La defensa habría planteado ante el tribunal estadounidense que, como jefe de Estado al momento de los hechos que se le imputan, Maduro gozaría de inmunidad soberana, una figura del derecho internacional que protege a los gobernantes de ser procesados por otros países mientras ejercen el cargo, y que en ciertos sistemas jurídicos se extiende a actos realizados en esa calidad incluso después del cese de funciones. Corresponderá al juez federal a cargo resolver esa cuestión preliminar antes de que el proceso pueda avanzar hacia una eventual fase de juicio.
La captura, ocurrida el 3 de enero de 2026 en Caracas, se produjo en el marco de una intervención militar estadounidense en territorio venezolano. El operativo alcanzó también a la persona identificada en el material como Flores. Hasta la fecha no se conoce un plazo público para que el tribunal se pronuncie sobre la solicitud de desestimación.
La detención marcó un punto de quiebre en la crisis política venezolana, que se prolonga desde hace más de una década y que ha tenido capítulos de tensión directa con Washington, incluida la fijación de recompensas por información que condujera a la detención del exmandatario, anunciadas en años previos por el Departamento de Justicia estadounidense.
El hecho de que la captura derivara de una intervención militar en suelo venezolano ha abierto interrogantes sobre su compatibilidad con el derecho internacional y con el principio de no intervención consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, instrumento que Panamá, como el resto de los Estados miembros del organismo, ha suscrito e invocado históricamente en foros multilaterales.
El eco de la captura de Noriega
El caso remite a un precedente cercano en la memoria panameña: la captura de Manuel Antonio Noriega tras la invasión estadounidense de diciembre de 1989, cuando el entonces hombre fuerte del país fue trasladado a Estados Unidos, juzgado y condenado por narcotráfico en una corte federal de Miami. Noriega alegó en su momento inmunidad como jefe de Estado, defensa que los tribunales estadounidenses rechazaron al considerar que Estados Unidos nunca había reconocido formalmente su gobierno.
Ese antecedente resulta pertinente para dimensionar el escrutinio que enfrentaría ahora la petición de Maduro. Los tribunales estadounidenses tendrían que resolver si el estatus internacional que en su momento ostentó el gobierno venezolano le confiere una posición distinta a la que se le negó al exgobernante panameño hace más de tres décadas, o si, por el contrario, el precedente Noriega opera en su contra.
Para Panamá y para la región, el desenlace judicial no es un asunto menor. El istmo ha sido en las últimas décadas punto de tránsito de migración venezolana hacia el norte del continente, fenómeno que se intensificó a partir de 2018 y que derivó en cifras récord de cruces por la selva del Darién, según registros del Servicio Nacional de Migración difundidos en años recientes.
La comunidad venezolana radicada en Panamá, una de las más numerosas de la región de acuerdo con el mismo servicio migratorio, ha mantenido posiciones divididas frente al proceso: entre quienes reclaman justicia por presuntos delitos cometidos durante su gestión y quienes cuestionan la legalidad de una captura militar que lo llevó a un tribunal extranjero.
El Órgano Ejecutivo panameño no se ha pronunciado de manera oficial sobre la petición de desestimación, y hasta el momento tampoco han trascendido declaraciones de la Cancillería sobre el proceso que se sigue contra el exmandatario en tribunales estadounidenses. El Ministerio Público panameño, por su parte, carece de competencia sobre una causa que se ventila íntegramente en jurisdicción estadounidense.
Mientras se define el trámite judicial en Estados Unidos, la situación política en Venezuela permanece en un estado de incertidumbre seguido de cerca por organismos internacionales, en un contexto en el que la sucesión de poder tras la salida forzada de Maduro no ha sido objeto de pronunciamientos oficiales concluyentes por parte de los actores involucrados. El próximo hito depende del tribunal federal, que deberá decidir primero sobre la inmunidad invocada.