Chapman explicó que existe históricamente una correlación directa entre el crecimiento del PIB y el tamaño del presupuesto estatal. Con la economía panameña creciendo 4.8% en el primer trimestre de este año, el ministro consideró natural que el gasto público también aumente, aunque matizó que no necesariamente lo haría en la misma proporción. "Típicamente el presupuesto tiene una correlación muy directa con el crecimiento del producto interno bruto (.) El producto interno bruto en el primer trimestre creció 4.8%. Lo natural sería ver un crecimiento del Presupuesto General del Estado, no necesariamente a ese nivel, ojo", dijo el titular del MEF ante la consulta planteada en el foro de junio.
El funcionario señaló que sería inusual que el presupuesto se contrajera en un escenario de expansión económica, pero sus declaraciones apuntan a que cualquier incremento del gasto para 2027 estaría acotado por las restricciones fiscales vigentes y la necesidad de controlar el déficit dentro de los parámetros legales.
Barclays, por su parte, anticipó que la propuesta presupuestaria probablemente apuntará a un déficit equivalente al 3% del PIB, coincidiendo con la meta legal. Sin embargo, la entidad planteó interrogantes sobre la capacidad real del Gobierno para cumplirla, en un contexto en que prevé que Panamá cierre este 2026 con un déficit de 3.4% del PIB, por encima del techo fijado por la norma de responsabilidad fiscal.
Uno de los principales factores de tensión identificados por la banca de inversión es la obligación legal de destinar al sector educativo recursos equivalentes al 7% del PIB, un mandato que en la práctica se ha ejecutado en niveles cercanos al 3% o 4%, según los cálculos de la propia entidad. Esa brecha entre la norma y la ejecución real ilustra las rigideces que arrastra la construcción del presupuesto panameño desde hace años.
Chapman ha reconocido esas limitaciones desde que asumió la cartera del MEF. "Lo que le conviene al país es revisar las rigideces en la construcción del presupuesto sin afectar la calidad de vida de los funcionarios públicos", admitió el ministro, quien dijo mantener desde el inicio de su gestión el propósito de modificar esas reglas, sin éxito hasta el momento. Según indicó, el Gobierno cuenta con borradores avanzados para reformar las leyes especiales que imponen las obligaciones de gasto, entre ellas la que fija el piso educativo, aunque esos textos deben pasar todavía por un proceso de consulta antes de convertirse en proyectos de ley.
La velocidad con que avancen esas reformas dependerá, según el propio ministro, de los tiempos legislativos, de la instalación de las comisiones correspondientes y del volumen de proyectos que ya tienen pendientes los diputados. Mientras tanto, el equipo del MEF afina los cálculos macroeconómicos y agiliza la redacción de la propuesta que debe llegar a la Asamblea Nacional antes de que termine julio.
En materia de subsidios, Chapman señaló que el programa de alivio relacionado con el precio de los combustibles se mantendrá vigente hasta que las cotizaciones internacionales regresen a los niveles previos a la crisis energética. La continuidad de ese esquema, junto con el gasto vinculado a la planilla estatal, figura entre los elementos que presionarán al alza la formulación del presupuesto de 2027.
Minería paralizada y el riesgo de El Niño sobre el Canal
Barclays añadió a la lista de riesgos fiscales la incertidumbre sobre una eventual reapertura de la actividad minera en el país, suspendida desde el cierre de la mina de cobre de Donoso tras el fallo de inconstitucionalidad del contrato ley que autorizaba su operación. La entidad también mencionó la posibilidad de que un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad afecte los ingresos y la capacidad operativa del Canal de Panamá durante 2027, una de las principales fuentes de recursos del Estado.
El trasfondo de estas discusiones remite a un patrón recurrente en la historia fiscal reciente del país: las leyes especiales que fijan pisos de gasto han convivido de manera tensa con las metas de disciplina impuestas por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, aprobada por la Asamblea Nacional y reformada en varias ocasiones para ajustar los límites de déficit permitido. Panamá vivió un episodio ilustrativo de esa tensión con el cierre de la mina de Donoso, cuando la caída de un ingreso previsto obligó a recalcular las cuentas públicas en pleno ejercicio.
La Contraloría General de la República, encargada de fiscalizar la ejecución del gasto público y de refrendar los contratos estatales, deberá dar seguimiento a la ejecución del presupuesto de 2027 una vez sea aprobado, en un contexto en que los mercados internacionales observan la trayectoria de la deuda panameña y su calificación crediticia.
El calendario legislativo marca los próximos pasos. Una vez que el Órgano Ejecutivo remita el proyecto de presupuesto a la Asamblea Nacional, este deberá pasar por las vistas presupuestarias en las comisiones correspondientes antes de someterse a los tres debates reglamentarios. De aprobarse en tercer debate, la pieza pasaría a la sanción del Ejecutivo antes de entrar en vigencia para el ejercicio fiscal 2027.