La norma saldría adelante con una mayoría amplia gracias a la abstención del PP, según adelantó la tramitación del texto el pasado julio, y culminaría un proceso que arrancó hace más de tres años con las primeras propuestas para reconocer el derecho a la nacionalidad de quienes nacieron como ciudadanos españoles en lo que fue la provincia número 53 hasta la retirada de España del territorio, entre 1975 y 1976, en el marco de los Acuerdos de Madrid firmados entre España, Marruecos y Mauritania.
Para las comunidades saharauis, la aprobación se recibe como una reparación histórica, largamente reclamada desde que España abandonó la administración del territorio sin culminar el proceso de descolonización previsto por Naciones Unidas, que desde 1963 incluye al Sáhara Occidental en su lista de territorios no autónomos pendientes de un referéndum de autodeterminación nunca celebrado.
El texto reconocería el derecho a solicitar la nacionalidad española a los nacidos en el antiguo Sáhara Español antes de la retirada de la administración colonial, así como a sus hijos y nietos, tanto si residen en el territorio controlado por Marruecos desde 1975 como si viven en los campamentos de Tinduf, en el suroeste de Argelia, donde el Frente Polisario mantiene desde hace cinco décadas una administración de facto conocida como República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida por decenas de Estados pero no por España ni por la Unión Europea.
Marruecos guarda oficialmente silencio sobre la iniciativa. Medios próximos al Gobierno de Rabat han expresado, sin embargo, recelo ante el avance de una legislación que, a su juicio, podría suponer el reconocimiento indirecto de una identidad diferenciada para la población saharaui que vive en el territorio. Rabat rechaza ese planteamiento por entender que el Sáhara Occidental forma parte integral de su territorio nacional, tesis que defiende mediante el llamado Plan de Autonomía presentado ante la ONU en 2007, que ofrece autogobierno bajo soberanía marroquí.
La ausencia de una posición oficial del Ejecutivo marroquí constituye en sí misma un dato relevante en un contexto diplomático marcado por la extrema sensibilidad de Rabat ante cualquier gesto que pueda interpretarse como apoyo a las tesis del Polisario o a la causa de la autodeterminación saharaui. El Frente Polisario, por su parte, ha reivindicado históricamente el derecho de los saharauis a la nacionalidad española como consecuencia del vínculo colonial no resuelto.
La votación coincide con una fase de fricción bilateral entre Madrid y Rabat en torno a la gestión migratoria en Ceuta. El episodio remite a la crisis de mayo de 2021, cuando la llegada de miles de migrantes a la ciudad autónoma —favorecida por el relajamiento del control fronterizo marroquí— coincidió con la acogida en España, para recibir tratamiento hospitalario, del líder del Polisario, Brahim Ghali. Aquel choque desató una ruptura diplomática que se prolongó cerca de año y medio.
La reconciliación llegó en marzo de 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez respaldó por carta el Plan de Autonomía marroquí como la base «más seria, realista y creíble» para resolver el contencioso, un giro que marcó el fin de la posición tradicional de neutralidad española y que fue recibido con malestar por Argelia, que retiró temporalmente a su embajador en Madrid.
El marco jurídico de la ley se apoya en el Código Civil, que regula la adquisición de la nacionalidad por diferentes vías, y en la histórica condición de españoles de quienes nacieron en el Sáhara cuando era considerado provincia española. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido en distintas resoluciones que los saharauis nacidos bajo administración española no fueron técnicamente extranjeros, un argumento sobre el que se ha sustentado buena parte de la reclamación política y jurídica de estos años.
El precedente más citado es el de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007, que abrieron la vía a la nacionalidad para descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. También se invoca el modelo de los sefardíes, a quienes una ley de 2015 facilitó la nacionalidad como reparación por la expulsión de 1492, aunque con un plazo de solicitud ya cerrado.
Tras la votación en el Congreso, el texto debería seguir su tramitación conforme al procedimiento legislativo ordinario antes de su entrada en vigor y publicación en el Boletín Oficial del Estado, momento a partir del cual se abrirían los plazos y requisitos concretos para que los beneficiarios formalicen sus solicitudes. La reacción de Rabat, hasta ahora contenida en el silencio oficial, será uno de los factores que condicione la evolución de unas relaciones bilaterales especialmente sensibles a cualquier movimiento en torno al Sáhara Occidental.
