El proceso, que agrupaba los reclamos de casi tres decenas de fiscalías estatales, señalaba a Meta por presuntamente diseñar de forma deliberada mecanismos de enganche en sus redes dirigidos a usuarios menores de edad. Las autoridades también acusaban a la compañía de engañar al público sobre los peligros de sus plataformas, ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes e infringir la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA, por sus siglas en inglés), norma federal que regula la recolección de datos de menores de trece años en Estados Unidos.
El acuerdo contempla además una serie de compromisos operativos por parte de Meta. Entre ellos figuran la verificación de edad de los usuarios y la eliminación de cuentas de menores de trece años, el bloqueo por defecto de las notificaciones y del acceso general a la aplicación —salvo los mensajes directos— durante la noche, un límite de uso diario de dos horas activado de forma predeterminada y un llamado «modo escolar» que silenciaría avisos durante el horario lectivo.
La compañía también se comprometió a enviar notificaciones obligatorias a los usuarios adolescentes, de entre trece y diecisiete años, tras quince, sesenta y noventa minutos de uso continuo, con el propósito declarado de incentivar pausas en el consumo de las aplicaciones. Estas medidas, de concretarse, se aplicarían de manera global, lo que incluiría a los usuarios panameños de Facebook e Instagram.
Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, tenía previsto prestar declaración en el juicio de California, según el calendario procesal previo al anuncio. El pacto se conoció apenas un día después del testimonio de Mosseri ante el tribunal encargado de agrupar los reclamos de los 29 estados demandantes. Meta ha insistido en que el acuerdo no implica una admisión de las acusaciones y sostiene que las nuevas medidas responden a un proceso de mejora continua y no a un reconocimiento de responsabilidad legal.
Tras conocerse la noticia, las acciones de Meta subían más de un 3% en Wall Street, una reacción que el mercado habría interpretado como la eliminación de una incertidumbre legal para la compañía, pese al elevado monto comprometido. El desenlace definitivo dependerá de la homologación judicial del acuerdo por parte de la corte federal en California, un trámite que en procesos de esta magnitud suele tomar varios meses adicionales.
Cómo se compara con el marco panameño
Para Panamá, donde el uso de redes sociales entre adolescentes ha crecido de forma sostenida, el caso resulta relevante como referencia regulatoria, aunque el país no cuenta todavía con una legislación específica equivalente a la COPPA que regule la recolección de datos de menores en plataformas digitales. La Constitución panameña consagra la protección integral de la niñez y la adolescencia, y el Código de la Familia establece deberes de resguardo, pero ninguno de esos cuerpos normativos aborda con detalle el diseño de servicios digitales dirigidos a menores.
El Tribunal Electoral y otras entidades han empezado a prestar mayor atención al papel de las redes sociales en años recientes, aunque principalmente en el terreno de la desinformación electoral y no en el de la protección de menores. En materia de datos personales, Panamá cuenta desde 2019 con una ley general de protección de datos, sin un régimen reforzado específico para usuarios menores de edad comparable al debatido en las cortes estadounidenses.
Organizaciones de defensa de los derechos de la niñez han planteado en distintos foros la ausencia de una regulación local robusta sobre el uso de redes sociales por menores y han citado casos internacionales para reclamar avances legislativos. Hasta la fecha no consta que exista un proyecto de ley en trámite en la Asamblea Nacional que aborde de manera específica esta materia, por lo que un eventual debate en primer, segundo y tercer debate quedaría pendiente de iniciativa parlamentaria o del Órgano Ejecutivo.
El caso se inscribe en una tendencia más amplia de escrutinio sobre las grandes plataformas tecnológicas en Estados Unidos, que en años recientes ha alcanzado también a otras firmas del sector por prácticas de recolección de datos y diseño de productos dirigidos a audiencias jóvenes. Los grandes pactos extrajudiciales tecnológicos tienen antecedentes conocidos en ese país: en 2019, la Comisión Federal de Comercio impuso a Facebook una multa de $5,000 millones por fallas en el manejo de la privacidad, entonces la mayor de su tipo.
De confirmarse la homologación, el acuerdo figuraría entre los mayores desembolsos de una empresa tecnológica en materia de protección de menores en Estados Unidos, con implicaciones que previsiblemente alimentarán el debate regulatorio también en América Latina, incluida Panamá, donde el marco legal para la seguridad digital de la niñez sigue sin cerrarse.