Buenos Aires sostiene que esas operaciones petroleras desafían una resolución de Naciones Unidas que insta a ambos países a negociar una salida diplomática a la disputa territorial, sin que el organismo haya logrado imponer un mecanismo vinculante. La controversia por las Malvinas —conocidas en el mundo anglosajón como Falkland Islands— se remonta a la ocupación británica de 1833 y desembocó en la guerra de 1982, que dejó cientos de muertos en ambos bandos y consolidó la actual administración de Londres sobre el archipiélago.
El componente energético de la disputa cobró relevancia a medida que empresas con permisos otorgados por el Reino Unido avanzaron en la exploración de hidrocarburos en la plataforma marítima adyacente a las islas. Para Argentina, esas concesiones vulneran el principio de que los recursos naturales de un territorio en disputa no deben explotarse unilateralmente mientras persista el reclamo de soberanía, posición que Buenos Aires ha planteado en distintos foros internacionales sin resultados concretos.
La postura de Milei se inscribe en una línea de política exterior que ha marcado distancia de los organismos multilaterales tradicionales, en sintonía con posiciones asumidas por otros gobiernos de la región que cuestionan la eficacia de foros como la ONU o la Organización de Estados Americanos para resolver disputas de soberanía o conflictos regionales.
La relación entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas atravesó etapas de mayor y menor tensión diplomática desde el fin de la guerra de 1982, con periodos de acercamiento comercial que no alteraron la posición de fondo de ninguna de las dos partes sobre la soberanía del territorio. El acuerdo de 1990, que restableció relaciones diplomáticas plenas tras la ruptura de la guerra, mantuvo intacta la fórmula del "paraguas de soberanía" que permite cooperar sin renunciar a los reclamos.
Milei ha cuestionado en más de una ocasión el rol de organismos multilaterales, en un discurso que combina el reclamo histórico por las Malvinas con una crítica más amplia al gasto burocrático de instituciones como Naciones Unidas. Esa retórica se despliega en un periodo en que otros gobiernos de la región han reforzado sus vínculos bilaterales con Washington, como ilustra la reciente advertencia de Estados Unidos a una caravana migrante hondureña sobre los riesgos de emprender la ruta hacia el norte.
La disputa por las Malvinas permanece, más de cuarenta años después de la guerra de 1982, sin una resolución que satisfaga a ambas partes ni un mecanismo internacional capaz de forzarla, pese a las sucesivas resoluciones de la Asamblea General que instan al diálogo entre Buenos Aires y Londres.