obligó al Gobierno de entonces a iniciar un plan de cierre temporal de la mina, bajo supervisión del Ministerio de Comercio e Industrias y con participación de la autoridad ambiental. Ese plan incluyó la preservación del concentrado de cobre ya extraído y el mantenimiento de medidas de seguridad en las instalaciones, mientras se definía el futuro jurídico del yacimiento.
Cualquier acercamiento entre el Estado panameño y la empresa canadiense tendría que sortear el proceso arbitral abierto por First Quantum ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, una instancia del Banco Mundial, donde la minera reclama una compensación por el cese de sus operaciones.
El episodio de Cobre Panamá se inscribe en una tradición de movilización social panameña que incluye las protestas de 2005 contra la reforma de la Caja de Seguro Social, cuando la presión en la calle terminó por forzar la revisión de decisiones ya adoptadas por las autoridades. Distintos sectores —desde gremios empresariales hasta organizaciones ambientalistas— mantienen hoy posiciones encontradas sobre si debe reabrirse algún tipo de negociación o si el cierre definitivo debe sostenerse como política de Estado.
El Órgano Ejecutivo no ha fijado un calendario formal de diálogo con la empresa, y el comunicado de First Quantum tampoco precisa plazos ni mecanismos concretos. La disposición manifestada por la minera se limita, según el texto, a reconocer principios generales sobre soberanía nacional y liderazgo gubernamental del proceso.