Flores planteó que los salvadoreños "desayunaron" la noticia de una nueva alza de precios, una expresión con la que buscó ilustrar el impacto cotidiano e inmediato que, a su juicio, tienen las decisiones económicas —o la ausencia de ellas— sobre los hogares. El señalamiento se enmarca en la línea que el FMLN ha mantenido desde la oposición frente a la gestión económica del Órgano Ejecutivo.
El dirigente no precisó cifras oficiales sobre el alza referida ni la fuente del incremento, de modo que la magnitud exacta del ajuste señalado queda en el terreno de la percepción cotidiana que describió. El Banco Central de Reserva (BCR) y la Dirección General de Estadística y Censos son las instituciones encargadas de publicar de forma periódica los indicadores de inflación y el comportamiento de la canasta básica alimentaria en el país.
El costo de la canasta básica alimentaria constituye uno de los indicadores más sensibles para medir el poder adquisitivo de las familias salvadoreñas, en un país donde una parte significativa del ingreso de los hogares se destina a la alimentación. Los incrementos en este rubro suelen atribuirse a una combinación de factores, entre ellos la variación de precios de insumos importados, el costo del transporte y las condiciones del mercado internacional de materias primas.
El margen de maniobra del país es acotado: al no contar con moneda propia desde que la Ley de Integración Monetaria fijó la dolarización en 2001, El Salvador carece de política monetaria autónoma, por lo que el control de la inflación depende en gran medida de factores externos y de la política fiscal que el Ejecutivo conduce a través del Ministerio de Hacienda. Esa dependencia de las importaciones explica que la percepción ciudadana sobre el costo de vida no siempre coincida con la evolución de indicadores agregados como el Producto Interno Bruto.
Una oposición sin peso en el Salón Azul
El FMLN, que gobernó El Salvador entre 2009 y 2019 con los mandatos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ocupa hoy un papel minoritario en la Asamblea Legislativa. La fracción de Nuevas Ideas mantiene una mayoría amplia dentro de las 60 curules desde las elecciones legislativas de 2021, correlación que se reforzó tras los comicios de 2024. Esa distribución de fuerzas ha limitado la capacidad de la oposición para incidir en la agenda económica que se discute en el Salón Azul.
No es el primer señalamiento del partido sobre el manejo económico del Gobierno de Bukele. Desde la oposición, el FMLN ha reiterado en distintas coyunturas que el Ejecutivo prioriza la comunicación en materia de seguridad y la proyección internacional del país por encima de medidas para atender el desempleo, el costo de vida y la situación de las pequeñas y medianas empresas.
Casa Presidencial no ha emitido una respuesta pública directa a las declaraciones de Flores. En distintas ocasiones, el Órgano Ejecutivo ha sostenido que sus políticas —entre ellas la apuesta por la seguridad bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022— han favorecido la reactivación de sectores como el turismo y la inversión extranjera. En paralelo, el Gobierno ha impulsado una estrategia de atracción de inversión vinculada a criptoactivos, zonas económicas especiales y proyectos como Bitcoin City, iniciativas que han generado tanto respaldo como cuestionamientos sobre su impacto en la economía cotidiana.
El desempleo y la informalidad laboral figuran entre los indicadores que organizaciones sociales y económicas siguen de cerca. La ocupación en el sector informal limita el acceso a la seguridad social y reduce la capacidad de respuesta de los hogares ante alzas de precios, un factor que la Dirección General de Estadística y Censos monitorea en sus encuestas de hogares.
El precedente que evoca la disputa es la propia salida del FMLN del poder: tras dos gobiernos consecutivos, el partido perdió la Presidencia en 2019 en un escenario marcado, entre otros factores, por el desgaste en materia económica y de seguridad. Desde entonces, su capacidad de fiscalización se ha desplazado del Ejecutivo al debate legislativo, donde carece de mayoría.
El marco institucional en el que se ventilará este debate es el de la formación del Presupuesto General de la Nación: el Ejecutivo elabora el proyecto a través del Ministerio de Hacienda y lo remite a la Asamblea Legislativa, que lo discute y aprueba. Ese trámite y cualquier ajuste fiscal que el Gobierno proponga son los escenarios donde la oposición puede plantear sus objeciones sobre el rumbo económico.
De cara a los próximos meses, se prevé que la situación económica siga presente en la agenda de la oposición, en particular durante la discusión presupuestaria. El seguimiento de los reportes oficiales del BCR y de la Dirección General de Estadística y Censos permitirá contrastar con datos concretos las afirmaciones del secretario general del FMLN sobre el rumbo del costo de vida.
