El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por el estado de la infraestructura sanitaria en urbanizaciones, residenciales y proyectos habitacionales que, tras su construcción, quedaron sin operador responsable del mantenimiento de las plantas de tratamiento. Estos sistemas, diseñados para procesar aguas servidas antes de su vertido a quebradas, ríos o el mar, dejan de funcionar y quedan fuera de servicio, con el consiguiente riesgo de contaminación de fuentes de agua y proliferación de vectores transmisores de enfermedades.
García Paredes precisó que las 17 plantas seleccionadas para la primera fase corresponden a los casos considerados de mayor urgencia, por su cercanía a zonas pobladas o por el volumen de aguas residuales que dejarían de tratarse correctamente. El resto de los cerca de 1,200 sistemas identificados quedaría sujeto a un proceso de evaluación técnica que determinaría el orden de prioridad para futuras intervenciones.
El marco legal que ampara la actuación de MiAmbiente se encuentra en la Ley General de Ambiente y en las normas técnicas que regulan la operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, las cuales establecen la obligación de los promotores de proyectos urbanísticos de garantizar el funcionamiento y mantenimiento de estas infraestructuras, ya sea de forma directa o mediante su traspaso a una entidad operadora reconocida, como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
El problema de las plantas abandonadas no es nuevo en el país. Desde hace más de una década, distintas administraciones han señalado el crecimiento desordenado de urbanizaciones privadas que instalan sistemas de tratamiento propios ante la falta de cobertura del alcantarillado sanitario público, especialmente en las provincias de Panamá Oeste y Panamá, las de mayor expansión inmobiliaria. Cuando las empresas constructoras o administradoras de estos residenciales cesan operaciones o incumplen sus obligaciones, las plantas quedan sin mantenimiento técnico, lo que deriva en su colapso progresivo.
La intervención de MiAmbiente buscaría, en primer término, estabilizar el funcionamiento de las plantas seleccionadas para evitar el vertido directo de aguas sin tratar, mientras se define la responsabilidad legal y financiera de su operación a largo plazo. No se ha precisado, sin embargo, si el costo se asumirá con fondos del Presupuesto General del Estado o si se buscaría trasladar la carga a los promotores originales mediante procesos administrativos o judiciales.
Organizaciones ambientalistas y gremios de ingeniería sanitaria han advertido en repetidas ocasiones sobre el riesgo que representan estos sistemas abandonados para la salud pública, particularmente en temporada lluviosa, cuando el desbordamiento de tanques sépticos y plantas colapsadas puede contaminar fuentes de agua potable cercanas.
El caso guarda paralelismos con episodios previos, como los registrados en la década de 2010 en distintos corregimientos de Panamá Oeste, cuando el colapso de plantas de tratamiento en residenciales privados obligó a intervenciones de emergencia de las autoridades sanitarias ante denuncias de olores fétidos y contaminación de quebradas utilizadas por comunidades aledañas para consumo doméstico.
La Contraloría General de la República no ha emitido pronunciamiento público sobre el refrendo de eventuales contratos asociados a esta intervención, un paso que resultaría obligatorio en caso de que MiAmbiente requiera contratar empresas privadas para la rehabilitación técnica de las plantas señaladas.
Diputados de la Asamblea Nacional con asiento en comisiones de Ambiente y Población han solicitado en el pasado informes detallados sobre el estado de la infraestructura sanitaria privada, sin que hasta la fecha exista un registro público y actualizado que permita fiscalizar con precisión cuántas plantas de tratamiento operan de manera irregular o han sido completamente abandonadas.
MiAmbiente no ha establecido todavía un cronograma detallado ni una fecha de conclusión para la intervención de las 17 plantas anunciadas. La entidad tampoco ha precisado si contempla sanciones para las empresas o administradoras responsables del abandono de estos sistemas.
El desenlace de este proceso será objeto de seguimiento en las próximas semanas, particularmente en lo relativo a la definición del financiamiento de las obras y a la eventual actualización del registro nacional de plantas de tratamiento, un instrumento que, de completarse, permitiría a las autoridades ambientales y sanitarias contar con un diagnóstico más preciso sobre el verdadero alcance del problema en todo el territorio nacional.